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El drástico aumento de la población y la consiguiente escasez de viviendas ha generado en la zona la aparición constante de nuevos fraccionamientos. Lo que podría generar problemas es que los inversores ya no deben cumplir con algunos requisitos mínimos elementales y, a mediano plazo, sería la Intendencia la que, usando los dineros de todos los contribuyentes, terminaría haciéndose caro de costear mejoras que hubieran debido correr por cuenta de quienes diseñan los nuevos barrios. Así lo afirmó el edil colorado Carlos Flores durante una alocución que realizó el pasado martes en el legislativo comunal.

“La cantidad de fraccionamientos que existen en Maldonado no es ninguna novedad”, comenzó el legislador. “Como todos sabemos, el crecimiento demográfico de Maldonado en las últimas décadas ha sido fenomenal y eso se ha traducido en la proliferación de nuevos barrios y de nuevos fraccionamientos que inversores privados vienen desarrollando como negocio inmobiliario para cubrir la demanda existente provocada por esa constante inmigración que se viene dando con gente proveniente de distintas regiones de nuestro país y también del exterior”, explicó.

“Lo que sí es una novedad para esta Junta ‒porque nunca vino el expediente ni fue tratado por ninguna Comisión‒ es una resolución adoptada por esta Administración de la Intendencia de Maldonado que modifica los requisitos mínimos que se necesitaban para obtener la autorización de nuevos fraccionamientos”, indicó. Flores dijo que “a simple vista”, esta resolución pide “menores exigencias, cosa que naturalmente favorece a los inversores que desarrollan los fraccionamientos, pero que puede significar serios perjuicios, tanto para los compradores de los solares como para la propia Intendencia. Me refiero a la Resolución No 8.218/2015, firmada por el intendente de Maldonado en noviembre pasado”, aseguró.

Ejemplos

Flores refirió que esta última disposición revocó “la Resolución No 3.086, que data del año 1994, que establecía una serie de requisitos mínimos para que los nuevos fraccionamientos fueran autorizados. Requisitos mínimos que, comparando la normativa anterior con la que resolvió ahora esta Administración, eran bastante más exigentes”, señaló.

A continuación presentó “algunos ejemplos” para demostrar la laxitud de la nueva normativa. “Para autorizar un nuevo fraccionamiento, antes se exigía que las calles tuvieran un mínimo de siete metros de ancho, pudiendo exigirse, por parte de la Intendencia, anchos de nueve metros en los trazados principales; ahora solo se exige un mínimo de seis metros de ancho en todos los casos”, precisó. “Antes, también para la construcción de las calles, se ofrecían varias posibilidades: podían hacerse con pavimentos con base granular de 30 centímetros de espesor compactado y una capa de rodadura de tratamiento bituminoso doble con cordón cuneta de hormigón; otra posibilidad que tenían era hacerse con una carpeta asfáltica de seis centímetros sobre una base granular de 25 centímetros de espesor; una tercera opción es la de hormigón de 18 centímetros de espesor también sobre una base de cinco centímetros de material granular y 15 centímetros de tosca. Pero todo esto ahora se sustituyó con una exigencia mínima de un espesor de solo 20 centímetros con banquinas que podrán ser inclusive de tierra compactada”, agregó.

“Ya no se exige nada”

El edil aseguró además que “con la reglamentación anterior no se permitía la conducción de aguas pluviales por cunetas a cielo abierto y se debía incluir, en todos los casos, un estudio hidráulico avalado por un técnico competente, salvo en zonas balnearias, o donde se preveía que iba a pasar tránsito pesado u ómnibus de transporte colectivo, porque en esos casos se exigía obligatoriamente una carpeta asfáltica o pavimento de hormigón. Resulta que con esta nueva reglamentación ya no se exige nada de esto sino que en todos los casos se permite construir con cunetas, con badenes de hormigón solo en los cruces de calles y solamente se incluye una normativa más detallada para el sistema colector cuando se trata de cuencas mayores a las siete hectáreas. Es decir, comparando la normativa anterior con esta nueva normativa que resolvió el intendente, evidentemente existen cambios muy significativos que implican no solamente estos casos que detallo sino también en lo relativo al alumbrado público, a la construcción de veredas, y a toda una serie de medidas que estaban incluidas referentes al saneamiento, referentes por ejemplo a la necesidad de acordar con la Intendencia para forestar las áreas públicas, para poner césped, etc., que han sido eliminadas en algunos casos o modificadas en otros, pero siempre bajando ese mínimo de exigencia que tenía la Intendencia para autorizarlos”, afirmó.

Peligros de no exigir

A juicio de Flores, “esta disminución en las exigencias mínimas puede ocasionar serios perjuicios a los compradores y también a la Intendencia, porque, ¿qué pasa cuando las calles se rompen con las primeras lluvias importantes? La Intendencia es la que tiene después que ir a arreglar las calles y tapar los pozos. ¿Qué pasa cuando las calles se inundan o las alcantarillas se tapan? Va la Intendencia. ¿Qué pasa cuando se rompe un badén, cuando se rompe un caño, cuando las veredas se hacen intransitables o cuando deja de funcionar el alumbrado público? Va la Intendencia. Entonces, lo que termina pasando siempre es que la Intendencia gasta fortunas en el mantenimiento de estos fraccionamientos por no haberles exigido a los desarrolladores de los mismos ‒quienes naturalmente hacen negocios muy importantes con la venta de los solares‒ la calidad adecuada en la construcción de la infraestructura en general de los nuevos barrios en los que, en definitiva, se terminan transformando estos nuevos fraccionamientos. Y porque además tampoco se exigen garantías que prevean, ante la aparición de problemas de esta naturaleza, que los desarrolladores o los inversores que construyen estos fraccionamientos se hagan cargo de su reparación después de dos años de aprobados los mismos”, alegó.

Tras esta exposición, Flores solicitó “que los directores de las respectivas Áreas que se involucraron en la confección de esta nueva reglamentación fueran citados por la Comisión de Planeamiento de esta Junta, con la finalidad de aclararle al Cuerpo ‒que no ha sido informado‒ el alcance y los motivos de las distintas modificaciones, en virtud de que, además, las consecuencias pueden afectar no solo al Presupuesto de esta Administración, sino también al de los Municipios y el de los futuros Gobiernos departamentales”.

Por último, el edil pidió que sus palabras fueran destinadas “a la Comisión de Planeamiento de la Junta Departamental, a la Secretaría General de la Intendencia, a las Direcciones Generales de Planeamiento y de Urbanismo, a todos los Municipios del departamento, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y a la prensa”. Fue acompañado por unanimidad.

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