IMM5La directora de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado, María del Carmen Salazar informó ayer que sigue su curso el proceso judicial iniciado contra la comuna por la empresa Tapre Operadores Turísticos (TOT), que reclama varios millones de dólares de indemnización.

Salazar dijo que actualmente, ambas partes han presentado recurso de casación -última apelación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ)- luego del fallo judicial por el cual el gobierno departamental debería pagar alrededor de 1,5 millones de dólares a la firma transportista. Según se sabe, el titular de la empresa estima que al comuna deberá pagarle cinco millones de dólares por los daños que le ocasionó una decisión de la Intendencia adoptada antes de 1998.

El problema se inició durante la administración de Domingo Burgueño Miguel, que gobernó la comuna entre 1990 y 1998. En esos años se le concedió a la empresa TOT, sin proceso licitatorio la explotación del servicio de transporte turístico en el departamento de Maldonado.

La línea de transporte comenzó a brindar sus servicios, pero más tarde la Intendencia concedió permisos similares a otras firmas comerciales -Concierto FM y taxis colectivos que hacían traslados a La Barra, entre otros- para que efectuaran las mismas acciones en el departamento. En estos casos tampoco se realizó ninguna licitación.

Juicio

En ese momento, TOT expresó que se le exigieron ciertos requisitos que la comuna no pidió al resto de las empresas. Como resultado, TOT entendió que estaba siendo afectada en sus derechos e inició un juicio por daños y perjuicios generados desde la primera administración de Burgueño.

Iniciado el proceso judicial, finalmente se condenó a la IDM a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados.

En el momento en que Óscar De los Santos asumió el primer período de gobierno, “ya estaba la sentencia de condena y se discutía la denominada liquidación de sentencia (es decir, a cuánto ascendía ese daño y perjuicio)”, explicó la titular de la Dirección General de Asuntos Legales de la IDM, María del Carmen Salazar.

Una vez comenzado ese proceso, la empresa reclamó el monto de cinco millones de dólares. Por su parte, el gobierno departamental obtuvo una sentencia de segunda instancia mediante la cual debe pagar 1:547.000.

Salazar explicó que en la actualidad, “se intenta abatir aún más ese monto”.

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