Emmedue2 (Copiar)Las observaciones interpuestas por el Tribunal de Cuentas a algunas contrataciones directas efectuadas por la comuna, por ejemplo a la Unión de Comerciantes Minoristas, que administra el pago de jornales a quienes trabajan en la construcción de viviendas (ver pag. 7) reavivaron el interés del edil nacionalista Alejandro Lussich al respecto. El legislador se mostró dispuesto a reiterar un pedido de informes para saber qué ocurre con ese asunto que ya le había preocupado hace un par de años. En tanto, la directora de Vivienda de la comuna, Marilín Moreira dijo que hay 94 personas trabajando en esa área y que todos cesarán, a más tardar en julio de 2015. El sistema de contratación a término es idéntico al que se realizó en el período pasado a través de otra entidad, afirmó.

Lussich anunció ayer que solicitará esta noche que el plenario de la Junta Departamental haga suyo ese pedido de informes.

“El ejecutivo departamental nunca me contestó el pedido de informes que realicé sobre este tema cuando dos años atrás se conoció la primera de las observaciones impuestas por el Tribunal de Cuentas de la República a esta contratación”, afirmó.

El curul asegura que nunca recibió ninguna respuesta a esa solicitud pese a que el intendente tiene veinte días para hacerlo, según establecen las normas legales vigentes en la materia. “Por esta razón volveré a reiterar el pedido de informes pero solicitaré que la Junta Departamental lo haga como propio. Es un tema muy grave que la administración debe informar como corresponde”, estimó.

A juicio del edil, la contratación directa “es una maniobra que tiene como objetivo evitar los controles que existen para el ingreso de funcionarios a la administración pública. La administración debería haber instrumentado un concurso público y abierto para contratar a los jornaleros. No lo hizo. No se sabe cómo se controla a estas personas, qué funciones hacen, dónde trabajan”, aseguró.

“Prebendas”

Lussich aseguró que “la Intendencia le entregó a la institución unos seis millones de dólares para pagar el jornal de los trabajadores en la construcción de viviendas de interés social. Con esa suma tendrían que haber construido unos veinte mil metros cuadrados de casas. ¿Dónde están? Esa es alguna de las preguntas que efectuaremos en este nuevo pedido de informes”, señaló.

“Queremos que la Junta nos acompañe para pedirle a la administración que beneficios ha tenido para Maldonado este tipo de contratación. ¿Dónde están los metros cuadrados que se pagaron con esos jornales y dónde están las viviendas adjudicadas?”, agregó.

“Con este mecanismo la administración bastardeó a todas las instituciones sociales de Maldonado haciéndolas participar de un mecanismo ilegal diseñado para llevar adelante políticas clientelísticas y prebendas. Están pagando favores políticos con estas organizaciones que reciben ese dinero”, añadió.

A término

Por su parte, Marilín Moreira, encargada del área de Vivienda de la comuna, precisó en primer lugar que todas las contrataciones realizadas por la comuna con el objetivo de construir viviendas de interés social han sido observadas por el Tribunal de Cuentas. Ello se debe, según dijo, a que el organismo estima que la IDM no tiene la facultad de dedicarse a la construcción de soluciones habitacionales; en ese contexto, hasta el llamado para la compra de “un clavo” es observado por el tribunal, refirió.

Moreira también explicó que no hay 175 personas trabajando en la construcción de viviendas y que no todos los que han trabajado eran obreros. La IDM también contrató psicólogos y asistentes sociales, entre otros profesionales, para llevar a cabo la tarea. La jerarca dijo que actualmente quedan “94 personas” trabajando en el área y aclaró que todas figuran con “un contrato a término”, por lo que nunca han sido ni serán funcionarios de la Intendencia.

Moreira recordó que en el período pasado la IDM había contratado a Capsol para administrar los pagos de los trabajadores. Hace dos años se realizó otro llamado que ganó la Unión de Comerciantes Minoristas. El contrato caducará en julio del año próximo, agregó.

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