mieresPor Pablo Mieres

Asistimos con sorpresa a las declaraciones de la futura ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, rechazando y cuestionando la existencia de contraprestaciones relacionadas con las prestaciones y subsidios en dinero que se otorgan a las familias de menores recursos.

El régimen de asignaciones familiares vigente establece que todos aquellos beneficiarios deben asegurar que sus menores a cargo asistan a clases en el sistema educativo y deban ser sometidos a controles periódicos de salud. La lógica de esta normativa consiste en garantizar que los menores sean protegidos en el acceso a sus derechos a la educación y salud.

La futura ministra, que a esta altura y después de haber sido ministra de Desarrollo Social durante cinco años, debería tener presente estas cosas, confunde estas contraprestaciones orientadas a garantizar derechos, con castigos injustos que se imponen a los más pobres.

Rechaza con énfasis que, a las cansadas y después de largos años de incumplimiento, el MIDES en 2013 haya finalmente puesto en marcha un sistema de control de la asistencia escolar de los menores beneficiarios de asignaciones familiares. Señala que le molestó mucho que se hubiera sancionado a aquellas familias que no enviaban a sus hijos al sistema educativo.

Justamente, la puesta en marcha del control de asistencia escolar puso en evidencia que más de treinta mil menores estaban fuera del sistema educativo. El número resultó ser significativamente elevado y muy preocupante. El pago del beneficio de la asignación familiar se suspendió, tal como corresponde de acuerdo a la normativa vigente, con el objetivo obvio y lógico de que los padres reintegraran a sus hijos al sistema educativo.

De eso se trata, de que el Estado utilice el instrumento de la asignación familiar para apoyar a las familias de menores recursos otorgándoles un apoyo financiero y para asegurar que manden a sus hijos a la escuela o liceo. La contraprestación busca que los adultos a cargo asuman con responsabilidad su cometido de hacerse cargo de los menores.

El objetivo de estas políticas sociales no es quitar el pago de la asignación familiar, todo lo contrario, el objetivo que se busca es que los mayores a cargo cumplan con las contraprestaciones que consisten en garantizar el efectivo goce de derechos de los menores. El objetivo no es castigar ni ahorrar plata, el objetivo es hacer cumplir acciones positivas que influyen en las oportunidades de inserción social de los menores más vulnerables. Esto es lo que no parece entender la futura ministra.

Las políticas sociales, y las prestaciones pecuniarias son parte de las políticas sociales, y las políticas sociales valiosas son aquellas que tienen un objetivo integrador y de promoción social. No son meras ayudas pecuniarias de carácter asistencialista.

Si el Estado se limitara simplemente a eso, no estaría cumpliendo con su función más profunda que es la utilización de estas políticas para promover la integración social de los sectores sociales marginados y, sobre todo, ayudar a que los niños y jóvenes puedan salir adelante. Por eso el Estado no puede excusarse de controlar que los adultos a cargo cumplan con la obligación de garantizar la educación y salud de sus hijos.

Sorprende y alarma que la futura ministra anuncie que cuando asuma su cargo dejará de cumplir con la obligación que el MIDES tiene a su cargo. Sorprende porque pone de manifiesto una profunda ignorancia sobre la importancia de diseñar políticas con impacto promocional.

Porque, además, los adultos responsables no se preocupan ni se asustan de la eventual pérdida de la asignación familiar porque se encargan de que sus hijos asistan a la escuela y realicen los controles de salud correspondientes, en la medida que saben que estas acciones serán importantes para que sus hijos salgan adelante en la vida. Los que realmente pueden temer la eliminación del cobro de la asignación familiar son los que necesitan recibir desde el Estado un condicionamiento que, aunque fuera por miedo a perder el dinero, por lo menos los obligue a mandar a sus hijos al sistema educativo.

Pero, además, la ministra está anunciando que está dispuesta a incumplir la ley vigente, porque la ley vigente establece la obligación del Estado de controlar y condicionar el pago de las prestaciones a que los beneficiarios cumplan con ciertas obligaciones. Por lo tanto, si la ministra decide suspender el control de la asistencia escolar y de los controles de salud, estará violando la ley y asumirá la responsabilidad política correspondiente.

Si la futura ministra entiende que no deben existir las contraprestaciones, que envíe un proyecto de ley al Parlamento proponiendo su supresión. Si así lo hiciera estaría decidiendo dejar sin la protección del Estado a aquellos menores que viven en los hogares más vulnerables. Se estaría haciendo cómplice de la irresponsabilidad de aquellos adultos que no se preocupan de la salud y educación de sus menores a cargo.

 

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