El director general de Hacienda de la comuna, Luis Eduardo Pereira, dijo ayer que los incrementos que se constataron al comienzo de este año en el pago de la Contribución Inmobiliaria estaban previstos, por lo que eran de conocimiento público. Según afirmó, un porcentaje del aumento que afectó a parte de los padrones obedece a una readecuación de valores deprimidos que fue enviado a la Junta Departamental en el marco del Presupuesto. Solo un 12% de los padrones sufrieron el incremento, pero eran propiedades que pagaban por debajo de lo que deberían estar tributando, afirmó.
Las declaraciones de Pereira fueron recogidas y difundidas ayer por el área de prensa de la comuna, horas después de que las redes sociales se hicieran eco del mal humor de quienes se sorprendieron al enterarse de que se les había aumentado drásticamente el valor del tributo. A lo largo del lunes, los muros de varios periodistas de la zona se colmaron de protestas, vituperios y fotos de recibos de pago de las víctimas de los aumentos. Aunque por esas horas se explicó que técnicamente no hubo un aumento sino un reaforo, muchos aseguraron que poseen casas modestas y aún así deben pagar más que nunca.
Por su parte, Luis Eduardo Pereira, llevó el asunto al ámbito de la política y estimó comprensible que la población se enoje, ya que el 1º de enero experimentó un “tarifazo”. Así se refería a la suba de las tarifas de agua, luz y teléfono que cada año se produce en estas fechas para acompasar el crecimiento de la inflación.
Pereira señaló que el incremento general de la contribución fue del 8,9%, tal como está previsto en la Constitución para los Gobiernos Departamentales por IPC. Pero, además, dijo que se actualizaron los valores de algunas zonas de acuerdo a la realidad que muestra el mercado hoy. Esta readecuación de valores deprimidos no se hacía hace mucho tiempo, explicó.
Ajuste
El titular de Hacienda afirmó que lo que la IDM realizó fue un ajuste basado en el privilegio de la ubicación de la propiedad, lo que conlleva a una justicia tributaria. Recordó que la pasada administración había encargado este trabajo y luego no lo aplicó, pero había que hacerlo porque existen propiedades muy importantes que están pagando valores muy bajos.
A modo de ejemplo, explicó que una casa frente al mar en José Ignacio, con más de 1.000 metros cuadrados de terreno, pagaba 3.618 pesos anuales de contribución. Otra en el Chorro, frente al mar, pagaba 6.000. “Lo que se hizo fue ajustar los valores a la realidad”. No obstante, también se reaforaron propiedades ubicadas en San Carlos y en varias localidades.
Pereira sostuvo que el 88% de los padrones no tributan más porque pertenecen a personas que están al límite de su capacidad de pago. La idea era “una adecuación que trae justicia tributaria”, señaló. También indicó que “la morosidad va por barrios” y puso como ejemplo que en la costa el atraso es de un 7%, pero hay zonas del departamento con más del 50% de morosos. “Si no fuera por la costa, que sostiene buena parte de los servicios, hay localidades que funcionarían pocos meses”, indicó el parte comunal.
El jerarca también aseguró que los fondos que se derivan a Maldonado desde el gobierno nacional son menguados y llegan tarde, además de haber decaído desde que asumió la actual administración. Es necesario cumplir y no resentir servicio alguno, sentenció.
Por otra parte, Pereira aseguró que el reaforo se discutió en la Junta Departamental cuando se envió el presupuesto y “se hizo lo que había que hacer”. “No fue una discusión entre gallos y medias noches”, precisó. Por lo demás, dijo que “todos sabían” que había un reaforo porque el intendente Antía “habló con todo el mundo” por el asunto, que también generó debates en el deliberativo comunal en su momento.
Quién paga las cámaras de seguridad
Los nuevos recibos de contribución también dejaron en evidencia que toda la ciudadanía debe pagar los gastos que genera la colocación de cámaras de videovigilancia y los gastos del centro de monitoreo, que acaba de contratar a 60 personas y tiene un costo de U$S 20 millones. Por lo demás, muchos presumen que las cámaras no eliminarán la delincuencia sino que la trasladarán a donde no existan estos controles.
La IDM está cobrando un “adicional” por ese servicio de cerca de 500 pesos por padrón. En este caso el enojo proviene de que personas que viven en barrios muy retirados del centro y, sin embargo, también deben hacerse cargo de costear un servicio que no les llega.
