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En una exposición planteada la pasada semana, el edil frenteamplista Leonardo Delgado solicitó a la IDM que convocara de manera urgente a una comisión cuatripartita que se había conformado años atrás para tratar de solucionar un problema que, según dijo, afecta a numerosos promitentes compradores de terrenos en el barrio Maldonado Nuevo. Delgado aseguró que las gestiones que habían llevado adelante los gobiernos frenteamplistas sobre el tema parecen haber sido olvidadas y estimó que el dueño original de las tierras sigue estando en el centro de la cuestión.

“Hoy vamos a hablar de un tema que tiene una importancia tremenda para la bancada del Frente Amplio y más aún una gran importancia para los vecinos de Maldonado Nuevo, que viven una problemática en estos días, que la viven desde hace décadas, que es el tema que tienen con el propietario de la tierra”, comenzó. “Esa problemática viene de décadas. Allá por el año 1990 esta Junta Departamental conformaba una Comisión especial para tratar la problemática que vivían los vecinos, poniendo al empresario y al dueño de la tierra en el ojo de la tormenta. Después de un trabajo muy largo y un informe de esa Comisión, lo que ésta hacía era elevar a esta Junta Departamental su informe, que hablaba: de constituir una Comisión Preinvestigadora‒en ese momento‒, declarar de interés departamental la problemática que vivían los vecinos del barrio, enviarle toda la documentación al intendente de ese momento y que el intendente le solicitara a la Justicia la prohibición de la venta de las tierras mientras que el propietario de la misma no cumpliera con la Ley de Centros Poblados, ya que esta no se cumplía y se habían vendido las tierras violentando esa ley”, señaló.

Desistido

El edil dijo que luego “pasaron muchísimos años y, sorprendentemente y en forma silenciosa ‒diría yo‒, allá por el año 2000, precisamente en enero del 2000, el intendente de ese momento, Camilo Tortorella, y también un Gobierno del Partido Nacional, desiste de un juicio que tenía contra el empresario por la inversión que se había desarrollado por parte del Gobierno departamental en el fraccionamiento y en la urbanización de ese lugar. ¿Qué decimos con esto? Que mientras que el propietario seguía vendiendo ‒varias veces y a discreción‒ los terrenos a los vecinos de este barrio, el Gobierno departamental, a espaldas de esta Junta Departamental, le daba la prioridad y beneficiaba al empresario y al dueño de la tierra”, aseguró.

“Esta problemática, como decimos, viene de hace muchísimos años. Después se siguió tratando el tema, se siguió discutiendo, pasaron diferentes gobiernos y el tema quedó ahí. En el período anterior al gobierno del Frente Amplio habíamos tenido un avance muy importante, porque se había conformado una Comisión cuatripartita donde estaba el abogado de la empresa representando al dueño de la tierra; estaba la Comisión de Viviendas de esta Junta Departamental; estaba la Dirección de Desarrollo Social y Vivienda de la Intendencia ‒en varias oportunidades participó la propia intendente, Susana Hernández‒; en su momento, cuando se constituyó la Comisión, vino la Comisión Nacional de Derechos Humanos y estaba la Comisión de vecinos del barrio”, explicó.

El legislador aseguró que en ese entonces se buscaba “acercar a las partes y llegar a un acuerdo entre los diferentes actores. ¿Por qué? Porque aunque es un tema entre privados ‒ya lo hemos escuchado en diferentes oportunidades, como hemos escuchado al director de Desarrollo Social el otro día en la Comisión de Viviendas, que también decía que era un problema entre privados‒, es un tema complejo para la sociedad”, señaló.

Notificados

Delgado indicó que muchas familias que habitan el barrio “vienen desde hace muchísimos años teniendo una incertidumbre. Hay familias que pagaron más de U$S 20.000 nos decían, y hoy les llegó una notificación de una deuda de $1.158.000. Entonces, esa problemática que tienen los vecinos de Maldonado Nuevo, que en el período anterior se había logrado avanzar, que había cifras arriba de la mesa… Y uno podrá decir ‒como decían algunos‒ que las cifras que daban los promitentes compradores era muy baja y otros podrán decir ‒aseguramos‒ que la cifra que dio el propietario de la tierra en ese momento era muy alta y excesiva para el alcance de los vecinos, pero lo cierto es que había cifras arriba de la mesa, que la mesa de negociación estaba y se estaba discutiendo”, afirmó.

Asimismo, dijo que “en ningún lugar decía que esa mesa cuatripartita caía con el período de gobierno”, por lo que daba por hecho que aún existe. “Si no es así, queremos que se nos comunique. La única forma de que esta Comisión no siguiera funcionando era porque alguna de las partes se bajara de la negociación o porque se solicitara y se acordara entre ambas partes y se diera por finalizada la misma”, afirmó. “Ese funcionamiento lo estaba llevando adelante la Intendencia Departamental, que era la que convocaba. Queremos que se convoque nuevamente, porque los vecinos están siendo intimados. Además de eso, en la mesa de negociación y mientras la cuatripartita estaba funcionando, lo que se había acordado entre las partes era que si había mesa de negociación no se notificaba ni se intimaba a los vecinos. Evidentemente, presidente, lo que vemos hoy con estas notificaciones, y siendo que hace un par de meses llegaron otras notificaciones a los vecinos, es que hay un incumplimiento por parte de la empresa, porque la Comisión existe, aunque no se haya convocado en estos meses que pasaron ni esté convocada para estos días, pero existe de hecho”, destacó.

“Lo que estamos planteando ‒y se lo solicitamos al intendente departamental y al director del Área de Desarrollo Social y Vivienda‒ es que se convoque rápidamente y de forma urgente esta cuatripartita, estableciéndose nuevamente las reglas claras de cómo va a funcionar la misma. Desde la bancada del Frente Amplio planteamos que no puede ser que haya una mesa de negociación y se intime a los vecinos, que se los notifique y que se los siga utilizando y poniendo de rehenes por un problema anterior que tuvo la empresa con la Intendencia y la Intendencia con la empresa, cuando las dos partes desistieron del juicio (…) en enero del 2000”.

Delgado insistió en solicitar “que se convoque de forma urgente esta Comisión cuatripartita” y aseguró que algunos ediles de la bancada del Partido Nacional “están de acuerdo” con esa solicitud.

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