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La decisión de la Justicia, que ordenó finalmente el desalojo de más de 1.000 personas que se instalaron años atrás en un predio privado ubicado al norte de la capital fernandina, genera una situación de difícil solución. Hasta la hora 10 del próximo jueves 19 no se sabrá si las autoridades competentes se atreverán a dar cumplimiento a la sentencia del Poder Judicial.

El dilema es grande. Por un lado está la duda de si se debe o no acatar la sentencia de un juez que ordena el desalojo. Por otro lado, es obvio que el hecho de llevar adelante dicha resolución puede derivar en una situación social de impredecibles consecuencias. Por otra parte, se verá cómo puede ser afectado el derecho de propiedad en una zona donde buena parte de los inmuebles están en manos de extranjeros.

José Sosa, vocero de los vecinos residentes en los dos terrenos privados del asentamiento “Los Eucaliptus”, aseguró el domingo que en ese lugar viven más de mil personas. “Nosotros no decimos que vamos a resistir el desalojo. Lo que decimos es que le damos mucho valor a lo que pueda ocurrir en estos días que nos quedan hasta el 19 de noviembre”, señaló. La abogada de los vecinos presentará una nota para tratar de conseguir una prórroga del lanzamiento.

La información, conocida por jerarcas judiciales, policiales y municipales, provocó un sonoro silencio. Nadie quiere hablar sobre el tema. Menos explicar de qué forma se resolverá el problema.

Multitudes

El hecho de que más de un millar de personas, entre ellas una enorme cantidad de niños, queden sin techo y deambulen por la zona aterroriza a los jerarcas.

También preocupa la hipotética situación de que los desalojados salten al predio municipal habitado por unas 1.400 familias asentadas desde hace una década atrás.

El jefe de Policía de Maldonado, Erode Ruiz, declinó formular comentario alguno al ser consultado sobre el tema. Empero, el máximo jerarca policial, sobre quien recae la tarea de auxiliar a la alguacil del juzgado que deberá llevar adelante el lanzamiento, aseguró que no fue notificado de forma oficial de la resolución del juzgado de paz departamental de 1º Turno de Maldonado.

La propia alguacil del juzgado que debe llevar adelante el lanzamiento se encuentra gozando de su periodo de licencia anual y se estima que no estará en funciones el 19 de este mes.

Un procedimiento de esta magnitud deberá ser llevado adelante por una gran cantidad de efectivos dispuestos a enfrentar la resistencia de los desalojados.

La sentencia

Más allá del silencio de Ruiz sobre la forma en que la Policía colaborará con el Poder Judicial existe una profunda preocupación en mandos y personal subalterno de la fuerza policial. El simple hecho de tener que desalojar por la fuerza a 600 personas que viven en precarias viviendas será de por sí muy difícil, especialmente cuando se sabe que no tienen medios de procurarse otro lugar para vivir.

Desde el poder político se espera que a último momento ocurra algo que frene el lanzamiento de las más de seiscientas personas. Ese “algo” pasa por la eventual negociación que lleve adelante el propietario del terreno, que reside en el exterior, con las autoridades locales.

Un político, con responsabilidades de gestión, aseguró que el predio por más que sea desalojado deberá convivir con el enorme asentamiento “Los Eucaliptus”, lo que en los hechos deprimirá su precio. “Nadie en su sano juicio puede comprar un predio para construir su casa con semejante vecino”, aseguró el dirigente político.

De todas formas, el propietario del predio tendrá la posibilidad de demandar al Estado por una multimillonaria cifra si no se cumple la sentencia del Poder Judicial. La firma propietaria de los terrenos ya recurrió a la Justicia. En el año 2014 presentó una denuncia penal por usurpación en una comisaría de Maldonado. La denuncia no tuvo andamiento. Luego hizo lo propio en uno de los tres juzgados con competencia penal existentes en Maldonado. Tampoco tuvo suerte. La denuncia fue archivada.

“La Republicana y algo más”

Desde el Poder Judicial sostienen que no hay antecedentes en la materia, tanto por la cantidad de familias involucradas como por el enorme riesgo que conlleva el cumplimiento de una sentencia judicial. Existe el temor de que las familias una vez desalojadas se pasen al terreno lindero municipal o que invadan otros predios de la zona.

Fuentes policiales consultadas por Correo de Punta del Este no ocultaron su preocupación por el hecho. “Vamos a tener que traer a todo el regimiento de la Guardia Republicana y alguna cosita más”, comentó un alto oficial de la Policía de Maldonado. Ocurre que ya hoy día los móviles policiales que ingresan al asentamiento son generalmente objeto de ataques a pedradas e insultos. Los efectivos también son víctimas de ataques físicos. “Es un asentamiento muy difícil”, indicó la fuente policial.

Los terrenos a desalojar

El fallo del magistrado, hoy en otra sede judicial del país, fue dictado en el expediente caratulado “Erosur SA c/padrones 2562 y 2563. Medidas preparatorias”. Ambos predios son propiedad de una firma, cuyo accionista es un ciudadano uruguayo residente en España. El pedido de lanzamiento fue solicitado el año pasado.

En los padrones 2562 y 2563, que limitan al norte con la avenida Luis Alberto de Herrera de la capital departamental, un censo elaborado en octubre del año pasado por orden del juez determinó que había 138 familias. No obstante, fuentes que conocen la problemática del asentamiento aseguraron que desde la fecha la cantidad de familias que se afincaron en ese lugar aumentó casi al doble. Las mismas fuentes entienden que en el predio donde debe ejecutarse la sentencia hay más de mil personas residiendo.

De acuerdo a los datos del expediente, la mayor parte de las familias tienen muchos hijos, no tienen otro lugar para ir a vivir y se encuentran en una precaria situación económica. Hay familias colombianas, paraguayas y compatriotas de distintos departamentos, en la mayor parte de Artigas y Rivera.

El padrón 2562 tiene una superficie de 140.367 metros cuadrados y es donde se encuentra la totalidad de las familias asentadas que serían desalojadas el día 19.

El padrón 2563 tiene una superficie de 67.216 metros cuadrados y en la actualidad no tiene ocupantes.

Al este, estos dos padrones limitan con el predio municipal hoy ocupado por alrededor de 1.400 familias que conforman el grueso del conocido asentamiento “Los Eucaliptus”.

La ocupación de estos predios comenzó a partir del año 2014 cuando el terreno propiedad de la Intendencia de Maldonado, contiguo a los mismos, fue desbordado por más de 1.400 familias asentadas en el mismo. Las imágenes de Google Earth demuestran que en el año 2005 ni estos dos padrones, ni el predio municipal hoy transformado en el asentamiento “Los Eucaliptus, estaban ocupados. El proceso comenzó a gestarse en el año 2007 cuando en el predio municipal fueron alojadas veintiséis familias que se encontraban en situación de calle. El asentamiento tomó, en principio el nombre del secretario general de la intendencia de Maldonado, Gustavo Salaberry. Luego fue conocido como “asentamiento Los Eucaliptus”. Esas familias fueron ubicadas en casas de madera elaboradas por la ONG “Un Techo para mi país”.

 

 

 

 

 

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