La Fundación Lagunas Costeras intenta conservar la biodiversidad de diferentes lagunas del país, como la Laguna de Rocha, la Laguna Garzón y la Laguna de Castillos. Las tareas de conservación que se realizan desde la Fundación están focalizadas en aquellas áreas que están bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. En busca de seguir cumpliendo sus objetivos con respecto al medioambiente, los integrantes de la Fundación entregaron días atrás, a las autoridades del Parlamento, un documento donde plasman sus inquietudes y sugerencias con respecto al proyecto de Ley de Urgente Consideración. Y piden que se deje sin efecto todas las modificaciones al Sistema Nacional de Áreas Protegidas que se encuentran en el proyecto de ley.
La primera sugerencia de la Fundación es que, desde el gobierno, se tenga un concepto de ambiente amplio y se pide que no se olvide que el goce del ambiente es un derecho inherente a la personalidad humana. “En el mundo en el que vivimos, carecer de una visión holística del ambiente, donde todo se encuentra en interdependencia sería inapropiado” dice el texto.
También se recuerda que la materia ambiental requiere diversos instrumentos de gestión como políticas sectoriales y globales que trabajen de manera coordinada. “Se necesita y se aspira a una visión general en temas tan amplios como la Biodiversidad (al igual que el Cambio Climático), donde lo internacional sería lo deseable, lo regional una aspiración, y lo nacional lo mínimo e indispensable (la política ambiental requiere de una política nacional de Estado)” solicitan. Sobre esto, el equipo de la Fundación hace hincapié en que las cuestiones ambientales demandan un trabajo en equipo de diferentes instituciones.

Políticas ambientales
Desde Lagunas Costeras, entienden que algunos artículos de la LUC podrían ser modificados. Este es el caso de la parte final del artículo 475 que establece que la incorporación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas “…se hará en acuerdo con los Gobiernos Departamentales competentes, en cumplimiento de las disposiciones, instrumentos y principios de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible vigentes.” Desde la Fundación dicen que, si esto se aprobara, se estaría incumpliendo con el Artículo 47 de la Constitución de la República, donde se expresa que la protección del ambiente es de interés general. “Al dejar subordinado el ingreso de un territorio al SNAP a los intereses departamentales, se estaría sometiendo el interés general de la protección ambiental al interés departamental en diversas disciplinas (no solo la ambiental)”, dice el texto enviado al Parlamento.
Desde la organización remarcan la importancia de diferenciar las políticas ambientales y las políticas de ordenamiento territorial y dicen que disponer la política nacional de áreas protegidas en la órbita de los diferentes gobiernos departamentales sería “inapropiado” y “un retroceso grande para las áreas protegidas del Uruguay”. Pues cada intendencia “tiene un límite territorial acotado, no disponen de técnicos del Sistema Nacional de Áreas protegidas (ni en número ni en calidad), y están más expuestas a los intereses económicos particulares de su población y los ingresos a corto plazo”. Sobre esto, dijeron que la articulación y coordinación de los gobiernos departamentales es incuestionable y esencial.

Economía
Sobre los posibles cambios en la gestión de las áreas protegidas, la Fundación recordó en su texto que poner en riesgo estás áreas podría afectar a las ayudas económicas internacionales que Uruguay recibe para la conservación de las mismas, como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (de Naciones Unidas) o como el Fondo Francés del Medio Ambiente (del gobierno de Francia). “Suponemos que no solo el dinero que recibimos como Estado para destinarse a conservación podría revocarse o disminuirse, sino nuestra propia imagen de país natural, en un mundo que en su mayoría ya no tiene dudas respecto a la importancia del ambiente, y procura encauzarse hacia el Desarrollo Sustentable; recordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que conforman la agenda política de todos los países y empresas al día de hoy” remarca el texto.
Si se aprobaran los cambios de la Ley de Urgente Consideración sobre el Sistema de Áreas Protegidas “se estaría violando el principio general del derecho ambiental de no regresión” dicen desde la Fundación y agregan: “no podemos someter a futuro a nuestro país a condiciones menos óptimas en materia ambiental que las actuales, dado que significaría vulnerar derechos ambientales adquiridos por la ciudadanía, basados en el interés general reconocido en nuestra Constitución”.

1 COMENTARIO

  1. La Fundación de Lagunas costeras quiere tener la centralización en el gobierno central y restar importancia en ignorar totalmente a los gobiernos departamentales que conocen mucho más su territorio que el gobierno central . Argumentan que los gobiernos departamentales no tienen la capacidad técnica para resolver las situaciones y eso es un disparate quienes son ellos , hay varios técnicos en los departamentos del interior que tienen su capacidad probada y esto tiene mucho que ver con los manijasos del Sr. Nario ex director de Dinama que siempre estuvo en contra que los gobiernos departamentales resolvieran sobre su territorio.

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