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Tal cual habían decidido en una asamblea realizada el pasado 7 de octubre, los funcionarios judiciales del país realizarán hoy un paro parcial de tres horas con movilizaciones en cada ciudad del país. En Montevideo la concentración se realizará con corte de la Avda. 18 de Julio y en el interior del país, se marchará hacia cada plaza. Se entregarán volantes y se convoca a la prensa para difundir la situación y preocupación que los trabajadores sienten en relación a la Ley de Presupuesto, que está a votación en la Cámara de Diputados.

“El Presupuesto 0% para el Poder Judicial es un hecho histórico. Es la primera vez en la historia del país que no se incluye a uno de los poderes del estado en dicha Ley”, afirmó el sindicato de judiciales. “Podemos tener varias lecturas de este hecho, en principio, que no se le da el lugar que merece a la Justicia, al ser excluida a pesar de haber presentado en tiempo y forma su mensaje presupuestal al Poder Ejecutivo. Esta actitud repercute en la población en general, ya que no se van a contar con más recursos para poder mejorar la Justicia, como por ejemplo la creación de Centros de Medicaión en cada Departamento y el nombramiento de más Defensores de Oficio como estaba previsto, entre otras cosas”, dio un parte.

Vulnerados

“En particular, significa que no va a haber aumento de sueldo para los funcionarios, ya que no va a haber más recursos de los que ya cuenta y no son suficientes. En síntesis, al tener que esperar a la siguiente Ley de Presupuesto, no se va a recibir aumento de sueldo por diez años. Las tarifas públicas, los alquileres, la canasta familiar aumentan, pero nuestros sueldos no”, protestaron.

El gremio también rechaza “el art. 677 de la Ley de Presupuesto, por vulnerar los derechos de los ciudadanos. Según este artículo si un funcionario público realiza un juicio contra el Estado y tiene sentencia favorable, cuando se comunica al Ministerio de Economía para el pago de la condena, este paga si considera que tiene fondos, de lo contrario, se dilata el pago para la próxima rendición de cuentas. No fija ningún plazo, ni ninguna fecha. Sin embargo, si un particular hace un juicio contra el Estado, este paga la condena cuando se encuentre la sentencia firme. Este artículo establece una diferencia entre funcionarios públicos y particulares y sabemos bien que los derechos deben ser para todos los ciudadanos por igual”, agregó el comunicado.

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