avionpluna

Por Pablo Mieres (*)

Y la historia terminó como era esperable, la Jueza procesó por abuso de funciones al ex Ministro de Economía y al Presidente del BROU debido a sus respectivas actuaciones en el caso PLUNA. Resulta a todas luces evidente que el otorgamiento de un aval en tiempo record a una empresa que carecía de las mínimas condiciones para ser titular de tal obligación, violando todas las normas bancocentralistas, suponía una actuación que iba más allá de los límites de la competencia de esos jerarcas. La irregularidad de estas conductas era obvia y a juicio del fiscal y de la jueza esa irregularidad configuró el encuadramiento de una conducta delictiva ajustada a la figura del abuso de funciones.

Quienes rechazan esta resolución judicial sostienen que ninguno de los jerarcas procesados se enriqueció o se llevó dinero para sí mismo, como si esa fuera la única forma de cometer un ilícito en contra de la Administración. Justamente, la regla de juego para los jerarcas públicos es que no pueden hacer nada que no esté legalmente autorizado; a la inversa de los ciudadanos que tienen permitido hacer todo lo que no prohíbe la ley.

Pues bien, los jerarcas actuaron más allá de su competencia al impulsar o promover una acción indebida y generaron un daño al Estado en la medida que al otorgar un aval a una empresa que no podía hacer frente a tal obligación, estaban exponiendo al Estado a una pérdida patrimonial que, como mínimo, asciende al monto del aval otorgado. Justamente, en estos días estamos asistiendo a ese desenlace, en la medida que quien asumió la deuda por Cosmo acaba de desligarse de esa responsabilidad.

El caso PLUNA es un compendio de errores y actuaciones públicas irregulares. Desde nuestro punto de vista, otras dos decisiones que se tomaron en todo el proceso de asociación del Estado con Leadgate serían pasibles de evaluación judicial. Nos referimos a la decisión por la que el gobierno asumió salir de garantía por la compra de los siete aviones famosos, razón por la que hoy el Estado uruguayo debe seguir pagando los 130 millones de dólares correspondientes; y la decisión por la que se le firmó a Campiani y sus socios una cláusula de indemnidad para que se retiraran de PLUNA. Gracias a esa cláusula hoy el Estado uruguayo no puede reclamar nada a quienes resultaron procesados con prisión por un delito continuado de estafa.

No sabemos si la justicia analizará o juzgará estas conductas, pero a nuestro juicio son también eventuales causas de responsabilidad, al menos por mala administración.

Lo más lamentable es que en todo este proceso los jerarcas del gobierno actuaron con un gran desprecio por la búsqueda de soluciones ajustadas a derecho y con un ejercicio de omnipotencia como si no existieran límites institucionales y jurídicos que limitaran sus decisiones. Es el problema del exceso de poder, es el problema de los desbordes producidos por un sentimiento de superioridad que va más allá de la aceptación de los límites que establecen las reglas de juego de un Estado de Derecho.

Desde la conducción del partido de gobierno se acusó al Poder Judicial, a partir de esta sentencia, de incurrir en una indebida judicialización de la política. Nos sonó muy parecido a las excusas que en el pasado se escuchaban desde otras tiendas señalando que se trataba de una “ofensiva baguala”. Nada de eso, ni se judicializó la política, ni se trata de un caso de persecución al partido de gobierno. Simplemente se trata del ejercicio libérrimo de la independencia del Poder Judicial.

Justamente, la prueba de esta independencia es que en menos de diez días se produjeron dos fallos contra jerarcas públicos por abuso de funciones, en un caso contra un Intendente del Partido Nacional y en el segundo caso contra dos jerarcas del gobierno del Frente Amplio. No debe haber mayor demostración de la independencia de la justicia.

Más convendría al partido de gobierno reconocer los excesos en el ejercicio de la autoridad. Más convendría al partido de gobierno, que fue tan exigente y crítico cuando estas circunstancias afectaron a los partidos tradicionales, que aceptara con humildad la situación actual y revisara sus conductas puesto que parece evidente que han cruzado ciertas líneas en lo que atañe al correcto desempeño de la función pública.

Por otra parte, todo lo ocurrido en torno al caso PLUNA no hace otra cosa que reafirmar la importancia que tiene el principio de separación de poderes y el ejercicio de las competencias correspondientes a cada uno de esos poderes públicos.

Justamente, si el Parlamento no estuviera paralizado por el ejercicio de una mayoría absoluta regimentada, seguramente habría podido cumplir su papel de contralor de la actuación del Poder Ejecutivo y quizás le habrían ahorrado al erario público al menos una parte de los recursos que se perdieron.

 

(*) Presidente del Partido Independiente

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