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El Presupuesto quinquenal por el período 2016-2020 que los ediles aprobaron el pasado 31 de mayo establece un gasto de más de mil millones de pesos para el quinquenio 2016-2020. A pesar de ello, el documento incluye diversos ahorros, por ejemplo, en el pago de salarios al funcionariado de la institución. También se aprobaron diversas medidas para no proveer vacantes y la supresión de al menos un cargo en el organigrama funcional.

El nuevo presupuesto fue elaborado en la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones. El artículo 1 indica que será de $1.023.838.241,69 en el quinquenio 2016-2020, “estableciéndose una partida de $206.559.004,25 para el año 2016; una partida de $208.004.815,15 para el ejercicio 2017; una partida de $209.102.018,15 para el ejercicio 2018; una partida de $201.023.566,98 para el ejercicio 2019 y una partida de $199.148.816,15 para el ejercicio 2020”.

En lo que refiere al pago de salarios, el Rubro 0, en 2016 se gastarán $166.334.241,69; en 2017: $167.157.678,39; en 2018: $166.016.678,39; en 2019: $158.594.430,22 y en 2020: $157.969.680,39.

En Bienes de consumo, el gasto en 2016 será de $3.839.308,86; en 2017: $3.089.308,86; en 2018: $3.089.308,86; en 2019: $3.439.308,86 y en 2020: $3.089.308,86.

El total general para el año 2016 será de $206.559.024,25; en 2017: $208.004.815,15; en 2018: $209.102.018,15; en 2019: $201.023.566,98 y en 2020: $199.144.817,15.

Cambios

El documento también prevé cambios de “denominaciones de cargos y secciones”. La Sección Relaciones Públicas y Protocolo pasó a ser llamada Comunicación Institucional y Protocolo y Secretaría Administrativa de la Presidencia fue denominada Sección Administrativa de Secretaría General, “en virtud de reflejar cabalmente su rol en la corporación”.

También hubo un cambio de denominación del cargo de “director de Dirección” por el de “director general”.

Por otra parte, se decidió conformar “una Comisión integrada por la Presidencia del Cuerpo, por un representante de cada partido político con representación en esta Junta Departamental y representantes de la Asociación de Funcionarios de la corporación con el cometido de estudiar una reestructura orgánica y de cargos para la Junta Departamental, debiendo comenzar esta labor a partir de enero del 2017”.

Asimismo, se dispuso que “hasta el Ejercicio 2018, exceptuándose el de Secretario General, no se proveerá ningún cargo que se encuentre o quede vacante en cualquiera de los escalafones como consecuencia de movimientos o retiros de funcionarios, salvo que se apruebe, con anterioridad a dicha fecha, la reestructura que proyecte la referida Comisión”.

También se suprimió un cargo de auxiliar 4º Grado 6 C, último, del escalafón administrativo, y se dispuso que “una vez producida la vacancia del cargo Secretario General, grado 14 C, la remuneración actualmente establecida para dicho cargo se reducirá en un 12%”.

“Dispónese que una vez producida la vacancia del cargo Director General, grado 13 C, la remuneración actualmente establecida para dicho cargo, se reducirá en un 13%”, agrega el escrito.

Ajustes

En lo que refiere a los ajustes de las remuneraciones personales, incluyendo aquellas de quienes revistan como contratados, el documento prescribe que “se actualizarán en los meses de enero y julio de cada año por el índice de la encuesta selectiva de expectativas de inflación, proyectado por el Banco Central del Uruguay para el semestre. En ocasión de cada ajuste, se verificará el IPC real ocurrido en el semestre anterior, con la expectativa oportunamente aplicada y se aplicará un correctivo si existieran diferencias positivas a favor del trabajador”, establece el nuevo presupuesto.

“Establécese que los funcionarios presupuestados y/o contratados permanentes de la Junta Departamental que hubieren configurado causal jubilatoria al 10 de enero de 2017 y que expresen por escrito su voluntad de acogerse a este incentivo antes del 1º de octubre de 2016, indicando, además, en esa oportunidad, la fecha concreta de su retiro, recibirán como beneficio el pago de 24 cuotas mensuales y consecutivas equivalentes al sueldo nominal correspondiente a cada funcionario que se retira. Dichos funcionarios deberán, obligatoriamente, antes del 31 de diciembre de 2016 agotar las licencias especiales y/o reglamentarias que tengan acumuladas, generadas en anteriores ejercicios, así como las especiales generadas en el corriente ejercicio. Los funcionarios que se acojan a este beneficio podrán mantenerse en funciones como máximo hasta el 31 de enero de 2017, pasando, a partir de esa fecha, a percibir este incentivo, debiendo obligatoriamente antes de dicha fecha usufructuar la licencia reglamentaria generada en el ejercicio 2016. Este beneficio cesará automáticamente en el caso que el funcionario renunciante cumpla 70 años de edad dentro del período establecido y en ningún caso se abonará más allá del 30 de junio del año 2020. Este incentivo regirá para el caso de que se acojan al mismo como mínimo cinco funcionarios. En caso contrario, de tratarse de un número inferior, el beneficio pasará a ser de 18 cuotas mensuales y consecutivas del sueldo base nominal que perciban al momento de su retiro, manteniéndose las restantes condiciones establecidas precedentemente al respecto, apartados a, b y c.”, agregó. En caso de fallecimiento o incapacidad del beneficiario luego de presentada la renuncia, la prestación se abonará exclusivamente al o a los legítimos herederos. Los funcionarios que se acojan a este beneficio no podrán reingresar al Gobierno departamental bajo ninguna modalidad de contratación. No podrán acogerse al régimen de retiro incentivado aquellos funcionarios que ocupan un cargo político de particular confianza.

Plataforma

El artículo 10 establece que “las resoluciones que en uso de sus potestades adopte la Presidencia del Cuerpo con referencia al funcionamiento interno de la Junta Departamental se comunicarán a la Comisión de Asuntos Internos” la que podrá “disponer el archivo de las mismas por unanimidad de votos o la incorporación de ellas al boletín correspondiente de la sesión inmediata”.

También se establece “el compromiso de negociar para la próxima adecuación presupuestal aquellas pautas de la plataforma reivindicativa presentada por la Asociación de Funcionarios de la Junta Departamental de Maldonado que no fueran contempladas en esta oportunidad”.

El nuevo presupuesto entrará en vigencia el 1º de enero del año 2016. Todas sus cifras se encuentran expresadas a valores corrientes al 1º de enero de 2016.

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