En una exposición planteada este martes en la Junta Departamental, la legisladora frenteamplista Beatriz Jaurena elevó un pedido de informes a la comuna para conocer en detalle el funcionamiento de los hogares que mantiene una organización religiosa que funciona bajo el nombre de Beraca. Jaurena pidió saber qué dineros aporta la comuna a los hogares que mantiene esa iglesia y quién controla su funcionamiento, en vistas de denuncias de malos tatos que se conocieron recientemente.
En efecto, la edila afirmó que en una nota publicada en el semanario Brecha el pasado 19 de junio se informó sobre una denuncia presentada “al juzgado de 8vo turno por malos tratos a tres internas menores de edad en uno de los hogares Beraca de la ciudad de Maldonado”.
“Estas niñas habían sido ingresadas sin aval de la justicia ni del INAU, organismos competentes en el tema. Frente a la gravedad del hecho consultamos a las autoridades del caso que corroboraron la denuncia. Tenemos conocimiento, además, de otros casos en que los derechos de las personas allí internadas han sido vulnerados. Así consta en actas del municipio de Piriápolis y en denuncia realizada frente a la Corte Electoral por retención de documento en las últimas elecciones”, indicó.
Vulnerabilidad
La legisladora explicó que las comunidades Beraca -jurídicamente ONG ESALCU-, “están destinadas a alojar personas que, por su perfil, están en un punto alto de fragilidad y vulnerabilidad social”. El grupo maneja 63 comunidades en todo el país y “en Maldonado se presentan como centro de recuperación para personas con problemas de adicciones”. Los grupos “funcionan como comunidad de vida, no terapéutica, aunque según la ocasión se han presentado cómo tales (escuela cañada Bellaca) lo que implicaría equipo técnico”, señaló.
“Forman parte de la iglesia ‘Misión Vida’ liderada por el pastor Márquez. Su estrategia de crecimiento está basada en diferentes áreas de trabajo complementario: trabajo en “células”, el uso de los medios de comunicación, los proyectos sociales de rehabilitación (Comunidades Beraca), el desarrollo de empresas vinculadas a la iglesia y por último la actuación político electoral”, afirmó. En efecto, según pudo saber Correo de Punta del Este, al menos una lista impulsada por Beraca en Maldonado obtuvo más de tres mil votos para el Partido Nacional. Otra logró unos 1.500 sufragios.
Jaurena dijo que “para poder ingresar a los hogares Beraca los postulantes deben de ‘creer en dios’ y estar dispuestos a trabajar para la comunidad sin percibir un salario. Los hogares se autosustentan teóricamente de esta forma. En la práctica, el estado realiza una serie de aportes económicos a estas comunidades en dineros y tierras a través de partidas para alquileres, pago de luz, agua, comodatos de tierras etc. Así ha sucedido en nuestro departamento desde la Intendencia y los municipios sin tener control sobre la utilización del dinero – en Piriápolis, Aiguá, Punta del Este y Maldonado-, pero además se deriva desde otros organismos del estado cómo Asse, el Poder Judicial, o la Policía sin un seguimiento de la situación de las personas allí derivadas”, agregó.
Controlar
La edila consideró que es una responsabilidad de las autoridades “velar por los derechos de los ciudadanos/as, sobre todo de aquellos que se encuentran en situación de riesgo o no tienen voz, niños, niñas y personas en situación de riesgo social. Es un tema de Derechos Humanos”, señaló. En consecuencia, se preguntó cómo se otorgan recursos a esa ONG por una “finalidad social” si luego no se controla lo que ocurre. “¿Cómo se determina esa finalidad? ¿La finalidad pasa por sacarlos de la calle sin ver después las condiciones de vida?”, inquirió
Acto seguido, la edila leyó un trozo de la nota de la periodista carolina Mónica María Robaina, publicado en el semanario Brecha, que preguntaba “¿hasta dónde el Estado puede hacer la vista gorda cuando las personas a que quiere dar respuesta son explotadas o utilizadas para ganar poder político y económico? ¿Hasta dónde la ONG Esalcu, a través de la que funcionan las Comunidades Beraca, puede invocar el nombre de dios y exponer durísimas historias de vida con final feliz para conmover a los gobernantes, a fin de lograr voluminosos aportes de dinero público sobre los que no se rinde cuentas? ¿Hasta dónde esta ONG de la Iglesia Misión Vida para las Naciones – una de las iglesias evangélicas más pujantes del Uruguay, que además aspira al poder político- puede hacer marketing con su obra social y presionar por más dinero del Estado para continuarla?”.
Informes
Tras esta larga exposición, la edila consideró que las autoridades “han relegado responsabilidades en organizaciones” que apoyan pero no controlan y elevó un pedido de informes “a los organismos competentes del estado” con las siguientes interrogantes:
1-En el caso de las niñas: Sabemos que por lo menos en dos de los casos fueron entregadas a familiares y regresadas a sus departamentos de origen pero a) ¿Qué pasó con los maltratadores? b) ¿-Cuántos niños y niñas están internados en estas comunidades en Maldonado en forma irregular?¿Cuantos casos fueron comunicados a INAU? ¿Y en el país?
2- ¿Hay menores trabajando en venta callejera de alfajores como en su momento se detectó en Piriápolis? ¿Tienen los permisos correspondientes que los autorizan? ¿Perciben un salario?
3-¿Existen equipos técnicos trabajando en los hogares? De ser así, ¿quién verifica su idoneidad?.
4- De ser una comunidad de vida quien controla el proceso de las personas internadas, ¿los responsables del hogar están preparados para esto?
5- ¿Cuál es el índice de recuperación en adicciones?, ¿se hace un seguimiento desde la JND y la IDM? ¿Existen datos estadísticos?.
6- ¿Qué tipo de colaboración le hemos dado en Maldonado desde la IDM a Beraca en los últimos dos gobiernos en partidas o comodatos y por qué conceptos y montos?. ¿Se pide informes a la ONG sobre el destino de los fondos?
7-¿Se colabora de la misma manera y deriva a otras iglesias? ¿Cuáles y por qué monto?
8- Decíamos antes que la organización Iglesia misión vida cuenta con diferentes empresas y gente vendiendo en calle.- Entonces, ¿se sabe qué cantidad de personal trabaja y en qué condiciones; salario, aportes al estado y beneficios sociales para esos trabajadores-as?.
9-En relación a la denuncia por retención de documento ante la corte electoral.- ¿En qué quedó esa denuncia?
