Jubilados y pensionistas uruguayos y venezolanos denuncian penalmente al Bandes

Más de 50 jubilados y pensionistas venezolanos y uruguayos que trabajaron en Venezuela y que viven desde hace años en Uruguay, dejaron de cobrar sus pasividades luego de que el Banco Bandes, propiedad del Estado de Venezuela, e Integración AFAP (de la que ese banco es propietaria del 77%), dejara de pagarlas hace 4 años.
A pesar de que Uruguay y Venezuela mantienen un convenio de Seguridad Social desde 1997, en diciembre de 2015, según consta en la denuncia efectuada en la fiscalía de Crimen Organizado, “se produjo el cese intempestivo de dichos pagos, sin que se les haya dado explicación satisfactoria” por parte de ambas instituciones. Los más de 50 denunciantes son titulares de pensiones o jubilaciones que generaron en la República Bolivariana de Venezuela, dijo el abogado demandante. “Los jubilados dejaron de cobrar porque Venezuela dejó de pagar. No paga nada, y es un fenómeno que no es exclusivo de Uruguay. Hay demandas en todo el mundo contra el Estado venezolano, que es un Estado quebrado, un Estado incumplidor. En España hay más de 4 mil demandas de jubilados y pensionistas”, indicó el Dr. Pablo Bárcena, abogado que está defendiendo a los denunciantes en Uruguay.
Según explicó, el monto de lo que se adeuda a estos 50 jubilados y pensionistas uruguayos y venezolanos es de unos 3,5 millones de dólares.
Pero no se trata de la única deuda: una empresa uruguaya, que de acuerdo a lo informado por Bárcena, le vendió directamente bienes de primera necesidad a estas empresas y cumplió el contrato, le adeudan 11 millones de dólares que hace 4 años no le pagan.
La denuncia penal fue radicada hace poco tiempo, luego no haber obtenido el pago a pesar de “las múltiples gestiones realizadas a nivel privado y a nivel oficial” y a pesar de que Venezuela “posee un cuantioso patrimonio en nuestro país”, se lee en la denuncia.
“La sospecha de un eventual lavado de activos con delito base de apropiación indebida por parte de los integrantes de ambas instituciones fue tomando cuerpo, y es lo que motiva la presente denuncia”, agrega el texto.

Injusticia
En cuanto a la situación de los jubilados y pensionistas, Bárcena la calificó como una “injusticia flagrante”. “Es una gran injusticia que tengamos a gente jubilada que trabajó toda su vida y un día se encuentra con que el Estado que le tiene que hacer las prestaciones no las hace”, aseguró.
Dijo que el actuar de la justicia uruguaya en estos casos, sobre todo cuando son temas económicos “son muy lentos y no trasciende tanto”. “Hemos visto un hecho público que involucró a un intendente y la justicia se movilizó enseguida. Hemos visto otro hecho público que movilizó a un candidato a presidente y también en horas se produjeron los hechos. Acá no pasa nada”, opinó.
Según contó Bárcena, algunos de los abogados de la parte demandada, las cuales él conoce desde hace tiempo, justifican la situación diciendo que Venezuela tiene intención de pagar pero no tiene como traer el dinero al país. “Sin embargo yo he visto varias veces al embajador de Venezuela en Uruguay circular en su Mercedes Benz y nunca vi el auto parado por falta de combustible porque Venezuela no pueda traer la plata. Y no vi apagada la luz de los muchos locales que tiene Venezuela en Uruguay porque no puedan traer la plata”, dijo.
Y agregó: “Entonces Venezuela paga lo que quiere y no paga lo que no quiere. Y lo mismo ha hecho con empresas acreedoras uruguayas. Les paga a unos porque son amigos y no les paga a otros porque no son amigos. Es un Estado que es socio de Uruguay y que tiene activos más que suficientes para pagar sus compromisos, porque tiene Bandes, tiene integración AFAP, tiene el 15% de Alur en sociedad con el Estado uruguayo y sin embargo no paga”, sostuvo el abogado.