El edil frenteamplista Joaquín Garlo aseguró este martes en la Junta Departamental que la Audiencia Pública celebrada en el Club Rampla de Pueblo Obrero, para elaborar el Programa de Actuación Integrada R73 – Las Flores, no tuvo valor alguno por cuanto fue realizada sin cumplir con los requisitos ordenados por la Ley de Ordenamiento Territorial. Como se recodará, el encuentro se desarrolló el miércoles pasado con miras a conocer la posición del vecindario respecto a la posible regularización de una fábrica en la zona de Cerro de los Burros, entre Las Flores y Playa Verde, cerca de la Ruta 73.
Al respecto, Garlo recodó que “un programa de Actuación Integrada o PAI, es uno de los instrumentos de ordenamiento territorial previstos en la Ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, pensado para la transformación de sectores de suelo categoría urbana, categoría suburbana y con el atributo de potencialmente transformable”.
“En 2015 se comenzó el proceso de elaboración de un PAI a instancias del Sr. Pablo Valeta, propietario de una fábrica de elaboración de artículos de hormigón ubicada en la Ruta Nº 73. Esta fábrica trabajó de forma ilegal durante varios años, ya que el padrón en el que está emplazada está categorizado como suelo rural (potencialmente transformable), por lo que se busca a través de ese PAI recategorizar el suelo y de esa forma legitimar la actividad de esta bloquera en ese lugar”, indicó. “En 2017 la Intendencia Departamental puso de manifiesto un proyecto preliminar del PAI y transcurrido el plazo, en 2018, aprobó previamente el mismo y convocó a una Audiencia Pública que se celebró el 15 de febrero en el Club Social Estación Las Flores. En esa Audiencia, la comunidad allí congregada denunció que la puesta de manifiesto no les había sido notificada, como exige la Ley. Por ese motivo advirtieron la nulidad absoluta de todas las actuaciones administrativas desde la puesta de manifiesto en adelante”, agregó el legislador.

“Rechazo”
Garlo recordó que en ese encuentro los vecinos manejaron “una serie de contundentes argumentos en contra del proyecto que les planteó la Intendencia. El clamor popular fue claro: el absoluto rechazo al funcionamiento de una fábrica en un lugar que constituye un importante patrimonio turístico y cultural. Entre los argumentos esgrimidos se destacan: la preservación natural del lugar, la afectación del ambiente a partir de la actividad de la fábrica, la preservación del Cerro de los Burros como Monumento Histórico Nacional, la conservación de la fauna y la flora del lugar y la contradicción de los Decretos Departamentales Nº 3866 y 3867”.
No obstante, dijo, “ante el rechazo rotundo de la comunidad al proyecto presentado en su momento, la Intendencia reelaboró el PAI. Volvía a comenzar este año entonces el proceso de aprobación de este instrumento de ordenamiento territorial, y comenzaban también las graves irregularidades administrativas a las que nos tiene acostumbrado el gobierno de Enrique Antía”, indicó.
Garlo detalló pormenorizadamente todos los pasos realizados por la comuna más adelante y aseguró que la IDM emitió numerosas notificaciones sobre la audiencia prevista. Pero “no se realizaron por la Dirección de Administración Documental en su totalidad, ya que nunca llegó a la Junta Departamental de Maldonado. La Dirección de Administración Documental nunca comunicó a la Junta Departamental la Resolución mencionada, ya sea a través de soporte electrónico (correo electrónico o sistema de gestión documental IGDoc) o soporte físico (formato papel). Este hecho fue advertido por nosotros en la Audiencia Pública celebrada el 4 de diciembre de 2019 en el Club Rampla de Pueblo Obrero. Nuestra participación y la de los demás interesados en la audiencia no convalida las actuaciones ya que las mismas son nulas absolutamente, nulidad que es insubsanable, imprescriptible y oponible por cualquier interesado. Expresamente establecimos que participábamos y hacíamos uso de la palabra bajo la reserva de que las actuaciones eran nulas absolutamente y la audiencia no debía realizarse”, afirmó.

Sin comentarios
El edil refirió que “las autoridades del Ejecutivo Departamental allí presentes (Directora General de Urbanismo y Director General de Planeamiento, entre otras) no objetaron lo denunciado ni realizaron comentarios al respecto. Sí intentaron interrumpirnos en el uso de la palabra de forma vehemente y agresiva”, agregó.
Además, indicó que “este incumplimiento por parte de la Intendencia Departamental de Maldonado implica una violación flagrante al principio de legalidad al que está vinculada como órgano del Estado”.
La Intendencia Departamental no cumplió con la propia norma jurídica que la obligaba (la Resolución dictada por el propio Intendente Departamental y el propio Secretario General), lo cual implica que no se ajustó al derecho. La omisión de la Administración vicia de nulidad absoluta a todos los actos administrativos posteriores a la Resolución Nº 05688/2019”, añadió.
“La nulidad se fundamenta en que la aprobación previa y la fijación de la Audiencia Pública tiene por presupuesto necesario la puesta de manifiesto en la forma dispuesta por la Resolución Nº 05688/2019, cumpliéndose todo lo que allí se estableció, con las garantías exigidas por el ordenamiento jurídico vernáculo.
Por los mismos fundamentos es nula absolutamente la audiencia pública celebrada el 4 de diciembre de 2019 en el Club Rampla de Pueblo Obrero”, agregó.
Más adelante en su alocución, el legislador señaló que “una vez más, para el intendente Antía y el gobierno del Partido Nacional poco importan los principios generales del Derecho rectores del Buen Gobierno. Poco le importa al Partido Nacional la institucionalidad de la Junta Departamental, a la que no comunicaron como era debido las resoluciones mencionadas. Poco le importa a los ediles del Partido Nacional el ordenamiento territorial de nuestro Departamento, ya que no había ni un solo edil oficialista en la Audiencia Pública; no se si por verdadera falta de interés o porque su propio gobierno no les avisó”, señaló.
“Junto a los compañeros ediles del Frente Amplio nos hicimos presentes para escuchar los planteos de la comunidad, de vecinas y vecinos organizados que tenían mucho para decir sobre un asunto que se va a dirimir en este Plenario cuando la Intendencia remita el proyecto definitivo para nuestra consideración”, concluyó.
Correo de Punta del Este no pudo comunicarse ayer con la titular de Urbanismo de la comuna.

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