Los cuatro miembros de la Armada Nacional y el civil que fueron formalizados por robo de combustible para vender a particulares vinculados al narcotráfico no tenían contacto con los traficantes de drogas, aseguró la fiscal del caso. Además, de los cuatro militares dos eran más activos que otros, un marino de iniciales L.A.G, y un Sub Oficial L.E.M.V, según dijo el pedido de formalización elevado por la fiscal Ana Dean. Ambos fueron oídos conversando en múltiples ocasiones sobre cómo sustraer el combustible y colocarlo entre los clientes. Los efectivos señalaban a sus subordinados la forma de registrarlo. Ambos trabajaban en la base aeronaval Capitán Carlos A. Curbelo. Hasta ahora no se pudo probar que tuvieran vínculos directos con alguna organización de narcotraficantes, pero les habrían vendido miles de litros de combustible robado a intermediarios.
Los marinos infieles registraban una mayor carga de combustible de la que efectivamente realizaban a los vehículos de la Armada; luego alteraban los medidores. Lo robado se comercializaba dentro y fuera de la base.
La maniobra fue planeada en principio por un marino ya fallecido. Los ahora involucrados simplemente “heredaron los clientes”, cuando los llamaron para seguir comprando como lo estaban haciendo. En sus diálogos telefónicos con la clientela usaban el término “jugo azul” para designar a la nafta para aviones. Por lo general cada compra rondaba los 700 litros.

Larga Data
Un tercer militar actuaba como chofer y llevaba camiones con combustible al interior del país y lo entregaba a los clientes. Esos tres efectivos fueron acusados de un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración con un delito continuado de peculado.
Un cuarto militar admitió que en varias oportunidades adquirió gasoil para su propio vehículo a $ 25por litro. Otras veces cargaba combustible a vehículos de la Armada pero registraba una carga mayor. La diferencia la vendía por su cuenta. Lo acusaron de un delito continuado de peculado.
El civil fue acusado de receptación y deberá cumplir prisión domiciliaria. Según la fiscal, “no hay ninguna evidencia” de que los militares o el particular “estuvieran vinculados a las organizaciones” de venta de drogas. “Sí estaban relacionados con intermediarios”, indicó.
El caso se estaba investigando desde el mes de junio de 2019. En ese entonces, la Dirección General de Represión al Tráfico ilícito de Drogas recibió información confidencial relacionada a que funcionarios de la Armada Nacional estarían realizando la logística y facilitando el acceso al combustible a una organización criminal de transporte y comercialización de sustancias estupefacientes. El grupo criminal ingresaba drogas al país a través de avionetas que descendían en un campo ubicado en el departamento de Salto por Ruta Nro. 3 a unos 5 Kilómetros antes de llegar a las termas del Dayman. El destino final de la droga era la ciudad de Montevideo.
“En virtud de ello, la referida Unidad solicitó la aplicación de medidas de Vigilancia Electrónica sobre las personas indicadas como responsables de la maniobra, las cuales fueron autorizadas por la Fiscalía de estupefacientes de Montevideo 2do Turno y el Juzgado Especializado en Crimen Organizado de 3er Turno”. Así se pudo determinar que había comunicaciones con funcionarios de la Armada Nacional que trabajaban en la Base Aéreo Naval Nro. 2 Capitán Curbelo ubicada en Laguna del Sauce.
“Si bien no se logró establecer conexión directa entre los funcionarios militares y las organizaciones relacionadas al tráfico ilícito de estupefacientes, se pudo constatar que se comercializaban miles de litros de combustible (fundamentalmente nafta de avión) a particulares presuntamente intermediarios. de Laguna del Sauce”, dijo la Fiscalía.

 

Defensa investiga el caso en Laguna del Sauce

El subsecretario de Defensa, Andrés Berterreche, informó ayer que apenas se supo la operativa ilegal que se desarrollaba en la base aeronaval de Laguna del Sauce, la cartera dispuso una exhaustiva investigación administrativa, cuyos resultados habrá que esperar antes de emitir declaraciones. Se actuará con mano firme, adelantó.
“No apuremos los resultados, veamos qué es lo que sale y ahí sí, sin que nos tiemble la mano, tomaremos las decisiones hasta las últimas consecuencias”, señaló. “Evidentemente, o fallaron los controles o alguien hizo que los controles fallaran, o ambas cosas, y para cada una de esas situaciones habrá que tomar las medidas correspondientes”, manifestó.
El jerarca dijo que se investigará a todo el que pueda tener relación con los hechos cualquiera sea su rango. “Está claro que la formalización es al personal subalterno, pero, en estos casos, todo el que esté vinculado al procedimiento del combustible de la base será investigado”, señaló. “Puede haber muchas responsabilidades, dejemos que la investigación administrativa laude, creo que la investigación judicial determinará algunos resultados que nos permitirán ver bien el grado del dolo y tomar las acciones correspondientes”, concluyó.