“Legislación a repensar”, por José L. Rapetti Tassano

Hay alguna legislación nacional que en materia de tributación de vehículos invade las atribuciones constitucionales de los Departamentos. En los últimos años leyes nacionales vulneran la autonomía departamental y debiéramos repensarlas, inclusive derogarlas en lo pertinente. No podemos aceptar pasivamente la permanencia en nuestro sistema jurídico de normas que contradigan la esencia misma del sistema que nos rige.
Extraemos un par de casos que nos perjudican. Uno es de llamativa inconstitucionalidad se dio con la ley, la No. 18.456 del día 28 de diciembre de 2008. Precisamente esta fue una ley interpretativa del artículo 297 de la Constitución de la República, que se refiere a la fuente de recursos de los Gobiernos Departamentales que serán decretados y administrados por éstos. Si bien el artículo 85 numeral 20 de la Constitución confiere a la Asamblea General la competencia para interpretar la Constitución, esa autorización en el caso de esta ley fue rebasada ampliamente. En el caso, pasó a excederse el legislador nacional y en lugar de interpretar terminó modificando el contenido del texto constitucional referido. Modificó el espíritu, la propia concepción política que el artículo 297 de nuestra Carta Magna contiene, pues le atribuyó al Gobierno Central por esa “interpretación”, la competencia que el constituyente le consagraba a favor de los Gobiernos Departamentales. Se desconoció el concepto de las atribuciones claramente conferidas como el de Decretar y Administrar tributos, algo que fue señalado expresamente en un fallo de la Suprema Corte por el Ministro Dr. Jorge Larrieux, comentado por el Profesor Daniel H. Martins, referido a una acción por lesión de autonomía por esta Ley comentada. Por el artículo primero esa ley 18.456 le limitó la potestad tributaria a los Gobiernos Departamentales “geográficamente por los hechos generadores ocurridos en su propia jurisdicción”; esto no lo dice el texto constitucional y tampoco puede interpretarse que su espíritu fuera ese. Simplemente es contrario a la Constitución. Y por si fuera poco, en el artículo 2º. dice que referido a los vehículos de transporte (art. 297 numeral 6), “configurarán el hecho generador del tributo en el domicilio permanente de su titular”. Un invento total del legislador nacional, que además seguidamente lo mezcla el criterio de domicilio con “actividad laboral o interés económico”. Con esto último creó más confusiones que certezas.

LA POTESTAD TRIBUTARIA DEPARTAMENTAL. Es inequívoco el art.297 numeral 6) de la Constitución referido a la fuente de recursos tributarios sobre los vehículos de transporte. Gustavo Rodríguez Villalba en su obra “La Potestad Tributaria de los Gobiernos Departamentales”, dice que “la importancia de la fuente llevó al Estado en dos oportunidades a implantar un impuesto a los vehículos autopropulsados con motores que utilicen gas-oil como combustible (Impuesto a los gasoleros), desencadenando nuevos conflictos entre el Estado y los departamentos, que consideraron afectada su autonomía financiera por invasión de una fuente privativa”. Esa fue la ley 16.170 del 28 de diciembre de 1990, y el otro intento fue en 1995 sobre “la tenencia” de motores diesel”. Dice el citado autor que en la ocasión el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios se pronunció en contra de esa inconstitucionalidad. En el contencioso entablado, tanto por vía de acción de inconstitucionalidad como de la acción por lesión de la autonomía departamental, llegado el recurso ante la Corte, ésta acogió la demanda y declaró su inaplicabilidad. También en la Comisión respectiva de la Cámara de Representantes, el Diputado Dr. Álvaro Lorenzo, miembro informante, y los diputados David Doti Genta, Diego Guadalupe Brenna, y Arthur Souza, firmantes del informe en Minoría del 12 de noviembre de 2008, se pronunciaron decididamente en contra del proyecto de ley tal como luego quedó redactado en la ley citada. Estos dos, son antecedentes lejanos de intentos legislativos nacionales de invadir los fueros municipales para gravar indebidamente las fuentes genuinas de recursos de los Departamentos Pero en estos últimos años la apetencia centralista capitalina se incrementó agresivamente.

OTRA LEY INVASIVA, la No.18.860 del año 2011. Esta ley, al igual que las anteriores que afectan la potestad tributaria de los Departamentos, tienen casualmente el 28 de diciembre como día señalado para el Interior del País, creó el SUCIVE o sea un sistema único de cobro de impuestos vehiculares. Un sistema centralizado en Montevideo y fuera de la recepción natural y normal de los impuestos en las propias cajas de los Gobiernos Departamentales. Por el art. 2 de esta ley 18.860, “se autoriza” a los Intendentes dando cuenta a la Junta Dptal. a ceder los derechos de cobro de tributos y demás relativos a vehículos a favor del SUCIVE. Una primera precisión, es innecesaria e inocua expresión de que se autoriza a los Intendentes a tal o cual cosa, cuando los Intendentes para eso no necesitan autorización alguna en el cumplimiento de sus cometidos. Ceder sus derechos de cobro aunque están previstos en una ley anterior, la No. 17.556, con anuencia de la Junta Departamental y por mayoría especial, igualmente son innecesarios porque los términos en que está redactado el artículo 262 de la Constitución, que en el caso deroga la prohibición que al respecto establece la Ley Orgánica Departamental 9515 de 1935 en el art. 37, son absolutamente claros que esa cesión está incluida en la Constitución: “El Gobierno y la Administración de los Departamentos…. serán ejercidos por una Junta Departamental y un Intendente.” Estando obviamente comprendidos esos actos típicamente administrativos que emanan directamente de una disposición constitucional, superior a la ley. Según el Dr. Daniel Hugo Martins analizando esta Ley, se encuentra otra disposición que viola la Constitución. Ella es cuando dice que la adhesión al SUCIVE se hará por un contrato que tendrá “un plazo inicial de 15 años, prorrogables automáticamente por períodos iguales.”, agregando textualmente el Dr. Martins “es decir para siempre, salvo que otra ley disponga lo contrario”. El impuesto de patente de rodados quedará así, fuera los Gobiernos Departamentales y manejados por el poder central a través de la OPP y del MINISTERIO DE ECONOMÍA que componen una Comisión de seguimiento del cobro. Los Gobiernos Departamentales se eligen por 5 años, y aquí se ceden derechos de cobros de un tributo por 15 años y con prorrogas automáticas. Los futuros gobernantes departamentales quedarán con las manos atadas por esa disposición centralista. Para colmo se establece en la ley comentada, que “es voluntaria” ¿ ? la adhesión contractual al SUCIVE, lo cual no es cierto. Increíblemente el legislador nacional, además de inmiscuirse en la autonomía departamental, amenaza a los Gobiernos Departamentales, lo que además del autoritarismo y la prepotencia de establecer que si no acepta lo sanciona con la disminución de ingresos nacionales, como queda claro en su texto : “Los Gobiernos Departamentales que no se adhieran al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares ( SUCIVE) o incumplan cualquier elemento de los contratos correspondientes referidos en el artículo 2°, podrán acceder únicamente a los 6/10 (seis décimos) del monto que les corresponda de las partidas establecidas en cumplimiento de lo previsto en el artículo 214 de la Constitución de la República, procediéndose a la distribución de la fracción excedente entre los demás Gobiernos Departamentales”. Una inconstitucionalidad mayúscula al incursionar esta ley en las disposiciones del artículo 214 de la Constitución, el cual dispone la distribución de los recursos nacionales por Ley del Presupuesto Nacional y no por el de una ley común y arbitraria además.

CONTRATACIÓN BAJO PRESIÓN. Un contrato se celebra con 4 requisitos que exige el art. 1261 del Código Civil, Consentimiento, Capacidad, Objeto y Causa. El artículo 1269 del citado Código dice: “El consentimiento no es válido cuando ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo”. Aquí no estamos refiriéndonos a personas físicas, pero en todo caso la violencia es institucional, de fundamento arbitrario y de amenaza de sanción legal injustificada. Un momento triste de la armonía institucional del País, con algunas flaquezas en quienes debían salvaguardar los grandes principios de autonomía y de descentralización, más un acto desbordado de autoridad del legislador nacional accediendo a la voluntad y atropello del Poder Ejecutivo de la época. Otras disposiciones legales inconvenientes para los Departamentos podrán también ser revisadas y modificadas. Estas son solamente una muestra.

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