La fiscal Brenda Puppo Grezzi pidió el viernes anterior al largo feriado de Semana de Turismo el sobreseimiento del exdirector de Investigaciones de Maldonado, comisario inspector César Alvez, quien hace cuatro años había sido procesado con prisión por un delito de contrabando.

El funcionario, que cumplió prisión preventiva en Cárcel Central y que aún mantiene su grado de comisario inspector, fue acusado de usar una camioneta “floja de papeles” ingresada al país de contrabando.

En los interrogatorios realizados entonces, Álvez aseguró que había tenido en su poder una camioneta similar, pero no la misma que buscaban sus colegas.

Empero, los policías actuantes en el caso jamás pudieron encontrar la camioneta u otros elementos que probaran el ilícito de Álvez o de los otros seis ahora sobreseídos.

El procesamiento y prisión de Álvez causó un revuelo en Maldonado donde el oficial había ganado reputación por esclarecer el caso del homicidio de Natalia Martínez Bengoa, entre otras actuaciones de trascendencia nacional.

Según trascendió en las últimas horas, el planteo de la titular de la acción penal también incluye a otras seis personas, entre ellos dos efectivos policiales de la Brigada Antidrogas que fueron procesados por el mismo caso.

En los hechos solo quedó enjuiciado uno solo de los procesados cuatro años atrás.

Al archivo

Se esperaba ese mismo viernes que el magistrado Gerardo Fogliacco a cargo de la causa archivara las actuaciones respecto a Álvez y a los otros dos involucrados. Sin embargo, al no estar presente el magistrado en la sede el archivo quedó para estas horas, luego del largo feriado de Semana de Turismo, según trascendió en ámbitos judiciales.

Se espera ahora que tanto Álvez como los otros sobreseídos inicien acciones legales contra el estado por el escarnio sufrido a partir de su procesamiento y prisión. La demanda será multimillonaria en pesos, según trascendió en ámbitos fernandinos.

Álvez y otras siete personas, entre ellas dos policías, fueron procesados con prisión el 6 de mayo de 2011.

La entonces jueza Adriana Graziuso le imputó un delito de contrabando al entender que el oficial a cargo de la Dirección de Investigaciones había sido responsable del ingreso ilegal al país de una camioneta “Palio” de origen brasileño. Uno de los sobreseídos, un tallerista con antecedentes penales, fue procesado con prisión porencubrimiento, contrabando y receptación en reiteración real.

Antecedentes

El caso fue llevado adelante por efectivos de la Seccional 10ª de Punta del Este quienes aseguraron entonces que habían detectado una camioneta Fiat Palio Adventure “floja de papeles” por no decir que había sido robada en el Brasil, indicaron fuentes consultadas entonces.

Sin embargo, la camioneta había desaparecido del predio donde se encontraba escondida. La versión aportada por la Policía a la justicia aseguró que un conocido delincuente de Piriápolis la hizo desaparecer, transportándola a Rocha y luego a Brasil. La decisión de sacar el vehículo fue adoptada al percatarse de que la Policía estaba en la pista correcta, agregaron los informes.

El procedimiento se disparó con la detención de tres involucrados que afirmaron a los investigadores que “había policías involucrados”.

El caso comenzó a instruirse a partir de una foto de la camioneta guardada en el garage de la casa de uno de los involucrados, en Maldonado. Nadie supo por qué. si los policías a cargo del caso pudieron tomar una foto no procedieron a incautar el vehículo.

La camioneta nunca apareció. Esto fue empleado por los abogados de los procesados para quienes fue poco serio que varias personas fueran procesadas por un contrabando que en los hechos nunca existió. Esto quedó de manifiesto en noviembre pasado cuando, a instancias de uno de los abogados, el juez ahora a cargo del caso, Gerardo Fogliacco, interrogó al comisario inspector Julio Pioli actual titular de la Dirección de Investigaciones.

La causa, a pesar de los años transcurridos, se encontraba en sumario hasta que en las últimas horas la fiscal Puppo pidió el sobreseimiento de los encausados.

La instancia de noviembre fue a solicitud del abogado Alejandro Cerviño, defensor de uno de los policías procesados junto a Álvez y otras personas.

El 19 de julio de 2012, Cerviño había solicitado el sobreseimiento de José Luis González, uno de los policías procesados, al entender que no existían elementos que relacionaran a su cliente con el caso de contrabando de una camioneta Fiat Adventure.

El abogado sostuvo que su cliente fue procesado por encubrir el contrabando de un vehículo que no existe porque no fue decomisado.

En esa ocasión, la fiscal Brenda Puppo Grezzi interrogó a Pioli sobre las supuestas irregularidades constatadas en el expediente denunciadas por la defensa de González. El oficial respondió que no conocía el paradero de la camioneta.

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