Apelando al recurso del “derecho de petición” establecido en la carta magna, un grupo de organizaciones locales apoyados por los legisladores solicitarán a las autoridades la eliminación de la llamada “tarifa 9” de OSE, por la que los habitantes de esta zona pagan por el agua un 30% que quienes residen en el resto del país. El diputado suplente del Partido Nacional, Federico Casaretto, dijo este viernes a FM Gente que la iniciativa corrió por cuenta del diputado colorado Germán Cardoso; ambos participaron de una reunión que legisladores del departamento con representantes de comisiones barriales y otras asociaciones. Casaretto señaló que también se habló de un proyecto para crear un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) Cardiológico que se instalaría en el Hospital de Maldonado.
La reunión de los diputados se desarrolló el pasado viernes en la Junta Departamental. Allí concurrieron delegados de la Liga de Fomento de Punta del Este, la Asociación de Vecinos de La Barra y El Tesoro, de la asociación vecinal de Punta Ballena y de la Liga de Fomento de José Ignacio.
En ese encuentro, dijo Casaretto, las entidades expresaron que apoyan la continuidad de la UGD, que ya estaría acordada a pesar de que se habría propuesto desmantelarla por el cese del contrato de Aguas de la Costa, que concluye el 28 de febrero. También se habló sobre la posibilidad de concretar un proyecto existente para instalar una planta desalinizadora en Piedras del Chileno.

De más y de menos
Casaretto recordó que “la famosa tarifa 9 es un sobreprecio que pagamos los habitantes de Maldonado, sobre todo de la zona costera. Se creó en la década del 60 o principios de los 70 para construir una planta potabilizadora en Laguna del Sauce. Esa planta se construyó hace 40 o 50 años y seguimos pagando casi un 30% más el costo del agua potable que el resto de los uruguayos”, indicó.
“Y lo que se acordó, a propuesta del diputado Germán Cardoso, porque es fundamental la acción de las fuerzas vivas, es que van a utilizar el camino del artículo 30 de la Constitución, que es el derecho de petición ante el presidente de la República y otros organismos para que esta tarifa se deje sin efecto. Este no es un resorte parlamentario. Los parlamentarios no tenemos potestad para modificar temas de tarifas. Es una resolución del Poder Ejecutivo”, explicó.
Casaretto agregó que ahora se abrirá un proceso de recolección de firmas “para, junto con los legisladores, presentar este derecho de petición al presidente de la República”.


No más traslados
Por otra parte, el legislador nacionalista indicó que también fue recibido el Instituto de Cirugía Cardíaca del Uruguay. Esa entidad desearía instalar un IMAE Cardiológico en el hospital de Maldonado para atender a las 200 mil personas mayores de 40 años que residen en la zona este del país. “Esa es la población que generalmente sufre eventos cardiovasculares; infartos de miocardio, fundamentalmente”, señaló.
“En esta regional hubo, en 2018, 1.066 traslados a Montevideo para hacerse cateterismos, angioplastias e incluso cirugía cardiaca”, señaló. Casaretto expresó que este proyecto es el tercero y se suma a los ya presentados por el Sanatorio Mautone y La Asistencial Médica.
Ya fue solicitada en diciembre una entrevista al ministro de Salud Pública por este tema. “Si no tenemos respuesta, lo tendremos que convocar a la Comisión de Salud Pública del Parlamento en marzo”, señaló.
En la reunión del viernes participaron, además de Casaretto y Cardoso, los diputados Elizabeth Arrieta y Andrés Carrasco. En esta ocasión no estuvo presente el diputado Darío Pérez, que no pudo ser ubicado. El diputado Óscar de los Santos no interviene en este tipo de encuentros.


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