La intendente Susana Hernández dictó en los últimos días una serie de resoluciones para regular la ocupación de varias viviendas municipales de Cerro Pelado y otros lugares del departamento. Entre las disposiciones figuran, al menos, dos denuncias penales contra ocupantes que pasaron la titularidad de sus casas a otras personas por 10 mil dólares.
Este último caso involucra a la actual ocupante de la vivienda ubicada en el padròn 2115, manzana 21826 de Cerro Pelado, quien la compró a los anteriores beneficiarios.
El caso quedó al descubierto cuando la actual adjudicataria de la vivienda se presentó ante la Intendencia de Maldonado para ampararse a lo establecido en el decreto 3817/06. La citada norma, aprobada durante la pasada administración, apuntó a ordenar el estado de ocupación de las viviendas construidas en esa zona durante la administración del extinto intendente Domingo Burgueño Miguel.
Las actuaciones del área de Vivienda establecieron que los supuestos beneficiarios de la vivienda no la estaban ocupando. En su lugar encontraron a una mujer que aseguró haber comprado la casa en 10 mil dólares. Al definir quien debería ocupar la casa, la administración entendió que la actual ocupante se encontraba allí desde hacía más de cinco años. Esto la incluye en lo establecido en el artículo 10 del decreto departamental 3817/2006, que determina el citado periodo de ocupación como requisito clave para poder acceder a la vivienda.
Sin efecto
La resolución de comienzos de febrero pasado de la jefe comunal dejó sin efecto el acta de ocupación a los anteriores beneficiarios los que, además, fueron inscriptos en el registro departamental de infractores de viviendas por la venta ilegal de un bien municipal.
Otro caso similar ocurrió con una vivienda de la Intendencia de Maldonado ubicada en el barrio Sur de la ciudad de San Carlos, cuya beneficiaria la vendió en 10 mil dólares a sus actuales ocupantes.
El caso también quedó al descubierto cuando la actual ocupante se presentó ante la Intendencia para poder regularizar su situación. La mujer denunció que la beneficiaria de la vivienda se la cedió en el año 2001 mediante el pago de 10 mil dólares.
Como ocurrió en el otro caso, la intendente dejó sin efecto la cesión de la vivienda a la anterior ocupante. Ordenó la inscripción de su nombre en el Registro Departamental de Infractores de Viviendas y ordenó que la mujer sea denunciada en la justicia por haber vendido de forma ilegal un bien municipal. Su actual ocupante, que pagó por la vivienda y reside en ella desde hace más de cinco años recibió el usufructo de la casa.
En otro de los casos, la intendente rescindió el contrato de ocupación con otra vivienda del Cerro Pelado por el atraso en el pago de las cuotas fijadas en la promesa de compraventa con su beneficiaria. La resolución le aplicó una multa equivalente a la suma entregada hasta el momento por la ocupante de la vivienda. La mujer debía ocho cuotas. La Intendencia se hizo de otra casa construida en los años noventa por encontrarse desocupada, con uno de sus titulares fallecidos y el otro residente en otro lugar no precisado. Los ocupantes de la vivienda mantenían un atraso de 176 cuotas vencidas y sin entregas a cuenta desde el año 2001. La vivienda fue cedida a una mujer.
Nueva observación del TCR
La Intendencia gastó más de ocho millones de pesos sin autorización de la Junta Departamental de Maldonado cuando debía haber solicitado su anuencia, consignó el Tribunal de Cuentas de la República (TCR). Por esta razón, el organismo de contralor interpuso una observación a parte de una millonaria transferencia de recursos de gastos dentro del presupuesto quinquenal vigente para el período 2010-2015.
El 15 de diciembre pasado, la administración comunal encabezada por Susana Hernández notificó al Tribunal de Cuentas de la República la realización de transposiciones entre objetos del gasto dentro del Presupuesto quinquenal para el ejercicio 2014 por 259:051.619 pesos. Ese importe, aseguró el Tribunal de Cuentas, incluyó la suma de 8:558.550 pesos desde y hacia objetos que no estaban previstos en la norma presupuestal vigente hasta el 31 de diciembre del presente año. Los otros 250:493.069 pesos se ajustan a la normativa presupuestal vigente en la materia.
“No corresponde efectuar trasposiciones a objetos que no tengan apertura en el Presupuesto Quinquenal en razón de que su utilización no fue aprobada por la Junta Departamental en dicho Presupuesto”, aseguró el organismo..
El Tribunal de Cuentas también señaló a la contadora delegada que trabaja en el ámbito de la Intendencia de Maldonado que deberá observar “todos los gastos que se imputen con cargo a las asignaciones que se refuerzan con las trasposiciones referidas en el numeral anterior!”.
en el predio municipal entregado en año 2002 .desde el año 2013 aproximadamente ingreso una mujer y su pareja en ese entonces ella llamada katerine gomes apodada la chacha la cual tiene antecedentes serios y penales esta siendo ocupante de ese predio sito en calle cerros azules manzana 69 solar 9 entre 28 y 29 asi como se exige al barrio se pide a esta señora tambien le sea erradicada del rancho alli construido al cual ingresan hombres y es un total relajo