Con el apoyo de 18 ediles, la Junta Departamental aprobó un pago de U$S 16 mil dólares a dos abogados que la estarían defendiendo ante la demanda de dos funcionarias. Según el edil Joaquín Garlo, que fundamentó su voto negativo, si perdía el juicio la Junta solo debía abonar $ 600.000 por lo que no se entiende la erogación. Por otra parte, el edil estimó que obviamente la Junta se había equivocado en su accionar, que fue dispuesto hace alrededor de dos años cuando el edil Rodrigo Blás era presidente del cuerpo.
El caso se tramitó en el expediente 543/2019, que no está a disposición del público en la página web del legislativo. Garlo narró a Correo de Punta que esas dos funcionarias realizaron un concurso para ascender y lo ganaron. Sin embargo, eso no se reflejó en el cobro de su salario como esperaban, por lo que ambas elevaron un reclamo al titular del cuerpo. Como no tuvieron éxito, decidieron apelar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), el organismo encargado de impartir justicia en estos asuntos. El TCA estudió el asunto y dio la razón al reclamo que, a su vez la Junta decidió apelar. Para ello contrató a un abogado montevideano en U$S 12.000 y luego a otro por U$S 4.000.

“Por un capricho”
Según Garlo, el expediente que habilitó el pago de estos horarios no fue divulgado en el plenario, por lo que la mayoría de los ediles no se enteraron de su contenido. El edil Garlo sí se puso al tanto y decidió negar su aprobación.
“Una vez más no vamos a votar un expediente que pasa directo por la Mesa, que dispone la contratación de un nuevo profesional del Derecho por parte de la Junta Departamental, esta vez por la suma de U$S4.000”, dijo al momento de la votación, el pasado martes 5. A su juicio, la contratación se realizó “por un capricho de algunos respecto a un proceso que se encuentra en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”. “No solamente se contrata a este profesional por U$S4.000; ya se contrató a otro ‒hace unos pocos meses‒ por U$S12.000, o sea que este proceso le va llevando a la Junta, hasta el momento, solamente en contrataciones de profesionales, U$S16.000. ¿Y sabe una cosa, presidente? Las excepciones que planteó la Junta respecto al proceso por parte de ese profesional que cobró U$S12.000 hace unos meses, hace unos pocos días el Procurador en lo Contencioso Administrativo aconsejó en dictamen Nº 587 de 2019 rechazar las excepciones interpuestas por la Junta y declarar que se han cumplido satisfactoriamente los requisitos de admisibilidad por parte de las funcionarias reclamantes”, afirmó.
“O sea, la Junta está gastando más de U$S16.000 en este proceso cuando lo que se les debe a las funcionarias es muchísimo menos. Esto es un capricho del Partido Nacional; en vez de acordar con estas funcionarias saldar este conflicto ‒en el cual nosotros estamos convencidos de que les asiste la razón‒, la Junta gasta plata que no tiene, porque tiene que andar haciendo transposiciones de rubros, como lo hemos visto, porque el intendente Antía reclama austeridad al gobierno departamental, Lacalle Pou reclama austeridad al estado ¿y la Junta gasta U$S16.000 en contratar abogados por un juicio prácticamente perdido? Es ridículo, presidenta”, señaló.
“Nosotros estamos preocupados por la mala gestión que está haciendo el Partido Nacional de los dineros de esta Junta. Estamos muy preocupados, de verdad, porque por un lado dicen una cosa, pero por otro hacen otra. U$S16.000 solamente en abogados externos al cuerpo, cuando, además, la Junta tiene un profesional, como es el Doctor Loinaz, que entre sus funciones (tiene) la de comparecer en este tipo de procesos y asesorar al Cuerpo en la materia. Es ridículo, presidenta: U$S16.000…; después reclaman austeridad. Nosotros no podemos votar esto”, concluyó. Correo de Punta del Este intentó ayer comunicarse con la titular del legislativo comunal pero no contestó el teléfono.

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