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El resumen de la auditoría realizada en la comuna por la empresa Phoenix Auditores Ltda. concluyó con la recomendación de realizar algunas investigaciones administrativas y varias denuncias a la justicia penal y civil. En todos los casos, la consultora dio cuenta del hallazgo de presuntas irregularidades.

Uno de los casos tiene que ver con la contratación de la asociación civil Procentro; otro con pagos realizados a vecinos de La Capuera y otro con la adquisición de un padrón ubicado al norte del cerro Pelado.

En lo que refiere a la relación IDM-Procentro, los auditores señalaron lo siguiente: “Atento a lo evidenciado por la Auditoría, se entiende que ante la posibilidad de la ocurrencia (sic) de irregularidades que pueden configurar delito en la conducta del presidente de dicha Asociación quien revestiría en el transcurso de  la contratación la calidad de Edil Departamental (art.291 de la Constitución), amén de las irregularidades financieras que se describen, entre otras por la falta de contratación transparente siguiendo los procedimientos del TOCAF, sin efectuarse los controles preventivos respectivos, así como que indirectamente se contratan funcionarios debiéndose hacer cargo la Intendencia del pago de los despidos y beneficios sociales de rigor, no pudiendo cuantificarse al momento, se dispuso el dictado de Acto administrativo que ordena la radicación de la correspondiente denuncia penal”, señaló el documento.

En tanto, un “informe reservado” presentado al final del escrito recomendó la realización de otras denuncias. “Respecto a las irregularidades advertidas por dicha Auditoría en la adquisición de un bien inmueble rural de la primera Sección Judicial de Maldonado al Norte de Cerro Pelado, considerando que dicha Auditoría llega a la Conclusión de que en la misma se avizoran ‘señales, condiciones o síntomas de estar frente a la posibilidad de la existencia de actos ilegales para obtener beneficios, evitar pagos o asegurar ventajas personales o de negocio’; se ha dictado el Acto administrativo que permite denunciar y poner en conocimiento de la Sede Penal competente los hechos relacionados por la Auditoría Externa”, indicó la empresa.

 “Perjudicada”

En segundo término, la firma consignó que “en el caso del procedimiento llevado a cabo en relación a la zona de La Capuera, y teniéndose presentes las apreciaciones que la Auditoría Externa efectúa, ha correspondido el dictado de la Resolución que ordena radicar la correspondiente denuncia penal, máxime cuando del informe relacionado surgen irregularidades tales como la expedición de ‘documentos públicos falsos’, diferencias en las tasaciones de los padrones objeto de dación en pago en detrimento de la Administración, tasaciones éstas que de acuerdo a lo informado por dicha Auditoría no han podido ser ubicadas, así como las apreciaciones a las que llega la Auditoría estableciendo que las irregularidades constatadas en dicho procedimiento ‘configuran indicios de engaño económico con la intención de conseguir un beneficio, y con el cual la IDM queda perjudicada.”

En tercer lugar, la empresa señaló que “del análisis de las actuaciones referentes a las Terminales de Ómnibus, desde la Auditoría se concluye en la posibilidad de ocurrencia de conductas delictivas, además de las faltas administrativas que se desprenden de los hechos relevados por la misma, como violación del deber de buena administración financiera (art. 23 Decreto 30/2003) así como también presuntamente al art.291 de la Constitución; dado todo al que existir un convenio firmado entre la Intendencia de Maldonado y el Grupo administrador privado en el que éste debe abonar un canon por el uso de las Terminales de Ómnibus de US$S8.080.-mensuales más un complemento de U$S12.116.- y la suma de U$1.211,93.- por diversos conceptos, no surge de la contabilidad de la Intendencia ingreso alguno, que el responsable de la Comisión Administradora además de titular del estudio contable que lleva la contabilidad de la misma al mismo tiempo habría sido Edil y Presidente de la Junta Departamental, con ausencia de actividades de control por parte de la Intendencia no evidenciándose acciones por parte de la misma para exigir lo convenido frente a incumplimientos ya sea financieros como el pago del canon y/o prestación de un buen servicio y mantenimiento físico de los establecimientos, además de que las Rendiciones de Cuentas no cumplen con los requisitos que permitan asegurar que la información contenida sea veraz e íntegra no contando con lo recaudado ni en lo que se gastó, refiriéndose solamente a arreglos básicos. Se afirma que el referido ‘Toque de andén’ no fue vertido el que se estima en U$S1.500.000.- así como los montos de alquileres de locales por los que se habría recaudado aproximadamente U$S 692.000, anuales al igual que otros rubros que no pueden calcularse. En esos méritos, se ha procedido al dictado de la Resolución que permite radicar la correspondiente denuncia penal por los eventuales ilícitos penales en que se pudo haber incurrido”, indicó el resumen.

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