martillo

Otro fallo reciente del Poder Judicial obligó al Ministerio de Salud Pública a entregar un fármaco a un paciente del departamento de Maldonado que sufre un cáncer terminal. El Tribunal de Apelaciones de sexto turno confirmó el pasado 28 de enero un fallo en primera instancia que obligó al MSP a suministrar de forma obligatoria el fármaco denominado Acetato de Abiraterona cuyo nombre comercial es “Zityga”.

El fallo señala que “el paciente es portador de neoplasma de próstata con secundarismo óseo, de carácter progresivo e incurable. En el año 2013 ya estaba siendo tratado con hormonoterapia, llevándose adelante con diversas drogas. En el año 2015, los exámenes clínicos constatan secundarismo óseo, recomendándose como la alternativa terapéutica más idónea para el caso del paciente, el acceso al referido medicamento. El fallo en primera instancia fue apelado por los abogados del Ministerio de Salud Pública. El ministerio entiende que no se configura manifiesta ilegitimidad de la administración, y porque no es su competencia el proveer directamente medicamentos. Aseguró que no es procedente desconocer que la actividad del MSP para la inclusión de un medicamento debe darse de acuerdo a lo establecido en los decretos respectivos y debiendo en todo caso cumplir eficiente cada uno de los pasos. Afirmó que en aplicación del principio de sustentabilidad, la ley ha establecido que los prestadores de salud públicos y privados, sólo están obligados a proveer los medicamentos y los procedimientos técnicos incorporados en sendos listados mínimos, incluidos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos. En cumplimiento del referido principio de sustentabilidad, mediante el que se salvaguarda la obtención y el mantenimiento del nivel más alto de salud individual para el colectivo de personas que habitan el país, nivel más alto que sea posible de acuerdo a los recursos disponibles, los que deberán ser utilizados con criterios de razonabilidad que optimicen su eficacia y eficiencia, es que, en ejercicio de sus competencias reglamentarias el Poder Ejecutivo ha dictado los Decretos, en base a los que, en cumplimiento a su vez, de sus funciones de rectoría del sistema, el MSP, ha implementado los procedimientos de incorporación de nuevos medicamentos al FTM”.

Para el magistrado “no hay duda que el derecho a la salud y dentro del mismo, el derecho al acceso a los medicamentos garantizado constitucionalmente del actor no se conculca, ni se viola con la negativa al suministro del mismo, ya que se encuentra fuera de la protección mínima que la Constitución debe garantizar y, tampoco se conculca su derecho a la protección de la salud garantizado legalmente porque el mismo no se encuentra dentro de las prestaciones de salud establecidas por la Ley. Se solicita así la revocación de la recurrida”.

 

Fallo

El Informe Pericial expedido por el Médico Especialista en Oncología Médica Dr. Lyber Alejandro Saldombide concluyó luego de sus consideraciones que “por tanto, es ajustada la indicación del tratamiento en éste paciente con la droga Acetato de Abiraterona (Zytiga) que ha demostrado en el estudio clínico pivotal mejorar la sobrevida libre de progresión, disminuir el riesgo de deterioro del estado general y disminuir el riesgo de muerte; en este paciente diseminado. El citado fármaco no se encuentra incorporado al Formulario Terapéutico de Medicamentos “Este Tribunal, en su unanimidad, no entiende de recibo por qué el MSP necesita tomarse tanto tiempo y actuaciones protocolares, cuando en el caso de obrados la necesidad para el paciente del medicamento involucrado surge demostrada, y no se ha podido controvertir la información. Si el MSP, encargado de velar por el bienestar físico y mental de los habitantes de la República, no desmiente que el medicamento ACETATO DE ABIRATERONA es la alternativa terapéutica válida para el paciente, sólo cabe afirmar que su conducta remisa en colaborar para suministrar al actor el medicamento que necesita le restringe en forma ostensiblemente ilegítima chances de salud, afectándole derechos sagrados de su personalidad humana como son los derechos a la salud, a la vida, a la dignidad y calidad de vida y a la seguridad, todos de raigambre constitucional y dentro del bloque de derechos (vale la pena reiterarlo). La Cartera demandada no puede, so pretexto de aspectos administrativo que ella misma regula y reivindica, limitar con su conducta opositora derechos constitucionales como lo son los derechos a la Vida, a la Dignidad y a la Calidad de Vida de sus habitantes. No posee la demandada la discrecionalidad de decidir cuándo y en qué casos prestará la asistencia a la cual está obligada constitucionalmente y en cuáles no. De admitirse lo contrario legitimaríamos la notoria violación de disposiciones de la Carta Magna que protegen en forma directa los derechos mencionados. Por ello no podemos detenernos, en un procedimiento urgente donde se debaten los derechos de un paciente que no puede disponer de tiempo, a ver si el medicamento se encuentra o no en las primeras etapas de evaluación o a esperar cuánto necesitará la Cartera demandada para tomar una decisión sobre el punto. No es necesario, cuando ya hay toda una trayectoria científica y de administración que recoge el Informe Pericial avalando el ACETATO DE ABIRATERONA para el paciente y declaraciones en Audiencia), cuyas consideraciones y conclusiones no se ha discutido conforme a la normativa usual, animando a apoyar el pronunciamiento judicial sobre ese dictamen).

 

“Grosera ilegitimidad”

“En rigor de verdad, no existe en el criterio del Tribunal razones científicas ni administrativas serias que no justifiquen la aplicación del medicamento mencionado en el caso concreto del paciente demandante, máxime cuando es (y fue demostrado que lo es) una alternativa terapéutica válida. La omisión o el retardo del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA podría implicar aparte de responsabilidad estatal (arts. 24 y 25 de la Constitución Nacional), una grosera ilegitimidad contra la cual el Amparo debe tutelar (arts. 1º y 2º de la Ley No. 16.011)”, sostiene el fallo.

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