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Por Pablo Mieres

Cuando se aprobó el Presupuesto para el período de gobierno 2010-2015 las nuevas autoridades proyectaron que el resultado fiscal a fines de 2014 se situaría en un nivel de déficit equivalente al 0.8% del PBI. Hoy con el paso del tiempo, la cifra suena ridícula a la luz del 3.5% de déficit fiscal con el que cerró el año 2014. Cuatro veces y media más de lo comprometido por el gobierno de Mujica al comenzar el mandato.

Entre paréntesis, me hizo acordar a los proyectos de inversión de ANCAP que estamos investigando en el Parlamento. Todas las previsiones de inversión en nuevas obras de ANCAP se multiplicaron por dos, por tres o hasta por cuatro; cientos de millones de dólares más de los previstos inicialmente, en todas y cada una de las obras proyectadas.

Pues bien, ¿es que ocurrió algo en el país durante el gobierno de Mujica que alteró el cumplimiento de las metas propuestas en materia de déficit fiscal? ¿enfrentó el país alguna calamidad o una situación de crisis económica inesperada? Nada. Todo lo contrario, tuvimos un quinquenio como nunca en la historia de nuestro país. Las tasas de crecimiento de nuestra economía alcanzaron niveles históricos. Hubo ingresos tributarios como nunca. Sin embargo, el déficit se disparó enloquecidamente hasta alcanzar un nivel de dudosa sostenibilidad.

Ahora que la fiesta del despilfarro terminó, el gobierno procura diseñar un presupuesto más austero y controlado. Confieso que cuando uno escucha la danza de millones de dólares que se gastaron en ANCAP por mala administración y falta de control, o las enormes cuentas publicitarias de las empresas públicas en estos años y luego ve las restricciones ineludibles para responder a las demandas salariales de los docentes, siente una creciente indignación.

Pero lo cierto es que cuando se pudo generar el ahorro, el gobierno se desbocó y, ahora, tenemos un déficit fiscal que aumenta aún más las restricciones a las que surgen de las graves condicionantes negativas del marco económico mundial y, particularmente, regional.

Pero la epidemia del malgasto y el despilfarro no aquejó solo al gobierno nacional y a las empresas públicas. Los gobiernos departamentales, de todos los colores, son otro ejemplo de desprecio por el manejo responsable de los recursos públicos.

En efecto, gobiernos departamentales blancos, frenteamplistas y colorados, son pésimo ejemplo del uso y abuso de esos recursos. Escándalos más visibles particularmente en los Departamentos donde se produjo cambio de partidos en el gobierno, pero escándalos con menos ruido en aquellos donde es el mismo partido el que renovó mandato. Sólo son excepcionales los casos en los que puede señalarse un resultado razonable.

Hace años que bregamos por el establecimiento de normas legislativas que marquen límites al gasto público, aprobar la famosa regla fiscal que poseen muchos de los países más avanzados. Nuevamente reivindicamos la necesidad de aprobar una ley que obligue y limite la discrecionalidad de los gobiernos, tanto nacional como departamentales, a efectos de que se cumplan ciertos criterios de buena administración.

Sería muy oportuno y necesario que, de una vez por todas, se aprobara una norma que establezca la regla fiscal para el gobierno nacional a efectos de que este tenga prohibido superar ciertos niveles de déficit o de endeudamiento.

A su vez, también se debería establecer una norma que establezca como condición para la asistencia del gobierno central a los gobiernos departamentales, que estos no superen ciertos niveles de déficit en su ejecución presupuestal.

Tampoco se ha querido incorporar otros mecanismos para controlar la calidad del gasto público, como el establecimiento de los compromisos de gestión y un sistema de monitoreo permanente del cumplimiento con ciertos indicadores de resultados en las diferentes oficinas del Estado.

Sería justo establecer estos límites, porque resulta a todas luces vergonzoso, que mientras el sector privado debe ajustarse y mantener disciplina en su gestión para poder subsistir, en el sector público se instala un “vale todo” que termina, como siempre, con la triste realidad de que somos todos los uruguayos los que pagamos la cuenta del malgasto del Estado.

 

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