El edil del Partido Nacional, José L. Rapetti presentó en la Junta Departamental un proyecto de ley sobre “Normas generales de Infracciones y Sanciones”. Se trata del Expediente 345/2020 que está a estudio de la Comisión de Legislación.
Según expone el texto, se debe ajustar la normativa departamental en cuanto a la concepción de norma penal. “Es conveniente que la estructura de norma administrativa punitiva Departamental tenga la de la norma de Derecho Penal”, dice el documento, en el que se agrega que es necesaria “la asimilación a la ley penal para saber con justicia cuando se está ante una infracción que acarrea una sanción. De ese modo se evita la arbitrariedad a la que puede llegarse con disposiciones dispersas, sea material o formalmente en el ordenamiento jurídico que se trate. Cuanto más homogéneo sea el cuerpo normativo, en mayor medida se resguardará la equidad en materia tan delicada como sancionar a los sujetos de derecho, que en definitiva son los ciudadanos”.
En este sentido, el proyecto hace hincapié en que la responsabilidad de las infracciones no es trasladable, como pasa muchas veces en materia de tránsito. “Esa sanción que se pretende aplicar a personas que no cometieron ninguna infracción, y que por el solo hecho de haber sido propietario de un vehículo con el cual otra persona comete una infracción, es en primer lugar una grave injusticia, y luego hace pasible a la Administración de una responsabilidad por lesión de derechos fundamentales de los individuos. A tal extremo se ha llegado, que si una persona enajenó un vehículo y no se realizó la documentación notarial necesaria, y el adquirente comete una infracción, por ejemplo viola la norma sobre ingesta de alcohol, le pretenden cobrar la multa o afectarle su licencia de conducir a quien figuraba como titular en la Intendencia. O también, como ha ocurrido con normas que sostienen que el deudor es el vehículo, cuando la sanción pecuniaria no es un gravamen real”, sostiene el documento del edil.
Una de las novedades del proyecto es la propuesta de creación de un Tribunal de Infracciones Departamental, para analizar los casos dudosos de infracciones o aquellos en los que el supuesto infractor niegue su participación. El proyecto establece que este tribunal deberá estar conformado por profesionales del Derecho, sugeridos al Intendente por la Dirección General de Asuntos Legales.

Proyecto

A continuación, se presentan los artículos del proyecto redactado por el edil:

SECCIÓN I –
Art. 1- Las sanciones derivadas de infracciones de la vía administrativa Departamental, no excluyen las sanciones que puedan corresponder a autoridades competentes por las vías tributaria y la penal ordinaria.
Art. 2- La Administración Departamental solo puede aplicar una sanción por cada infracción cometida por un sujeto de derecho.
En caso que para una misma infracción haya normativa departamental que prevea más de una sanción, aunque sea de distinta naturaleza, la Administración deberá discernir cuál de ellas aplicará teniendo en cuenta la entidad del ilícito cometido.
En el sistema administrativo punitivo Departamental de Maldonado, la sanción no es un objetivo en sí mismo, sino un medio de asegurar el cumplimiento de las normas y por el sujeto de derecho responsable
Art. 3 – En el régimen administrativo Departamental de Maldonado, no hay infracción, no hay sanción sin una previa norma de carácter general o sea Decreto Departamental que lo establezca.
Así mismo la infracción constatada y la sanción que le corresponda, deberá ser conocida fehacientemente por el sujeto de derecho presuntamente infractor. La Administración deberá ser quien tenga la carga de hacer saber a la persona física o jurídica, de la infracción a una norma departamental que se le impute haberla violado y su derecho a la defensa.
Art. 4 – La responsabilidad en toda infracción es de carácter personal. Son aplicables las normas del Derecho Civil sobre responsabilidad de los sujetos de derecho.
De conformidad con el inciso precedente los bienes, salvo aquellos que soportan acciones reales por disposiciones de la legislación civil, no son deudores desde que no son sujetos de derecho, sino objetos de conformidad con el Libro Segundo, Título I de Código Civil, artículos 460, siguientes y concordantes; sin perjuicio de integrar los patrimonios de los deudores a los efectos del artículo 2372 del Código Civil.
SECCIÓN II –
Art. 5 – Los ilícitos cometidos en el tránsito o en ocasión del uso de vehículos, constatándose infraganti o existiendo semiplena prueba de la participación de la persona, dará a la Administración Departamental el derecho de aplicar la sanción correspondiente con la obligación de comunicar al infractor y concederle el derecho de defenderse en los plazos legales y constitucionales establecidos. No será exigible el cumplimiento de una sanción, mientras la persona imputada de una infracción no haya tomado conocimiento de la misma, o haya sido dada por notificada por medios legales, u otros fehacientes incluidos electrónicos que establezca la reglamentación.
Art.6 – Las infracciones de tránsito o en ocasión del uso o tenencia de vehículos deberán ser conocidas del infractor.
El controlador del tránsito al constatar la infracción deberá dar conocimiento inmediato al sujeto de derecho que la haya cometido.
Art. 7 – La comisión de un ilícito sorprendida infraganti o habiendo semiplena prueba conforme a disposiciones de la legislación penal, dará lugar al controlador a notificar al infractor de inmediato. Se documentará con los datos precisos del hecho, que tratándose de vehículos, se deberá describir con los datos de la situación de hecho y de los que resulten de la documentación que identifique a personas y vehículos respectivos.
En el documento que acredite el ilícito se consignará claramente en qué consiste la infracción, siendo innecesario determinar el o los artículos que infringe de la reglamentación; dicho documento se ofrece a la suscripción del infractor. En caso de negarse a firmar el documento precitado, pero haciéndolo el funcionario actuante igualmente tendrá la eficacia del documento público, siempre que en él consten los requisitos establecidos para los instrumentos públicos de conformidad con el Código Civil, artículo 1574 y con los alcances de los artículos 1575 a 1577 de dicho Código.
Estando notificado o dado por notificado el sujeto de derecho infractor de las normas, la Administración Departamental podrá aplicar las sanciones previstas en las normas violadas.
Art. 8 – Cuando la presunta infracción es detectada por medios electrónicos, fotos, filmaciones, el procedimiento deberá ajustarse especialmente: A) – Que la imagen captada muestre con total nitidez al vehículo, de ser posible al conductor, apreciándose la marca, modelo, tipo y demás de su fisonomía completa, con tomas frontales o traseras, con la placa de la matrícula, fecha, hora y lugar de la toma. De no quedar claro algunos de estos elementos, valdrán en todo caso los que sean notorios y sirvan para llevar la certidumbre del hecho que se investiga. B) – La foto o la filmación que disponga la autoridad departamental será cotejada dentro de las 48 horas hábiles a lo más con el Registro de vehículos. C) – La infracción constatada por medios electrónicos para su validez, deberá documentarse y contener el lugar preciso del hecho y demás circunstancias del mismo, así como la firma del funcionario responsable y restantes requisitos de los instrumentos públicos, artículo 1574 del Código Civil.
D)- Obtenida la información del titular del vehículo, se le notificará en el domicilio que figure como titular o autorizado del vehículo y de la licencia de conducir. También podrá notificarse por correo electrónico o teléfono aportados con un máximo de 72 horas de ocurrido el ilícito.
Art. 9 – Los infractores referidos en los artículos precedentes que nieguen su vinculación con los ilícitos, podrán recurrir ante la Administración Departamental exponiendo sus argumentos, ofreciendo y aportando probanzas documentales y testimoniales.
SECCIÓN III –
Art. 10 – El Intendente Departamental de Maldonado, podrá constituir un Tribunal de Infracciones con el cometido de considerar y resolver recursos de simple tramitación que se interpongan contra las sanciones aplicadas. Las resoluciones adoptadas por el Tribunal, se notificarán o se dará por notificadas si pasadas 48 horas del término de 72 horas del inicio de su tramitación, el recurrente no comparece a tomar conocimiento de la resolución de su caso; y se elevará a Secretaría General para su homologación. El Tribunal referido estará integrado por tres o más funcionarios Profesionales del Derecho propuestos por la Dirección General de Asuntos Legales. La reglamentación establecerá el funcionamiento de ese Tribunal, teniendo en cuenta que no requerirá firma letrada, y los plazos para expedirse serán no mayores a 72 horas hábiles de su presentación, salvo prórroga por igual término dispuesta por el mismo Tribunal para mejor proveer.
Las personas físicas o jurídicas que nieguen su responsabilidad en los ilícitos que se le imputan y sin perjuicio de los recursos administrativos de la legislación vigente y artículo 317 y siguientes de la Constitución de la República, podrán recurrir ante el Tribunal de Infracciones a fin de obtener un pronunciamiento más rápido.
Art. 11 – Las infracciones o sanciones comunicadas de otro Departamento referidas a vehículos registrados en el Departamento de Maldonado, no serán validadas si no consta la notificación a la persona física o jurídica presuntamente infractora de un modo fehaciente.
Art. 12 – La legislación sobre tránsito, competencia Departamental, se armonizará con las de orden Nacional en cuanto corresponda y sin invadirse recíprocamente en sus respectivas competencias, constitucionales y legales especiales sobre las materias departamental y nacional.
Art.13 – Derógase el artículo 2 del Decreto Departamental 4008/2018.
Art. 14 – Derógase del artículo primero del Decreto Departamental No. 3913 del 28 de diciembre de 2012, las disposiciones contrarias a las atribuciones que la Constitución, artículo 262 y las Leyes Especiales, o sea Ley Orgánica de Gobierno y Administración de los Departamentos No.9515 del 28 de octubre de 1935 y la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana No. 19.272 del 18 de setiembre de 2014, que le confieren atribuciones a los Gobiernos Departamentales en materia de tránsito, vehículos y recursos establecidos en el artículo 297 de la Constitución de la República.

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