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Por Pablo Mieres

Esta semana la Cámara de Diputados resuelve si investigará los negocios con Venezuela y, en particular, la participación de la empresa Aire Fresco S.A. en esa actividad.

A mitad del año pasado se informó que había una empresa que intermediaba en muchos de  los acuerdos comerciales que nuestro país llevaba adelante con Venezuela. Según la información difundida, la empresa Aire Fresco S.A. era la comisionista en negocios de  exportación o importación hacia ese país. Una empresa sin antecedentes en esta actividad que nace e inmediatamente se convierte en intermediaria principal de esos negocios.

El primer elemento que genera suspicacia es que los directivos de Aire Fresco S.A. son conspicuos dirigentes o militantes del Movimiento de Participación Popular y que alguno de ellos forma parte del círculo más cercano del ex Presidente, José Mujica.Ya entonces las cosas comenzaron a tener otro color y otra preocupación.

José Mujica salió presuroso a justificar la actividad de Aire Fresco S.A. diciendo que la intermediación comercial y el cobro de comisiones por tal concepto es una actividad lícita y legítima. Sorprendió que el ex Presidente saliera tan rápidamente a explicar, lo que de por sí daba por cierto, es decir que existía una efectiva vinculación entre los empresarios y Mujica. Es más, el actual diputado Placeres (que no lo era en el período anterior) tiene contabilizado un verdadero record de visitas a Caracas en los últimos años.

Lo que dijo Mujica sobre la legitimidad y licitud de la actividad de intermediación comercial es correcto. Sí, es correcto siempre y cuando no medie un vínculo gubernamental que direccione indebidamente los negocios hacia esa empresa.

Es decir, la actividad es lícita en su contenido material, pero si se incorpora el elemento subjetivo de que una autoridad gubernamental le entrega el negocio a una empresa concreta en forma discrecional y arbitraria, la licitud se convierte en ilicitud y esa actividad de intermediación se convierte en un ejercicio evidente de corrupción.

Para decirlo más claro, ya era sospechoso que una empresa dirigida por dirigentes y militantes del sector del Presidente de la República participara en forma relevante de buena parte de los negocios con Venezuela que se realizan de Estado a Estado. Pero si, además, el Presidente había realizado alguna acción específica para direccionar los negocios a favor de esa empresa, habría incurrido en un delito. Ineludiblemente.

Pues bien, existe documentación fehaciente que indica la existencia de esta vinculación espúrea y, a todas luces, ilícita. En efecto, las actas de los acuerdos firmados entre ambos gobiernos durante el mandato de José Mujica, que son públicas y están disponibles en Internet, incluyen con nombre propio a la empresa Aire Fresco S.A. e, incluso, su principal directivo aparece firmando uno de los convenios en los que se establecen vínculos comerciales entre ambos Estados. Único convenio que no firma ninguna autoridad de gobierno sino un empresario privado.

Es decir que el Presidente José Mujica otorgó, indebidamente, a los representantes de Aire Fresco S.A., la representación del Estado uruguayo para firmar convenios con el Estado venezolano, de los que se beneficiarían por la actividad de intermediación.

Esto es inédito en nuestra historia y es de una enorme gravedad. No hay duda de que el Parlamento debe investigar estos manejos que ponen un gran signo de interrogación sobre eventuales responsabilidades penales que podrían alcanzar al propio ex Presidente.

Los negocios con Venezuela siempre tuvieron aspectos poco claros. De eso no hay duda. Pero el otorgamiento “a dedo” de una actividad empresarial de intermediación a un grupo de amigos políticos por la que seguramente estos obtuvieron enormes ganancias, es un hecho que tiene toda la apariencia de la peor corrupción.

El círculo, además, se completa cuando se presenta documentación que prueba que Aire Fresco S.A. contribuyó con la campaña electoral del MPP y obliga a una investigación de la actividad financiera y bancaria de esa empresa, para conocer hasta dónde ha existido la contribución empresarial al grupo partidario del ex Presidente.

No se puede dejar pasar. Nosotros votamosla solicitud de formación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados que está muy lejos de ser un show. Al contrario, lo que parece una “tomadura de pelo” a la ciudadanía es el desborde del ejercicio abusivo del poder por parte de quien gobernó en el período reciente.

En estas cosas hay que ser muy firmes y enérgicos. Se dice que Uruguay es diferente en cuanto a la corrupción política, pero estas cosas son las que ponen signos de interrogación sobre la transparencia existente.

La Cámara de Diputados votará a favor o en contra de esta denuncia, al momento de escribir estas líneas no lo sabemos, pero lo que es irreversible es la investigación de estos hechos, puesto que el tema está en la Justicia y esta avanzará en la correspondiente investigación. Afortunadamente estamos en un país en el que existe independencia del Poder Judicial, garantía de democracia y protección de los derechos de los ciudadanos. Confiamos en ella.

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