La edil colorada Rosario Borges aseguró el pasado martes 12, en la sesión del legislativo comunal, que los vecinos de Garzón y José Ignacio han manifestado su preocupación por la proyectada construcción de un gran hotel y un complejo turístico de enormes proporciones que se ha proyectado en la zona. Se trata dijo, de “un emprendimiento de lujo en la zona de José Ignacio, sobre la Laguna Garzón” que se levantaría “sobre el quilómetro 189 de la Ruta 10, con vista al mar”. Sin embargo, la edil destacó que ese proyecto habría sido aprobado por la IDM sin la adecuada participación ciudadana, por lo que, según dijo, estuvo “viciado oscurantismo”.

En principio, Borges se refirió al “megaproyecto” José Ignacio. Al respecto, señaló que “un empresario argentino” tiene pensado construir sobre “23 hectáreas que van desde el quilómetro 189 de la Ruta 10 hasta la playa‒ un hotel de lujo frente al brazo largo de la Laguna Garzón. La idea es construir una edificación de cuatro plantas de altura, con amenities y un centro de convenciones que se supone tendrá cerca de 13.000 metros cuadrados, más un condo-hotel de diez bloques ‒de tres pisos cada uno‒, lo que suma un total aproximado de 40.000 metros cuadrados edificados”, explicó.

“Los vecinos nucleados en la Liga de Fomento de José Ignacio sostienen que la escala es totalmente desproporcionada, que es una propuesta edilicia fuera de todo contexto y racionalidad para la zona tan frágil y única del país y que el proyecto atenta contra la identidad del pueblo porque rompe con el lenguaje arquitectónico que lo define”, agregó.

22 edificios

La edil subrayó que “a los vecinos les preocupa este emprendimiento por cuatro aspectos: por la altura, que supone cuatro plantas en una zona de chacras, lo que conlleva entre 9,0 y 12 metros de altura, sobrepasando el límite de los 6,0 metros verticales que está permitido edificar en la zona de José Ignacio; por la densidad de población, dado que el proyecto implicaría casi la misma cantidad de casas que hoy existen en el pueblo; por la escala que conlleva el proyecto, dado que se trata de veintidós edificios de alto impacto paisajístico y ambiental dentro de una zona comprendida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y, por último, porque consideran que el proyecto altera la identidad de un lugar único”.

“Pero lo que nos llamó poderosamente la atención (…) fue el reclamo de los vecinos del pueblo de haberse enterado del proyecto demasiado tarde, según lo manifestó Adriana Abeles, presidente de la Liga de Fomento de José Ignacio, quien dijo que el plan lleva casi seis años en marcha, pero que la Liga tomó conocimiento del mismo recién el 15 de mayo último pasado, cuando se celebró una audiencia pública entre la comunidad, mientras que el responsable urbanístico del proyecto, el arquitecto Federico Bervejillo, deslegitimó este reproche manifestando que el emprendimiento estuvo presentado en la página Web de la Intendencia durante dos meses, es decir, colgado en Internet para el libre acceso al público, porque ese es uno de los requisitos que establece la normativa como condición para que un proyecto de estas características pueda avanzar”, indicó.

“Y aquí es donde queremos centrar nuestra exposición en el día de hoy, y tiene que ver con la participación social en los procesos de elaboración e implementación de los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible”, sostuvo.

Participación ignorada

Borges recordó que en las “Guías para la elaboración de instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible” ‒documento elaborado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial”, se afirma que “la participación social es un derecho fundamental de construcción de ciudadanía, de empoderarse de un proceso colectivo en donde quienes participan se reconozcan y sean reconocidos como agentes de transformación social. Y esta participación social se caracteriza por la intervención de personas físicas, jurídicas, asociaciones civiles, sindicales y empresariales, organismos públicos y privados, etc., en iniciativas públicas y/o privadas, a fin de hacer valer sus intereses. La participación legitima el proceso de planificación y tiene como cometidos: contribuir a la construcción de ciudadanía, fortaleciendo la conciencia social en los derechos y obligaciones en el territorio; contribuir a la conformación de identidades colectivas; contribuir a la transparencia de la gestión y favorecer el involucramiento en las propuestas de los instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo sostenibles a partir de sentirse parte del proceso de planificación”, señaló.

Acto seguido, la edil dio cuenta de todas las disposiciones vigentes también en la Ley de Ordenamiento Territorial que obligan a dar cuenta de los nuevos emprendimientos que pudieran generar polémicas o rechazos ciudadanos. “Dada la naturaleza de máxima participación ciudadana, la publicidad no es interpretable como ‘alguna publicidad’, sino como la máxima publicidad, incluso más allá de lo que pudiera entenderse razonable.

Es injustificable, con respecto al proyectado hotel de José lgnacio – Laguna Garzón, que no haya existido difusión por la prensa oral y escrita ‒a cargo de la Administración y a costo de los inversores‒; es injustificable que no haya sido enviada la puesta en manifiesto y todo el material a la Junta y al Municipio correspondiente; es injustificable que no se haya notificado a todas las ONG locales, en especial a la Liga de Fomento; es injustificable que no se haya notificado a la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y a la Facultad de Arquitectura, etc. Es más: creemos que también debería notificarse personalmente a todos los hoteles y condominios ya existentes en la zona. Consideramos que el proceso está absolutamente viciado de oscurantismo”, añadió.

“Manifiestamente ilegal”

Borges solicitó enviar sus palabras a la Dirección Nacional de Medio Ambiente y a la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, “de quienes nos gustaría recibir información acerca del grado de conocimiento que tienen sobre el proyecto y, muy en especial, sobre el control que han realizado respecto a la publicidad del proyecto y a los procesos de puesta en manifiesto y audiencias requeridas”, indicó.

“También queremos saber si los padrones están categorizados aptos para este tipo de emprendimiento ‒urbano, suburbano, rural o potencialmente transformable‒ y si Dinama ha categorizado como A, B o C el emprendimiento, y las razones esgrimidas para la categorización. Finalmente nos preguntamos si el proceder que se está teniendo con este proyecto es la normalidad con que encara la Intendencia Departamental de Maldonado los procesos, porque ello significaría un accionar manifiestamente ilegal en el día a día. Proyectos como este tendrían que tener la mayor publicidad imaginable, incluso hasta en diarios de la capital y, en algunos casos, notificaciones personales a cada vecino, cartelería en plazas, hoteles y en el propio Municipio. Muchas veces nos hemos cuestionado, cuando llegan a la Junta Departamental los PAI ‒Proyectos de Acción Integrada‒, el hecho de que en los expedientes respectivos ‒en lo que refiere a las instancias de participación ciudadana, y más precisamente a las audiencias públicas‒ sea mínima o nula la mención de la participación social en las actas, cuando en realidad creemos que sería de muy buena práctica, entre otras, la grabación de las mismas”, señaló.

“Estamos convencidas de que tenemos que lograr efectivizar la mayor participación ciudadana porque, si no, podríamos estar siendo meros observadores de una posible connivencia entre la Administración y el privado.

Consideramos fundamental la participación ciudadana; no podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Es más: nos preguntamos si no tendríamos que legislar en cuanto a que la participación ciudadana, que es obligatoria, deje de ser consultiva y pase a tener un efecto vinculante”, agregó.

La edil pidió enviar sus palabras al Mvotma, la Dinot, la Liga de Fomento de José lgnacio, la Liga de Fomento y Turismo de La Barra, la asociación civil Combate de La Barra, la Liga de Fomento de Punta del Este, el CURE, al doctor José Luis Sciandro Larriera, a las Direcciones Generales de Planeamiento y Urbanismo de la lntendencia Departamental de Maldonado, a los distintos Municipios del departamento, a la Sociedad Delegada de Arquitectos del departamento de Maldonado y a las Comisiones de Medio Ambiente, de Legislación y de Planeamiento de la Junta.

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