IMM2La intendente Susana Hernández aplicó una sanción de diez días de suspensión con retención total de haberes a un funcionario municipal que permitió el ingreso de alimentos vencidos al departamento de Maldonado. La sanción fue aplicada a partir de la finalización de un sumario administrativo dispuesto en el ámbito de la Dirección General de Higiene y Protección Ambiental.

El funcionario revista en el puesto de control bromatológico ubicado en el puesto del peaje del arroyo Solís, en la ruta Interbalnearia. La instrucción del sumario administrativo al funcionario fue dispuesta a efectos de deslindar la responsabilidad en graves irregularidades constatadas en relación con el ingreso de mercaderías alimenticias que se encontraban vencidas. El empleado revista en el escalafón inspectivo bajo la modalidad de contrato con 18 años de antigüedad.

Al momento en el legajo del citado empleado no figuran ni anotaciones positivas, ni negativas. La instrucción de la investigación administrativa dejó en evidencia un cúmulo de pruebas las irregularidades cometidas por este funcionario.

El individuo incumplió con sus deberes de funcionario público, realizó una inspección deficiente y poco diligente “omitiendo tomar todos los recaudos en cuanto a los controles que corresponde efectuar a todos los vehículos que pretendan ingresar al departamento de Maldonado con productos alimenticios”, consideró la resolución.

“Del propio testimonio del sumariado resulta que el mismo no inspeccionó en forma minuciosa toda la carga que contenía el vehículo en cuestión, con lo cual no pudo constatar que (…)contenía productos vencidos, habilitando de tal manera el ingreso de los mismos con la consecuente peligrosidad que supone el consumo de alimentos en tales condiciones”, agregó la resolución.

Prudencia y atención

Por otra parte, la jefe comunal aplicó una sanción de seis meses de suspensión de tareas con retención de los haberes a un funcionario que provocó múltiples daños a un vehículo municipal. La decisión fue aplicada a partir del procedimiento disciplinario iniciado cuando se produjo un accidente de tránsito protagonizado por el citado funcionario municipal.

De la probanza testimonial y documental diligenciadas durante la instrucción, resulta fehacientemente comprobada la responsabilidad del funcionario en la comisión de falta administrativa grave, al haber conducido la unidad municipal en su calidad de chofer sin la diligencia correspondiente, poniendo en riesgo la seguridad vial, como asimismo afectando bienes de terceros como de la administración y consecuentemente menoscabando la normal marcha del servicio”, señaló la resolución municipal.

El funcionario, “no actuó de acuerdo a las obligaciones de los conductores establecido en el Artículo 24 y 25 de la Ley de Tránsito, es decir, no actuó con prudencia y atención con el objeto de evitar el accidente, su conducta constituyó un peligro para la circulación”.

No hubo acoso

Por otra parte, la intendente también dispuso la clausura de las actuaciones generadas a partir de una denuncia por presunto acoso laboral presentada el 25 de febrero de 2014 por la doctora María Eloísa Rivero.

“De conformidad con lo sugerido en el informe conclusivo y de acuerdo con el informe letrado de precepto, de la probanza diligenciada en el curso de la instrucción no surgen elementos de convicción suficientes que determinen la existencia de actos o hechos irregulares dentro del servicio vinculados con la configuración de una situación de acoso laboral”, dijo la disposición comunal.

Asimismo, aseguró que “en definitiva, de la presente investigación no surgen elementos suficientes para imputar responsabilidad en funcionarios del área involucrada, correspondiendo disponer la clausura de la presente investigación administrativa”.

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