mieresPor Pablo Mieres

En los últimos días han existido dos hechos protagonizados por el Frente Amplio que confirman el profundo grado de aislamiento de la realidad que afecta al partido de gobierno. La permanencia durante diez años de una mayoría absoluta parlamentaria y la posibilidad de actuar a su gusto en el ejercicio del poder político han determinado un alto grado de soberbia y alejamiento de lo que opina la gente.

En primer lugar, uno de los sectores del Frente Amplio ha decidido que Fernando Lorenzo encabezará la lista a diputados, a pesar de estar procesado y en medio de una causa penal por un delito que tiene que ver directamente con su gestión como gobernante.

Fernando Lorenzo está procesado por un delito contra la Administración Pública y si bien no se le imputa un enriquecimiento personal, ni se lo acusa de deshonesto; su actuación ha sido abusiva y desbordó los límites de su competencia. El resultado de estas decisiones extralimitadas han generado perjuicios al Estado, en la medida que el caso PLUNA produjo pérdidas al erario público del entorno de trescientos millones de dólares.

No recordamos en el pasado reciente, que alguno de los partidos políticos se haya animado a encabezar alguna lista con un político procesado por una conducta directamente vinculada a su gestión como jerarca público.

Este no es un tema jurídico, es un tema de sensibilidad política. No importa si Lorenzo está habilitado para ejercer un cargo público, lo que importa es que el partido de gobierno lo levanta como candidato encabezando una lista a la Cámara de Diputados, sin reparar en que se trata de una figura que cometió un delito contra el Estado.

Prácticamente pretende convertirlo en una bandera, defendiendo su actuación en un caso donde la ciudadanía ha observado atónita una sucesión de errores y horrores que implicaron la violación de normas legislativas y constitucionales.

Así de sencillo y así de claro.

En segundo lugar, el candidato presidencial del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, acaba de ratificar que, en caso de ganar las elecciones, mantendrá en su cargo al ministro del Interior, Eduardo Bonomi.

Nosotros no negamos que Bonomi ha hecho un esfuerzo para cambiar las condiciones de la inseguridad en que vivimos, pero los hechos son porfiados (decía Seregni) y demuestran que la situación de inseguridad no ha hecho otra cosa que empeorar en estos años.

En efecto, las cifras de rapiñas (que refieren al delito que genera mayor inseguridad en la vida cotidiana de la gente) volvieron a aumentar con la misma velocidad que lo hacían en los períodos anteriores. Las estadísticas del propio Ministerio del Interior indican que el promedio de rapiñas cometidas durante los cuatro años de gestión alcanzó la cifra de 15.879, lo que representa un incremento del 66.6% con respecto al promedio de rapiñas durante la gestión de Tabaré Vázquez.

Pero, además, después de permanecer cinco años al frente de un Ministerio, sin obtener resultados concretos y recibiendo la más baja popularidad de todos los ministros del gabinete, parece sorprendente que el candidato presidencial anuncie su continuidad.

Hasta por un tema de refresco, de renovación y de necesidad de generar nueva dinámica, es necesario un relevo. Sin dejar de reconocer cosas que se hicieron, como por ejemplo la reducción drástica del Servicio 222, el incremento salarial policial y la inversión en armamento y tecnología o la política carcelaria.

La señal emitida por el Dr. Vázquez ratifica la sensación de ajenidad a la opinión de la gente y el encierro en su propio mundo.

Este es uno de los principales problemas. El Frente Amplio está mareado, ha adquirido una adicción al poder que lo lleva a no evaluar con acierto la realidad y se encierra en su propia lógica de poder.

Es imprescindible que los ciudadanos le pongan límites al poder de este partido político, impidiendo que mantengan la mayoría absoluta de la que han gozado en estos años.

Es imprescindible que el nuevo gobierno reciba de parte de la gente una señal clara de freno a un ejercicio del poder cada vez más alejado del sentir ciudadano. La decisión está en manos de la gente el próximo 26 de octubre, cuando se elija el Parlamento de la República.

Pero esto no significa que la alternativa sea el retorno a los partidos tradicionales. También ellos vivieron el mareo y la adicción al poder y también ellos fueron responsables directos de la actual crisis de inseguridad en que vivimos, aprobando presupuestos vergonzosos para la policía, promoviendo un sistema nefasto como el Servicio 222, dejando de invertir en armamento y tecnología. Los partidos tradicionales debido a sus respectivos gobiernos, son también responsables políticos de la crisis y del debilitamiento policial.

Durante los gobiernos de los partidos tradicionales también existieron jerarcas que fueron procesados por actos abusivos del ejercicio del poder.

Por eso la alternativa es cambiar sin volver atrás. Sólo el Partido Independiente puede ofrecer esa opción para controlar desde el Parlamento y dar gobernabilidad. Porque en octubre lo que se elige es el Parlamento, el presidente se elige en noviembre.

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