Una de las familias sirias que fueron acogidas por el país hace unos meses se radicó en la ciudad de Piriápolis, donde sus hijos deberían estar yendo a la escuela. No obstante, la edila frenteamplista Beatriz Jaurena pudo saber que, en virtud de sus costumbres, los sirios solo educan a los varones, por lo que las niñas de la familia se quedan sin estudiar.

Jaurena planteó la situación hablando en la media hora previa de la última sesión de la Junta Departamental de Maldonado, realizada el pasado martes. Tras plantear el tema, Jaurena solicitó información de diversos organismos públicos.

La legisladora dijo saber que la familia de refugiados está radicada en el barrio Country del balneario. Se trata de un matrimonio con cuatro hijos, tres niñas y un varón: sólo éste último estaría asistiendo a la escuela. La edila se mostró preocupada por los derechos de las niñas a la educación: “como Estado nos comprometimos a brindar el acompañamiento necesario para su inserción dándoles las mismas posibilidades y regidos por las mismas leyes que garanticen sus derechos” afirmó.

La edila recordó que a los efectos de que puedan “comenzar una vida digna”, se designó un equipo interdisciplinario de contención “que incluye personal de Salud Pública, de educación pública, sicólogos y asistentes sociales, traductores y funcionarios de las diferentes carteras involucradas especialmente seleccionados y designados para este programa”.

Jaurena solicitó el envío de sus palabras al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Secretaria de Derechos Humanos de la República, a la Coordinadora Ejecutiva del programa y al Consejo de Primaria e Inspección de Escuelas. La legisladora solicitó que se corrobore esta información para garantizar “el derecho de estas niñas a la educación”.

Denuncia por abuso policial

Por otra parte, Jaurena realizó una denuncia por un presunto caso de abuso policial que, según afirmó, tuvo lugar el mes pasado en la capital del departamento.

El día 10 de marzo, a las 19.30 horas, en un retén policial ubicado en Camino de los Gauchos y Calle 7, un joven de 24 años llamado Cristian Varela fue detenido cuando salía a probar una moto que estaba arreglando.

Jaurena relató que según le contó la madre del joven, su hijo fue esposado, golpeado y subido a un móvil policial. Todo esto antes de que se le preguntara su nombre y se le pidieran los documentos del vehículo. La mujer entregó una filmación del incidente, realizada por testigos del hecho.

La situación de violencia vivida por este joven no se condice con el mero pedido de documentación. Ya hemos denunciado situaciones como esta en el pasado y reiteramos que no estamos de acuerdo con el método utilizado”, señaló la legisladora.

Autismo

Por último, Jaurena se refirió a una actividad que tuvo lugar el 2 de abril, en Los Dedos de Playa Brava, en el marco del Día de concientización sobre el autismo.

En esa oportunidad, un grupo de padres y vecinos se concentró buscando dar a conocer la situación de quienes padecen esta discapacidad, que afecta la posibilidad de comunicación con el entorno.

Jaurena dijo al respecto que en Maldonado “no existe un centro público que atienda esta problemática, ni se tiene idea cabal de la cantidad de población afectada por el autismo como tampoco por otros tipos de discapacidades, información fundamental para saber sobre qué cantidad de población estamos hablando, qué edades, tipo de discapacidad y necesidades de manera de dar respuesta a las diferentes situaciones”.

La edila planteó la necesidad de contar con un centro de atención pública “articulando con los recursos ya existentes a nivel de estado y organizaciones de la sociedad civil”. Asimismo, reclamó la realización de un censo “que nos dé una idea de la realidad departamental sobre el tema discapacidad”.

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