Los directivos de las gremiales del sector inmobiliario de Maldonado, Rocha, Canelones y Colonia solicitaron una entrevista al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, a quien desean plantear una serie de dificultades que atraviesa el sector. Hace apenas unos días, los empresarios ya habían lanzado un alerta por la grave situación que atraviesan y ahora afirman que a pesar de que han ingresado más turistas al país, solo captan una ínfima parte de las operaciones que se realizan en el mercado. Actualmente están sumergidos en un “lodazal” y no aparece “una tabla salvadora” que los salve de la ruina.
“Nunca realizamos una manifestación, ni una pintada de muros, siempre se apostó al diálogo, y tal vez por eso, nunca se nos ha tomado en cuenta”, señalaron.
La pasada semana, la propia ministra de Turismo, Liliam Kechichian, había asegurado que en enero hubo un crecimiento de 20% de turistas en relación al año anterior. En lo que refiere al ingreso de divisas, dijo que se superaron los US$ 498 millones —45% más que en 2016. Por eso aseguró que el primer mes del año fue “realmente extraordinario”.
Por su parte, Jorge Díaz, el presidente de la Cámara de Inmobiliarias de Maldonado y Punta del Este, dijo que el sector tuvo “la peor temporada” desde que tiene memoria y aclaró que está en el rubro desde hace cuatro décadas. Díaz aseguró que en 2015 el 19% de las viviendas puntaesteñas eran manejadas por las inmobiliarias. Ahora, con la irrupción de las plataformas tecnológicas, sólo alquilan el 4% del mercado.
Empleos
Díaz recordó que el sector da empleo a unas 30 mil personas y manifestó especial fastidio por la “competencia desleal”. Las intermediaciones tecnológicas, conocidas como “economías colaborativas”, funcionan “sin carga fiscal”. En tanto, las inmobiliarias cobran un 20% de comisión pero los empresarios solo retienen el 5%. El resto se vuelca al Estado.
El diario El País informó ayer que el mercado formal del alojamiento aporta al Estado unos US$ 11 millones por mes, solo por concepto de IVA e IRAE (la cifra incluye a los restaurantes por la categorización que hace la DGI). Un hotel tributa 25% por IRAE y 10% de IVA a los huéspedes residentes en verano. Está exonerado de este impuesto para los “no residentes” porque, a nivel conceptual, es un “servicio de exportación”.
La plataforma Airbnb solo retiene entre 6% y 12% como comisión, por lo sus precios finales son más económicos para el usuario
La carga tributaria, de todas formas, no es la única contra que los hoteleros encuentran en las plataformas tecnológicas. Según Juan Martínez, presidente de la Cámara de Turismo, los hoteles pagan la limpieza de tanques de agua y la tasa bromatológica ante las intendencias departamentales. “Es una garantía para el cliente, usted sabe que en un hotel la comida está controlada”, destacó.
Además, recordó que los hoteles deben reportar su población flotante a Interpol, un mecanismo que ayuda a detectar casos de tráfico de personas. Sin embargo, desde la Policía aclaran que no se han registrado incidentes por el uso de Airbnb u otra tecnología similar.
Como sucede con Uber, aunque con menos publicidad, los negocios “perjudicados” buscan una regulación. No es que se opongan a la tecnología, aclara Julio Facal, asesor legal de la Cámara de Turismo, sino que desean que haya un registro ante el Ministerio de Turismo.
Según el empresario inmobiliario Díaz, el registro implica la posibilidad de controlar. “Cuando un huésped o un anfitrión tiene un problema, hay una inmobiliaria que se hace cargo. ¿Quién responde en el otro caso?”. Al respecto, desde la oficina para América Latina de Airbnb se aclara que hay un equipo de 250 funcionarios dedicados a “solucionar los problemas” de seguridad que puedan surgir y que existe “un seguro para los anfitriones de un millón de dólares”.
In crescendo
Como Airbnb no es la única plataforma tecnológica y es evidente que el contacto directo por Internet seguirá creciendo, el Parlamento tiene a estudio una batería de proyectos de ley sobre el asunto.
Una regulación general, que incluye la inscripción en el Banco Central, y que está “más basada en el transporte”, fue aprobada en Diputados y ahora pasó al Senado. En tanto, la comisión de Turismo de la Cámara Baja tiene a estudio un texto sobre la creación de una fiscalía informática. En tanto, la Cámara de Economía Digital envió una propuesta para que se declare a la “economía colaborativa” como un asunto de interés nacional.
Detrás de esta iniciativa está la idea de que un emprendimiento nuevo supone la generación de empleo y dinamiza la economía. Esta mirada tira por la borda la visión catastrófica de las “plataformas colaborativas”, esa que sostiene que “están montadas para destruir puestos de trabajo”
