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Por Pablo Mieres

El gobierno anunció un aumento promedial del 8% en las tarifas públicas a partir del 1º de enero, es decir que están en línea con el aumento del IPC. En algunos entes un poco más, en otros un poco menos.

¿Cuál es la idea? Muy simple y sencilla. Ajustar de acuerdo a la inflación. Con independencia de los resultados y de la situación de cada empresa pública. La idea es recaudar para enfrentar un déficit fiscal que sigue muy alto y que, obviamente, es lógico que siga muy alto por cuanto no hay un impulso serio para su restricción o reducción.

¿Cómo se ataca el déficit fiscal? Como siempre. Pegando en el bolsillo de los ciudadanos y en la competitividad del aparato productivo del país. No hay un solo anuncio de reducción de gastos, ninguna medida, aunque sea simbólica, de que el problema también es el alto nivel del gasto público y su evidente ineficiencia.

Es más, es tan indecoroso todo esto, que el día anterior al anuncio del aumento de tarifas, ANCAP con total desparpajo informó que este año perderá 25 millones de dólares en el ruinoso negocio del cemento. Y como si fuera poco, informó que aún no tenía ninguna propuesta concreta para reducir semejante agujero que ya lleva más de una década de pérdidas millonarias y continuadas.

Para este gobierno el gasto del Estado no se toca. Es una constante que hay que abatir con incremento de recursos, y estos provienen del aumento de impuestos y tarifas. Toda la cuenta la paga el ciudadano que es, por cierto, el menos responsable de la situación.

Veamos algunos casos que rompen los ojos.

El aumento de la UTE está muy por encima del incremento de sus costos, por lo que la cifra fijada es directamente una forma de incrementar los ingresos de Rentas Generales.

El aumento de ANCAP es realmente vergonzoso. Hace dos años que el precio del combustible se fija por encima de la paramétrica que el propio ente ha establecido para determinar el precio de este insumo. Es más, desde hace dos años ANCAP cobra un sobreprecio para intentar abatir el enorme agujero que quedó luego de la gran fiesta de los años anteriores. Como no alcanza, también se ha atacado al sistema de distribución del combustible, afectando a las distribuidoras y a las estaciones de servicio; nada alcanza. Y, mientras tanto, muchos de los responsables del desastre siguen cobrando jugosos sueldos gerenciales como si nada hubiera pasado.

En OSE todos sabemos que hay una situación de descalabro. Por eso no sólo se aumenta la tarifa sino que también se agrega un incremento en el cargo fijo por conexión. Otra vergüenza; no hay una sola medida de ajuste o austeridad en el funcionamiento de ese ente del Estado.

Pero, además, este año el ajuste tarifario coincide con el aumento de impuestos. De manera que en febrero de 2017 los uruguayos asistiremos a un doble ajuste fiscal que impactará duramente en los bolsillos de cientos de miles de hogares, particularmente de clase media. Pero no sólo de clase media, porque el anunciado aumento de tarifas adelantará, como ocurre generalmente un aumento en cadena de los precios de los servicios y productos en general.

Como bien se sabe, los aumentos en las tarifas públicas tienen un impacto muy fuerte sobre la construcción de los precios de todo el aparato productivo nacional y, por lo tanto, también afectará nuestra competitividad a nivel del comercio internacional. Nuestros productos se encarecerán y habrá mayores dificultades para colocarlos en los mercados internacionales.

Los aumentos salariales y jubilatorios del 1º de enero se esfumarán, por lo que cientos de miles de compatriotas sufrirán una afectación de su poder adquisitivo. Y este impacto no sólo afecta a asalariados y jubilados, también a los trabajadores por cuenta propia y a los empresarios pequeños porque comenzará a regir un nuevo sistema de imputación del sueldo de los patrones y reducción y tope de ciertas deducciones.

Mientras tanto, el gobierno seguirá actuando con total falta de preocupación por los notorios y evidentes despilfarros del sector público. La reforma del Estado y de las empresas públicas está totalmente ausente de la agenda gubernamental y todo indica que así será hasta el final del período de gobierno. De nada valió el escándalo de ANCAP y la enorme cantidad de recursos que se llevó. Este gobierno no tiene un solo impulso reformista, carece de entusiasmo, vigor y convicción para llevar adelante cualquier cambio.

Entonces, pagan los ciudadanos. Como dice Tomás Linn, pagan los “nabos de siempre”. La sensación de agotamiento del proyecto y del modelo es cada vez más fuerte e insoportable. Nada, ni una sola idea novedosa, importante, diferente.

El mismo libreto desde hace más de una década con una sola variante: ahora no hay tanta opulencia como en el pasado, por lo que los errores y la inercia se notan mucho más.

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