Por el senador José Amorín
La vida política nos presenta muchas veces situaciones tristes y lamentables como la que en estos días enfrenta a la Intendencia de Montevideo con el sindicato. Triste, porque en vez de discutir sobre las condiciones de seguridad en el trabajo, discuten qué fue lo que contribuyó más a la muerte de un trabajador.
Recordemos: hace unos días un funcionario municipal falleció mientras desarrollaba sus tareas en los talleres de la Usina 3. Mucho se discute sobre las causas de la muerte: desde la comuna, la intendenta Ana Olivera esgrime el informe médico que habla de un accidente cardiovascular mientras que ADEOM sostiene que falleció por la falta de medidas de seguridad en el lugar. Es más, el gremio afirma que desde hace tiempo viene reclamando que se adopten esas medidas.
Lo lamentable de todo esto es que las autoridades municipales sospechan –aunque públicamente se niegan a admitirlo-, que la Ley de Responsabilidad Social del Empleador, o ley SUNCA, los alcanza.
Adeom, por su parte, ya anunció que presentará una denuncia ante la Justicia al amparo de la Ley de Responsabilidad Social del Empleador. Si esto prospera sería la intendenta Ana Olivera, miembro del Partido Comunista, la que debería responder.
Situación más que paradójica ya que fue el Partido Comunista el que promovió la ley, y el que obligó al resto de los legisladores del Frente Amplio a votarla.
Si la denuncia se concreta, quedará nuevamente en evidencia que el corporativismo siempre termina mal.
ADEOM hará la denuncia y, como debe ser en Uruguay, la Justicia definirá la responsabilidad de la Intendencia de Montevideo. Ahora que la Responsabilidad Penal del Empleador es LEY, ésta deberá cumplirse.
Ya lo hemos dicho muchas veces, los sindicatos deben defender los intereses de los trabajadores y está muy bien que lo hagan. Y que lo hagan con firmeza, ya que para eso están. Ahora el gremio de los funcionarios municipales se amparará en una norma afirmando que lo hace para defender a sus asociados. Lo lamentable son las razones que esgrimen ambas partes mirando más sus intereses políticos que la suerte del pobre trabajador que encontró una muerte injusta.
Si había o no medidas de seguridad para los operarios lo determinará una investigación, pero la responsabilidad por la vida y la seguridad de los funcionarios tiene que estar claramente marcada.
Todos estábamos de acuerdo en trabajar para disminuir los accidentes laborales, tanto en el sector privado como en el público. Ahora hay que cumplir con la ley, aunque esta no nos guste y todos saben que a nosotros no nos gusta como lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. La discusión debe estar centrada en las condiciones de seguridad y no en intereses. Más allá de cómo se dilucide el asunto ya no caben dudas de que el primer afectado será la intendenta de Montevideo.
Por eso, como siempre, los convocamos a agrandar esta columna por el cambio. Para que la discusión sobre el trabajo y la seguridad sea en serio, en beneficio tanto de los trabajadores como de los empleadores. Porque ese es el país que queremos y por el que trabajamos. Porque, no tenemos dudas, el Uruguay que queremos, será Batllista.
Foto: archivo presidencia
