El alcalde de Piriápolis, Mario Invernizzi, estimó que no va a ser sencillo que alguien oferte por las acciones de la sociedad anónima que tiene en su poder un total de 52 hectáreas en grandes predios ubicados en los alrededores de Piriápolis.

Uno de ellos, según ha trascendido, incluye 1.500 metros lineales de la playa San Francisco, pero Invernizzi cree que “esto es como quien vende un buzón”. “Nadie puede prohibir que alguien venda un paquete accionario, aunque eso incluya un tema en discusión sobre la propiedad de determinados padrones. La playa y los lugares protegidos están garantizados por la ley de Ordenamiento Territorial”, aseguró. “Se puede ser propietario de un bien patrimonial o de un bañado pero no se los puede usar para nada, ni siquiera le asisten los derechos de imagen”, añadió.

Por otra parte, el alcalde señaló que los títulos de propiedad de la playa todavía se encuentran “en discusión”. “Hay idas y vueltas en los juzgados, tanto es así que no permitieron abrir el parador este año”, dijo. “Por más que la vendan están vendiendo un pedazo de arena”, señaló.

Para el catastro nacional, la playa San Francisco es un padrón rural. La cédula catastral emitida por la Dirección General de Catastro del Ministerio de Economía indica que tiene un valor de $ 120.969, aunque este precio nunca es tenido en cuenta en el ámbito inmobiliario.

Libre acceso

Esta semana los titulares de la firma Gheli Sociedad Anónima, propietaria del predio que ocupa el balneario San Francisco, anunciaron la venta de tres predios, entre ellos uno de 13 hectáreas que es la dichosa playa.

Al respecto, el operador inmobiliario que está a cargo del negocio, Marcelo Gerner, afirmó que la empresa posee “los documentos que avalan la pertenencia de la playa”. En lo que refiere a la costa habló de la posibilidad de construir “una playa privada de 1.500 metros lineales con una superficie de unas 13 hectáreas y media. En esos lugares puede construirse a lo largo, pero dejando dos bajadas para la gente”, aseguró.

No obstante, el gobierno mira el caso con cierta preocupación y anuncia que aplicará todo el peso de la ley. El director de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, Salvador Schelotto, aseguró que “las playas en Uruguay son de libre acceso, la propiedad podrá ser del señor pero para poner un kiosco o un parador tendrá que pedir autorizaciones y si quiere construir una torre de 25 pisos va a tener que pedir una evaluación de impacto ambiental y seguramente se le dirá que no”, adelantó.

En cambio, dijo que “no hay ninguna clase de problemas con el predio que fue ocupado por el autódromo”, porque “es un predio muy grande. Pero lo de la costa capaz que le da para hacer un chiringuito o un parador, porque entre la ruta y la costa hay menos de 100 metros”.

Semiprivados

En varios puntos de los casi cien kilómetros de la costa del departamento de Maldonado hay casos parecidos al de la playa San Francisco. No obstante, en ningún caso hay playas privadas aunque puedan tener un acceso restringido.

Por ejemplo, la situación se da en la zona de la terminal Este de Ancap sobre el Atlántico. La empresa petrolera comparte su terreno con privados, que poseen trece predios de cinco hectáreas cada uno. Para poder ingresar a la playa existente entre estas chacras y el mar es necesario caminar varios kilómetros hasta la última de ellas.

Los dueños de estas chacras, como sucede con “San Francisco”, tienen su propiedad hasta la rompiente del mar. Sin embargo, en los hechos, no ejercen su derecho de privacidad y permiten el acceso de terceras personas, entre ellas, los reporteros gráficos que cubren la movida de los famosos de cada verano.

Las escritures originales de esos terrenos datan del siglo XVIII, cuando el antiguo “Rincón de los Píriz” abarcaba desde La Barra hasta José Ignacio. De esos tiempos quedó una franja privada entre la Ruta 10 y la rompiente de la ola.

Entre los propietarios de los terrenos de José Ignacio se encuentra el conductor televisivo Marcelo Hugo Tinelli y el desarrollista Alán Faena. El costo de una chacra de cinco hectáreas ubicada en esta zona y con semejantes vecinos supera los siete millones de dólares, según estimaron operadores del sector inmobiliario.

En esa zona de la costa son trece los predios ubicados sobre el mar. La cédula catastral de cada uno de ellos califica al terreno como “rural”. La chacra de Tinelli, tiene para el Estado uruguayo, un valor de $ 2.884. Esa información es básica para determinar el impuesto de Contribución Inmobiliaria.

Una vieja regulación

Maldonado cuenta con una regulación propia elaborada para defender la faja costera. La primera reglamentación se remonta a 1940. Luego el gobierno nacional aprobó la ley de centros poblados del año 1946.

Esta doctrina fue reforzada por la ley de ordenamiento territorial del año 2008.

La misma establece en su artículo 50 los mecanismos de protección de las zonas costeras, que están protegidas “especialmente” por los instrumentos de ordenamiento territorial.

“En los fraccionamientos ya aprobados y no consolidados a la vigencia de la presente ley en la faja de defensa de costas, que no cuenten con infraestructuras y en la mayoría de cuyos solares no se haya construido, únicamente podrá autorizarse la edificación presentando un Plan Especial que proceda al reordenamiento, reagrupamiento y reparcelación del ámbito, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley N° 16.466, del 19 de enero de 1994 y su reglamentación”, dice la norma.

“El Plan referido destinará a espacios libres los primeros 150 (ciento cincuenta) metros de la ribera medidos hacia el interior del territorio, en las condiciones establecidas por el inciso tercero del artículo 13 de la Ley N° 10.723, del 21 de abril de 1946 en la redacción dada por la Ley N° 10.866, del 25 de octubre de 1946 y asegurará la accesibilidad”.

“Asimismo evitará la formación de edificaciones continuas paralelas a la costa en el resto de la faja, sin perjuicio del cumplimiento de las demás condiciones que establezca la normativa aplicable a la que necesariamente deberá someterse el Plan Especial antes de su aprobación definitiva”, indica.

“Los recursos administrativos no tendrán efectos suspensivos cuando se trate de inmuebles públicos o privados comprendidos en la faja costera referida en el inciso primero”, agrega.

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