expedientes

 

Los trabajadores del Poder Judicial pararán hoy una vez más y realizarán otra movilización con la esperanza de sensibilizar al gobierno y a los legisladores que tienen a estudio el presupuesto que regirá en los próximos cinco años.

Esta vez, los funcionarios caminarán hasta la Junta Departamental, donde a las 15 horas leerán una proclama, la misma que se dará a conocer en todo el país. “En Maldonado pediremos que nos reciban los ediles de la Junta Departamental para plantear nuestras preocupaciones y reclamos a fin de que eventualmente puedan interceder ante los Senadores”, anunciaron los funcionarios. Los trabajadores realizarán un paro nacional parcial desde las 14.30 a las 16.30, sin guardia gremial. Asimismo, se informó que la Asociación de Actuarios realizará un paro de 15 a 17. Una delegación visitará el Senado para defender sus intereses, dado que no se asignó ningún recurso para el área en el presupuesto quinquenal.

La directiva de AFJU, el gremio de los funcionarios judiciales, fijó para el 4 de noviembre el próximo Plenario de Delegados del interior a los efectos de instrumentar la organización de una marcha nacional y discutir y definir un cronograma de ocupaciones de sedes del Poder Judicial en todo el país.

Recorrida

En Montevideo, a las 15 los funcionarios se concentrarán en el Palacio Legislativo y recorrerán los despachos de los senadores, a quienes les entregarán documentación, con el fin de “apuntar al convencimiento de la importancia que tiene que se recojan las modificaciones”, que consideran “imprescindibles”.
Además, solicitaron ser recibidos por la Comisión de Presupuesto, que ayer miércoles comenzaba a considerar el proyecto ya aprobado en la Cámara de Diputados.
“El Poder Judicial no solo fue ignorado por el Ejecutivo con una asignación de presupuesto cero, sino que lo castiga con tres artículos que afectan directamente a los integrantes de la Justicia”, dijo el dirigente Diego Pardo a 810 Vivo. Uno de los artículos del presupuesto desactiva lo votado en el Presupuesto quinquenal de la Administración Mujica. Esa norma obliga a que los salarios de los ministros de la Suprema Corte no puedan ser inferiores a los de los ministros del Poder Ejecutivo. A su vez, esto ataba al resto de los funcionarios de la Justicia, que son quienes reclamaban un 26% de aumento.
Este asunto está siendo analizado por la Suprema Corte. De entender que el reclamo de los trabajadores es procedente, el organismo obligaría al Estado a pagar lo adeudado desde 2011 con sus ajustes, multas y recargos.
Otro artículo grava algunas partidas con IRPF que afecta a todos los funcionarios del Poder Judicial salvo a los trabajadores no técnicos. El tercer artículo modifica la forma de pago a los funcionarios judiciales; en caso de ganar un juicio por ajustes o reajustes salariales debe comunicarse en un plazo de 10 días para que el Poder Ejecutivo lo incluya en el siguiente presupuesto quinquenal o rendición de cuentas.

Razón de pesos
Como todo está sujeto a la aprobación parlamentaria, Diego Pardo, estimó que será muy difícil cobrar en caso de un reclamo. Asimismo, estimó que la posibilidad de tener que pagar los salarios atrasados desde 2011 pesó en el Poder Ejecutivo a la hora de diseñar el presupuesto.

Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, había dicho a El Espectador: “Con este gobierno empezamos en cero y seguimos en cero. No figuramos, no existimos”.

Estimó que la proyectada reforma del Código del Proceso Penal, prevista para comenzar a funcionar el 1º de febrero de 2017, se prorrogará dos años más, hasta el 1º de febrero de 2019, entre otros temas por falta de recursos para ponerla en marcha. Es por éste y otros asuntos que Chediak y otros miembros de la SCJ, irán a la Comisión de Constitución, Legislación y Códigos del Senado.

En tanto, el ministro de la SCJ, Ricardo Pérez Manrique, explicó que desde el punto de vista presupuestal, el Poder Judicial está entre los organismos incluidos en el artículo 220 de la Constitución, como la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Udelar. A su juicio, éste es el peor presupuesto que se vota desde el regreso a la democracia.

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