La audiencia prevista para  la tarde de hoy a causa de la demanda radicada por los ediles Leonardo Delgado y Fermín de los Santos contra la IDM por acceso a la información pública se suspendió. La Intendencia la detuvo merced a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, cuyos detalles no se dieron a conocer. Correo de Punta del Este intentó contactarse con la directora de Asuntos Legales de la comuna, Adriana Graziuso pero no lo logró.

Esta no es la primera vez que ediles frenteamplistas apelan a la justicia para acceder a información que se les niega por otras vías. En este caso están reclamando “la entrega de la información que la Intendencia de Maldonado viene negando desde diciembre y enero pasados”, cuando se presentaron 17 pedidos de informes.

En algún caso, los ediles apelaron a la Ley de Acceso a Información Pública, aprobada en 2008, pero la doctora Graziuso les negó la posibilidad de usar esa herramienta por su condición de legisladores departamentales. Eso los obligó a pedir el veredicto de otras organizaciones gubernamentales y jurídicas. Ahora la IDM interpuso un recurso de inconstitucionalidad.

Los legisladores están pidiendo datos sobre la gestión de tres direcciones generales: Administración y Recursos Humanos, Integración y Desarrollo Social y Hacienda. Por ejemplo, detalles relativos a “situaciones funcionales, ingresos a la administración, créditos presupuestales, sanciones, recaudación departamental, ampliación de información de Rendiciones de Cuentas y la gestión de Centros de Atención Infantil de Verano.

“Consagrado por la ley”

La actitud comunal generó un comentario del ex jefe comunal, Óscar de los Santos, que consideró que la falta de información y transparencia constituye “un agujero blanco” de la administración nacionalista.

“Hoy el intendente de Maldonado Enrique Antia debía ir a la Justicia ante el planteo de los ediles Leonardo Delgado y Fermín De los Santos quienes solicitaron acceso a la información sobre 18 pedidos de informes que la Intendencia se niega a contestar. (…) No es que solicite más tiempo o que esté juntando la información; dice que la misma es secreta y que no la tiene que otorgar”, lamentó.
“El derecho a la información está consagrado por ley y, dentro del marco normativo, las intendencias tienen la obligación de contestar los pedidos de informes; si así no lo hicieran, los curules tienen el derecho como cualquier ciudadano, de acceder a través de la ley sobre transparencia y acceso a la Información”, comentó.
De los Santos se preguntó: “¿Porqué la compra de las cámaras se hizo sin licitación, con un costo de 20 millones de dólares cuando el gobierno nacional compró 3 veces más de cámaras por el mismo monto? ¿por qué el Intendente Antia tiene necesidad de esconder información?”.
“Además del tema de las cámaras, se debe saber cuánta gente ingresó a la Intendencia, cuántos cargos de confianza y ascensos indirectos se han dado; ¿por qué tenemos que pagar más de 3 millones de dólares por eso? ¿por qué mientras gente que no tiene trabajo, ve como ingresan a la Intendencia amigos y familiares de quienes gobiernan el departamento, convirtiendo a ciudadanos en individuos de primera y segunda? ¿por qué subió el boleto en más de  un 40 % y nadie explica cuáles son los motivos, cuando no aumentó ni cerca el combustible, salario, ni el dólar?”, inquirió.

“Oscuridad, ocultamiento”
El diputado estimó que “hablar de transparencia es también poner luz y buscar respuestas, al igual que los cambios que éste gobierno debe hacer para no seguir dilapidando recursos que pagamos todos en favor de sus correligionarios. Hoy los compañeros ediles logran dar un paso en la Justicia; ante esto la Intendencia presentó un recurso de inconstitucionalidad, y las actuaciones han pasado a la suprema corte, por lo que la audiencia que debería realizarse en el día de hoy se suspendió”, señaló.
“Esta acción no evitará que la gente de Maldonado haga uso de su derecho de acceso a la información pública y de saber cómo se administran los bienes de todos; aún no es demasiado tarde para reclamar y cambiar esta orientación; evitemos tener que escuchar en próximas campañas discursos monocordes de todos aquellos que aparentarán haber estado en otro lugar, mientras dejan hacer; por omisión, asistencia o complicidad. Secretismo, oscuridad, ocultamiento: esto es lo que hace el Partido Nacional en Maldonado. No podrán esconder por siempre la información que no entregan; confiamos en la justicia y con paciencia esperaremos la resolución de la Suprema Corte”, concluyó el diputado.

 

Lo que dice la Constitución

Artículo 284. Todo miembro de la Junta Departamental puede pedir al Intendente los datos e informes que estime necesarios para llenar su cometido. El pedido será formulado por escrito y por intermedio del Presidente de la Junta Departamental, el que lo remitirá de inmediato al Intendente. Si éste no facilitara los informes dentro del plazo de veinte días, el miembro de la Junta Departamental podrá solicitarlos por intermedio de la misma.

 

Artículo 285.La Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus miembros, de hacer venir a su Sala al Intendente para pedirle y recibir los informes que estime convenientes ya sea con fines legislativos o de contralor. El Intendente podrá hacerse acompañar con los funcionarios de sus dependencias que estime necesarios, o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la repartición respectiva salvo cuando el llamado a Sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2° del artículo anterior.

 

Artículo 286. La Junta Departamental podrá nombrar comisiones de investigación para suministrar datos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones, quedando obligados el Intendente y las oficinas de su dependencia, a facilitar los datos solicitados.

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