dolares

La “Secretaría Nacional Antilavado de activos” asumirá a partir del próximo 1º de enero de 2016 un control más efectivo en la materia con personal preparado de otras reparticiones estatales como la DGI. Esto ocurrirá a partir que el Poder Ejecutivo promulgue la ley de presupuestos de sueldos, gastos e inversión para el actual quinquenio. Hasta el momento la investigación de este tipo de actividades ilegales corre por cuenta de la Auditoría General de la Nación.

“Lo que se vio hasta el momento es que la AGN tenía muchas actividades y no tenía tiempo para controlar, sobre todo, al sector inmobiliario uno de los principales al que el gobierno tiene en la mira”, explicó el experto Diego Baldomir durante una exposición de la firma Guyer y Regules realizada este martes en Punta del Este.

Baldomir recordó que en el ejercicio 2014 el sector inmobiliario emitió un solo reporte de operación sospechosa, conocido por sus siglas ROS. “Esto resulta algo sin sentido”, indicó

“Con este cambio lo que se viene es un control muchísimo mayor al que existe hoy día. Esto implica que la Secretaría de Lavado, cuando hoy día no tiene mucho personal, contará con más funcionarios de la DGI y de la Auditoría de la Nación que pasarán en comisión a esta repartición. Estos funcionarios harán las inspecciones. ¿Por qué? Son funcionarios públicos que están habituados a este tipo de tarea. Con estos funcionarios la Secretaría de Lavado llevará adelante un control mucho más estricto de los sujetos obligados  no sujetos al control del Banco Central del Uruguay”, advirtió Baldomir. “Disculpen si les doy malas noticias pero esto es lo que va a pasar una vez sancionada la ley de presupuesto”, bromeó Baldomir ante los inmobiliarios presentes en el encuentro.

“¿Por qué? Hay estudios de algunos años que establecen que el lavado de activos en un treinta por ciento se hace con la compraventa de inmuebles. Es un porcentaje muy grande. Por lo tanto se puso en la mira a las operaciones con inmuebles. Es por eso que también se obligó a los escribanos a informar”, agregó.

Baldomir recomendó a los empresarios sujetos a este tipo de control un manual de protocolo para actuar en la materia. “Para cualquier controlador inspeccionar a una inmobiliaria que no haya cumplido con las normas, lo cual implica tener un manual de procedimiento y políticas, tener un formulario de conocimiento del cliente, tener los reportes de cada cliente que ha venido al negocio completo y con todos los datos, para el supervisor es una falta importante”, advirtió.

“Más aún si llega a estar involucrada en una maniobra de lavado de dinero, no contar con estos instrumentos es todavía peor. Hay que cumplir con las normas”, insistió.

 

GAFI en el 2019

Baldomir anunció que en el año 2019 el Uruguay será objeto de una inspección del Grupo de Acción Financiera Internacional, conocida por sus siglas GAFI.

“El GAFI va a poner hincapié es no solo lo que tiene que ver la normativa, donde Uruguay está muy bien posicionado porque es uno de los países más cumplidores del mundo, sino también en la supervisión de esas normas por parte de las autoridades respectivas. Es que esas normas existan y se apliquen por todos. Es uno de los principales puntos que tendrá la inspección de GAFI es como el gobierno está supervisando a todos los sujetos obligados. Por eso es que el gobierno pondrá su mira en todos aquellos que no están supervisados por el BCU. Van a comenzar a realizar inspecciones para que todos, al menos, cuenten con los mecanismos que exige la ley al respecto”, añadió.

 

Más cambios

Baldomir recordó que hasta el momento cuando se constata una falta por parte de la empresa la sanción se aplica previa consulta a la Unidad de Análisis Financiero del BCU. “¿Por qué? Porque la Auditoria Interna de la Nación nunca había sancionado a nadie. En cambio, el BCU sí porque tiene mucho más experiencia en el tema. Entonces la opinión previa del BCU para sancionar a alguien era algo lógico.  Esto no sé si fue porque alguien al tipear la norma se olvidó de la última parte o se hizo a propósito para darle más autonomía a la Secretaría de Prevención de lavado”, explicó.

 

 Normativa en el proyecto de presupuesto

Artículo 42.- Créase la “Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo” como órgano desconcentrado dependiente directamente de la Presidencia de la República, la que actuará con autonomía técnica.  La misma sustituirá en todo a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos creada por Decreto Nº 239/009, de 20 de mayo de 2009, por lo que toda mención hecha a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos deberá entenderse hecha a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo mantendrá los cometidos asignados a la Secretaría Nacional Antilavado de Activos, además de los siguientes:

1) Coordinar la ejecución de las políticas nacionales en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en coordinación con los distintos organismos involucrados.

2) Coordinar y ejecutar, en forma permanente, los programas de capacitación definidos por la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo destinados a:

  1. A) Personal de las entidades bancarias públicas y privadas y demás instituciones o empresas comprendidas en los artículos 1º de la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada por la Ley Nº 18.494, de 5 de junio de 2009, y 2º de la Ley Nº 17.835, en la redacción dada por el artículo 43 de la presente ley. – 23 –
  2. B) Los operadores del derecho en materia de prevención y represión de las actividades previstas en la ley mencionada en el literal anterior (Jueces, Actuarios y otros funcionarios del Poder Judicial, Fiscales y Asesores del Ministerio Público y Fiscal).
  3. C) Los funcionarios de los Ministerios del Interior, de Defensa Nacional, de Economía y Finanzas y de Relaciones Exteriores.  La capacitación podrá hacerse extensiva a los funcionarios de todas las entidades públicas o privadas relacionadas con la temática del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

3) El control del cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo por parte de los sujetos obligados por el artículo 2º de la Ley Nº 17.835, en la redacción dada por el artículo 43 de la presente ley. A tales efectos el órgano de control dispondrá de las más amplias facultades de investigación y fiscalización, y especialmente podrá:

  1. A) Exigir a los sujetos obligados por el artículo 2º de la Ley Nº 17.835, en la redacción dada por el artículo 43 de la presente ley, la exhibición de todo tipo de documentos, propios y ajenos, y requerir su comparecencia ante la autoridad administrativa para proporcionar informaciones. La no comparecencia a más de dos citaciones consecutivas aparejará la aplicación de una multa de acuerdo con la escala establecida por dicho artículo.
  2. B) Practicar inspecciones en bienes muebles o inmuebles detentados u ocupados, a cualquier título, por los sujetos obligados. Sólo podrán inspeccionarse domicilios particulares con previa orden judicial de allanamiento.

A todos los efectos se entenderá como domicilio válido del sujeto obligado el constituido por el mismo ante la Dirección General Impositiva. En caso de sujetos obligados no inscriptos en la Dirección General Impositiva se estará al domicilio que se proporcione por la Jefatura de Policía Departamental que corresponda.

Deróganse todas las normas que en virtud del artículo 2º la Ley Nº 17.835, en la redacción dada por la Ley Nº 18.494, hayan encomendado cometidos a cualquier otro organismo del Estado. – 24 –

4) Suscribir convenios con entidades nacionales e internacionales, para el cumplimiento de sus cometidos, a cuyo efecto recabará previamente la conformidad de la Presidencia de la República.  La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo estará a cargo de un Secretario Nacional, quien diseñará las líneas generales de acción para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. El mismo será designado por el Presidente de la República, debiendo ser persona de reconocida competencia en la materia.  El Secretario Nacional tendrá las siguientes atribuciones:  A) Convocar a la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

  1. B) Supervisar, coordinar y evaluar la ejecución de las actividades de apoyo técnico y administrativo necesarias para el funcionamiento de dicha Comisión Coordinadora.
  2. C) Comunicarse y requerir información de todas las dependencias del Estado para el mejor cumplimiento de los cometidos de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Las dependencias del Poder Ejecutivo deberán brindar toda la información solicitada en el plazo más breve posible.  Los entes autónomos y servicios descentralizados colaborarán con las solicitudes formuladas.
  3. D) Promover y coordinar las acciones referidas al problema de lavado de activos y delitos económico-financieros relacionados y el financiamiento del terrorismo.
  4. E) Implementar las actividades de capacitación en la materia, coordinando programas y convocatorias con el Poder Judicial, los Ministerios de Economía y Finanzas, de Defensa Nacional, del Interior y de Relaciones Exteriores, el Ministerio Público y Fiscal y demás organismos y entidades públicas y privadas que corresponda.
  5. F) Promover la realización periódica de eventos que posibiliten la coordinación de acciones y la unificación de criterios entre las distintas instituciones públicas y privadas involucradas en la temática del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  6. G) Actuar como Coordinador Nacional ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y asumir la representación del país ante el Grupo de Expertos en Lavado de Activos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas de la Organización de Estados Americanos y demás organismos especializados en la materia.
  7. H) Procurar la obtención de la cooperación necesaria para el mejor cumplimiento de los cometidos de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en materia de capacitación y difusión, coordinando acciones a estos efectos con organismos y entidades nacionales e internacionales.

Artículo 43.- Sustitúyese el artículo 2º de la Ley Nº 17.835, de 23 de setiembre de 2004, en la redacción dada por el artículo 1º de Ley Nº 18.494, de 5 de junio de 2009, por el siguiente:

“ARTÍCULO 2º.- Con las mismas condiciones también estarán sujetos a la obligación establecida en el artículo anterior:  I) Los casinos.  II) Las inmobiliarias, promotores inmobiliarios, empresas constructoras y otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles. III) Los escribanos, cuando lleven a cabo operaciones para su cliente, relacionadas con las actividades siguientes:  A) Compraventa de bienes inmuebles.  B) Administración del dinero, valores u otros activos del cliente.  C) Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores.  D) Organización de aportes para la creación, operación o administración de sociedades.  E) Creación, operación o administración de personas jurídicas u otros institutos jurídicos.  F) Compraventa de establecimientos comerciales.  IV) Los rematadores.

  1. V) Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compra y la venta de antigüedades, obras de arte y metales y piedras preciosos.  VI) Los explotadores y usuarios directos de zonas francas, con respecto a los usos y actividades que determine la reglamentación.  VII) Las personas físicas o jurídicas que a nombre y por cuenta de terceros realicen transacciones o administren en forma habitual sociedades comerciales.

Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer, por vía reglamentaria, los requisitos que deberán cumplir estos sujetos obligados, para el registro de transacciones, el mantenimiento de los respectivos asientos y la debida identificación de los clientes. Cuando los sujetos obligados participen en un organismo gremial que por el número de sus integrantes represente significativamente a la profesión u oficio de que se trate, el organismo de control en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo podrá coordinar con dichas entidades la mejor manera de instrumentar el cumplimiento por parte de los agremiados o asociados de sus obligaciones en la materia. Si no existieran dichas entidades, el órgano de control podrá crear comisiones interinstitucionales cuya integración, competencia y funcionamiento serán establecidos por la reglamentación.

El incumplimiento de las obligaciones previstas para los sujetos obligados por el presente artículo determinará la aplicación de sanciones por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.  Dichas sanciones se aplicarán apreciando la entidad de la infracción y los antecedentes del infractor, y consistirán en apercibimiento, observación, multa o suspensión del sujeto obligado cuando corresponda, en forma temporaria, o con previa autorización judicial, en forma definitiva. Las suspensiones temporarias no podrán superar el límite de tres meses.  El monto de las multas se graduará entre un mínimo de 1.000 UI (mil unidades indexadas) y un máximo de 20.000.000 UI (veinte millones de unidades indexadas) según las circunstancias del caso, la conducta y el volumen de negocios habituales del infractor”.

Artículo 44.- Agrégase al artículo 292 de la Ley Nº 18.719, de 27 de diciembre de 2010, el siguiente inciso: “Exceptúanse de la prohibición prevista en el inciso segundo del presente artículo a los funcionarios de la Dirección General Impositiva que pasen a desempeñar tareas en comisión a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Dichos funcionarios mantendrán las retribuciones que por todo concepto perciban en la unidad ejecutora de origen, incluida la partida por dedicación exclusiva, y siendo de aplicación las mismas exigencias y limitaciones que en la oficina de origen”.

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