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Desde hace unas tres semanas, cuatro exfuncionarias comunales cesadas poco después de que asumiera la actual administración nacionalista de la Intendencia de Maldonado, se encuentran a la espera de que el jefe comunal se pronuncie sobre una situación que consideran, por lo menos, injusta. Las extrabajadoras son profesionales que, en su momento, concursaron para acceder a cargos que la IDM necesitaba cubrir. Todas ingresaron a la plantilla comunal legalmente y trabajaron por un tiempo, pero en diciembre 2015 el nuevo gobierno nacionalista les rescindió el contrato.

Así las cosas, el grupo decidió apelar la resolución, aunque no acudió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo sino a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y la Defensoría del Pueblo. La INDDHH se tomó su tiempo para indagar en el tema y alrededor del 10 de agosto pasado emitió una comunicación. La entidad consideró que la IDM debía retomar a las funcionarias cesadas y adecuar su política de recursos humanos a las normas vigentes.

Según el documento, divulgado resumidamente ayer por MaldonadoNoticias, las trabajadoras cesadas alegan que faltó transparencia para seleccionar a quienes serían despedidos. Asimismo, recordaron que no había razones para no renovar el contrato de personas que habían accedido a sus puestos por concurso y que tenían mejores calificaciones y más antigüedad que otros funcionarios que permanecieron trabajando en la Intendencia.

Una de las funcionarias despedidas, psicóloga de profesión, estaba embarazada cuando se dispuso su cese.

Designación directa

Las denunciantes aseguraron que sus puestos de trabajo “fueron ocupados por personas ingresadas por designación directa del intendente Enrique Antía, con parentesco y/o participación en la campaña proselitista percibiendo remuneraciones muy superiores”.

No obstante, la Intendencia dio respuesta a esos planteos alegando que su proceder estuvo amparado en la normativa vigente; el jefe comunal tiene la potestad de contratar o rescindir contratos cuando lo desee y adoptar las medidas que considere necesarias para apuntar a una racionalización administrativa.

La INDDHH, por su parte, estimó que “la Resolución 09041/2015 de fecha 15 de diciembre de 2015 de la Intendencia de Maldonado produjo una afectación del derecho al trabajo de los/as funcionarios/as cesados, ya que quienes se vieron alcanzados por dicha Resolución cesaron su vinculación laboral con el organismo denunciado”.

“Si bien es cierto que los/as funcionarios/as en cuestión no eran presupuestados ni inamovibles, dicho extremo no exime a la Administración de su deber (aún frente a supuestos actos discrecionales) de fundar toda decisión que afecte o vulnere derechos, en los principios de idoneidad, indispensabilidad y proporcionalidad”, indicó.

Por ello la INDDHH resolvió recomendar a la Intendencia de Maldonado que revise “los procedimientos que determinaron el cese de la relación funcional de las personas comprendidas en la resolución 09041/2015 adecuando sus actuaciones a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad”, abarcando además a las otras personas cesadas.

Asimismo, sugirió que se reparara “la vulneración de derechos de las personas denunciantes” y que se “proceda a la adecuación de la política pública de contratación y cese de funcionarios, incluso en los supuestos de actuación discrecional, adoptando criterios transparentes y confiables, en consonancia con las obligaciones de cualquier organismo del Estado Uruguayo, a nivel nacional o departamental”.

“Salud institucional”

Las cuatro cesadas están a la espera de la respuesta comunal. Su vocero, el doctor Horacio Bolani, señaló que aguardan que la IDM revoque su decisión de diciembre pasado y comentó que no han podido saber todavía por qué fueron despedidas.

El facultativo admitió que la INDDHH no tiene potestades para revocar actos administrativos, pero estimó que “es de salud institucional acceder a esta recomendación”. Si la comuna niega la recomendación las trabajadoras analizarán realizar demandas por otras vías judiciales.

Bolani defendió al exintendente Óscar de los Santos en un juicio que lo enfrentó a Enrique Antía hace diez años. Su cónyuge fue una de las trabajadoras cesadas.

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