Varias organizaciones ambientalistas que este domingo se reunieron en la plaza principal para protestar por el estado del agua potable aseguraron que el gobierno no cumple con “casi ninguno” de los mandatos constitucionales que ordenan la protección del agua como un bien común. Por lo demás los manifestantes emitieron una proclama en la que exigieron a la OSE, el Ministerio de Medio Ambiente y los actores políticos que comuniquen “claramente el actual y verdadero estado del agua en Maldonado”. Los activistas también reclamaron que la UGD alerte “sobre los potenciales peligros” del agua “a la salud humana” y solicitaron que se prohíba el uso de productos agrotóxicos en torno a la Laguna del Sauce.
La movilización del domingo fue organizada por cuatro grupos: Maldonado por la Tierra y el Agua; Peri Maldonado; Coendu (Conservacion Especies Nativas del Uruguay) y Pensando en Verde, que adhirieron a la celebración del Día Internacional del Agua.
La proclama leída en la ocasión recordó que “el agua potable es escasa en nuestro planeta. Del total del agua existente, solo el 2,5 % es dulce, estando la mayoría de esta en los casquetes polares. Solamente una parte mínima de ella está disponible. Como personas, debemos hacer un uso responsable de este recurso, que es finito y necesario, sabiendo que muere gente debido a la falta de acceso y eso nos hace ser aun más conscientes de su enorme valor”, indicó el documento.
Uso adecuado
Los ambientalistas proclamaron que “la humanidad es responsable de la degradación que sufren los recursos hídricos, por lo tanto es función de todos nosotros velar por ella, usándola adecuadamente, educando desde casa y haciéndonos cargo de que es un problema de todos”. Asimismo, afirmaron que a pesar de que la población uruguaya se pronunció a favor de que el estado tomara la protección del agua bajo su ala, el mandato no se está cumpliendo.
“En nuestro país, el agua está protegida constitucionalmente. Esta protección es un caso único en el mundo, ya que no fue una ley votada por legisladores en un parlamento, sino que fue la ciudadanía uruguaya quien la hizo realidad en el histórico plebiscito del agua del año 2004. En ese plebiscito, los uruguayos dijimos que el agua es un recurso fundamental para la vida, que el acceso al agua potable es un derecho humano, que debíamos tener una política de aguas que conservara y restaurara el Medio Ambiente. Establecimos en nuestra Constitución que la gestión del agua debía ser solidaria con las futuras generaciones, y que deben anteponerse las razones de orden social a las económicas. También establecimos que el manejo del agua no puede quedar en manos de privados”, recordó el escrito.
Sin embargo, sostuvo que “hoy en día, no se cumplen casi ningunos de estos mandatos constitucionales. Los episodios recientes de agua contaminada con microalgas en Maldonado y en Montevideo, la mortandad de peces en el Río de la Plata, son apenas los signos más visibles de una situación de contaminación generalizada que afecta nuestro vital recurso en el departamento y en nuestro país”, agregó.
Impactos sensibles
Los manifestantes agregaron que “nuestras cuencas hídricas están a punto de colapsar, amenazadas por un modelo de agronegocios concentrador y excluyente, así como por una política de extractivismo primario en general. El crecimiento de la agricultura empresarial de monocultivos transgénicos y de la mal llamada forestación, impactan sensiblemente sobre las cuencas, la disponibilidad y calidad del agua dulce superficial y subterránea. El uso indiscriminado y creciente de agrotóxicos, ha repercutido en la contaminación de las fuentes de agua para la población urbana y rural. Por si fuera poco, a esta enorme presión se le suma la gigantesca amenaza de la megaminería y del fracking, afectando ni más ni menos que el mayor reservatorio de agua dulce del planeta, el acuífero Guaraní”, dijo la proclama.
“Los pueblos tenemos el derecho de determinar los modos de vivir que deseamos. Decidir colectivamente los usos y cuidados que queremos darle a nuestras aguas es vital para viabilizar los proyectos locales y definir la cultura que debemos generar para que sean posibles. Exigimos entonces una revisión inmediata del modelo de desarrollo agroalimentario, forestal, energético y minero que se ha impuesto en nuestro territorio, para evaluar entre todos rigurosamente los costos y beneficios que este está trayendo a nuestras regiones, al país y al planeta”, sostuvo el escrito.
Por otra parte, los exigieron “que el gobierno nacional, la OSE, el MVOTMA y toda la clase política se comprometan a comunicar claramente el actual y verdadero estado del agua en Maldonado, y alerten sobre los potenciales peligros hacia la salud humana que implica su consumo. Exigimos también al gobierno nacional y departamental aplicar las políticas que sean necesarias para asegurar la potabilidad del agua y la salud de la gente, sabiendo que esto implica inexorablemente poner en segundo plano los intereses de agroempresarios que tienen sus instalaciones contaminantes al lado de la Laguna del Sauce”, concluyeron.
Los ambientalistas se manifestaron “por una política del agua inclusiva y transparente, al servicio de las comunidades” y “por una protección inmediata y efectiva de nuestras cuencas”. “No a los agrotóxicos en nuestros ríos; no a la megamineria; no al fracking”, arguyeron.
