mieres

Por Pablo Mieres

Cada vez que visitamos cualquier pueblo pequeño del interior del país nos encontramos con que los habitantes tienen que “pagar para cobrar sus sueldos y jubilaciones” y “pagar extra para pagar sus cuentas”.

Insólito, ¿no? Pues es absurdamente cierto. Justamente en lugares vulnerables y de escasos recursos, el Estado les ha impuesto nuevas obligaciones que no hacen otra cosa que aumentar los costos para que los vecinos puedan cobrar sus ingresos y pagar sus cuentas.

Efectivamente, la semana pasada en Malabrigo y esta semana en Cebollatí, pero hace un tiempo en Blanquillo o en Pirarajá y podríamos seguir la lista. Siempre es la misma realidad, se obliga a sus habitantes a cobrar sus sueldos a través de una cuenta bancaria, pero no existe ninguna sucursal bancaria ni cajero automático donde esos ciudadanos puedan hacer efectivo el cobro de sus sueldos en el pueblo en que residen.

Entonces tienen que trasladarse cincuenta, sesenta o hasta cien quilómetros para encontrar un lugar en el que puedan hacer efectivo el cobro de sus haberes. ¡Tienen que pagar para cobrar! En Cebollatí, noreste del Departamento de Rocha, los trabajadores pierden un día entero de trabajo por mes para cobrar sus sueldos porque deben tomar un ómnibus para ir hasta Lascano o hasta el Chuy que, obviamente no pasa a cada rato, por lo que entre la ida y la vuelta se pierde la jornada laboral completa. Verdaderamente indignante.

Algo muy parecido pasa con los habitantes de Pirarajá que deben ir hasta Varela o los ciudadanos de Blanquillo que deben trasladarse hasta La Paloma de Durazno o Sarandí del Yí, o la gente que vive en Malabrigo que debe ir hasta San José de Mayo. Sólo algunos ejemplos que se multiplican a lo largo y ancho del país.

Otro tanto ocurre en muchos de estos pueblos para pagar las cuentas, no hay locales de cobranzas y apenas hay algún comercio local que tiene un POS para que los vecinos puedan usar sus tarjetas “obligatorias”.

Obviamente, en muchos de estos casos se generan situaciones indebidas de abusos por parte de algunos vecinos que se aprovechan de estas realidades y cobran comisiones por ir a pagar las cuentas de otros vecinos o por cobrarles el sueldo.

En definitiva, miles de compatriotas sufren los impactos del supuesto “progreso” que se impone haciendo “tabla rasa” con las realidades de un país que es, obviamente, diverso y heterogéneo en sus diferentes realidades.

Seguramente no es un buen negocio para las empresas financieras el ofrecer los servicios en esas localidades. Ciertamente, para un banco la instalación, no ya de una sucursal bancaria, sino de un simple cajero automático es una inversión a pérdida; para las empresas que poseen sus redes de locales de cobranzas tampoco debe ser un buen negocio instalar un local en estos pueblos pequeños.

¿A ninguno de los tecnócratas que, desde sus escritorios en el Ministerio de Economía en el centro de Montevideo, elaboraron esta normativa, se les ocurrió que habría dificultades evidentes para cumplir con lo exigido? ¿No es obvio que el Estado no debería exigir el cumplimiento de ciertas obligaciones si no ofrece la disponibilidad de los instrumentos para que se cumpla?

Se trata, en su gran mayoría, de vecinos con bajos ingresos, que viven en condiciones precarias, con pocos servicios y para los que los traslados exigidos son un costo relevante que afecta su nivel de vida. Muchas veces no pueden abandonar su localidad porque tienen personas a cargo. Hay trabajadores humildes y muchos jubilados de bajos ingresos. Por otra parte, por estar distribuidos en pequeños pueblos a lo largo y ancho del país, no están organizados ni pueden impulsar reclamos colectivos.

Resulta inaceptable que se mantengan este tipo de situaciones en el Uruguay de hoy. Acá existen dos alternativas; o se asume a pérdida, por parte del Estado, la provisión de los servicios que, por otra parte se exigen como obligatorios, o se exonera a los ciudadanos que residen en localidades que no cuentan con los servicios requeridos.

Como si fuera una broma, a la misma hora que visitábamos Cebollatí y nos contaban de estas circunstancias insólitas, nos llamaban desde Sarandí del Yí para informar que en ese mismo momento, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cuya oficina local compartía con el Banco de Previsión Social, había resuelto alquilar una oficina propia, pagando veinte mil pesos por mes. ¡Qué contradicciones! Por un lado no hay servicios financieros en los pequeños pueblos porque el Estado no puede asumir nuevos gastos y, al mismo tiempo, se resuelve un aumento de costos para diversificar locales en situaciones que, a todas luces, no parecen imprescindibles.

Paradojas de un funcionamiento estatal muy ineficiente e injusto con los ciudadanos.

Contenido publicitario