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Por Pablo Mieres

El “cascoteado” MERCOSUR enfrenta una situación política e institucional delicada debido a que, de acuerdo a su normativa interna, corresponde que Uruguay traspase la Presidencia Pro Témpore del bloque a Venezuela. Como se sabe, el sistema acordado implica una Presidencia rotativa semestralmente por orden alfabético.

En condiciones normales no habría habido ningún problema y el procedimiento de estilo se hubiera realizado sin novedades. Pero, el problema es que la situación de Venezuela no es normal, ni mucho menos.

Ese es el punto central de todo este debate. En Venezuela hay un profundo deterioro de la democracia y cualquier observador objetivo debería aceptarlo y asumirlo. De acuerdo a ello, el Protocolo de Ushuaia aprobado por todos los Estados partes del MERCOSUR es muy claro y cualquier lectura razonable y ecuánime de su texto indica la evidente necesidad de aplicar esta cláusula al caso venezolano.

En efecto, el artículo 1 de dicho Protocolo establece: “La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Partes del presente Protocolo” y el artículo 3 dice: “Toda ruptura del orden democrático en uno de los Estados Partes del presente Protocolo dará lugar a la aplicación de los procedimientos previstos en los artículos siguientes”.

¿Existe plena vigencia de las instituciones democráticas en Venezuela? ¿no se ha producido algún tipo de ruptura del orden democrático en Venezuela? La respuesta en ambos casos es rotunda, obviamente en Venezuela existe una fuerte alteración de las condiciones democráticas.

En Venezuela no se respeta el principio de separación de poderes, componente esencial de la democracia. El Poder Judicial está sometido al arbitrio del Poder Ejecutivo, que pone y saca jueces a su gusto y ordena al Supremo Tribunal de Justicia qué posturas asumir en los diferentes temas. El Consejo Nacional Electoral tampoco tiene soberanía y funciona como una extensión del poder del Presidente Maduro. O sea que está afectado el Estado de Derecho en una dimensión básica y esencial.

En Venezuela no se respetan las garantías individuales ni los derechos políticos y no se cumple con las normas del debido proceso. Hay numerosos presos políticos, de los que los más famosos son Leopoldo López y Antonio Ledesma; presos desde hace casi dos años sin otro fundamento que ser opositores al gobierno.

En Venezuela hay dirigentes políticos proscriptos, tal cual lo que ocurrió en Uruguay durante los tiempos negros de la dictadura. Dirigentes que no pudieron ser candidatos porque arbitrariamente el tristemente célebre “Poder Moral” resolvió suspenderles sus derechos políticos.

En Venezuela no hay libertad de prensa. Se han clausurado numerosos medios de comunicación y otros se han confiscado por el Estado, pasando a ser voceros del gobierno. Y los que siguen existiendo sufren restricciones y presiones de todo tipo.

En Venezuela el Presidente Maduro amenazó con disolver el Poder Legislativo (legítimamente electo y con mayoría de dos tercios de las fuerzas opositoras). En Venezuela se ha obstaculizado de todas las formas posibles la iniciativa del Referéndum Revocatorio que está en la Constitución venezolana y, sin embargo, el régimen de Maduro desconoce e impide.

En Venezuela el Presidente Maduro anunció que otorgará poderes mayores a las Fuerzas Armadas, lo que nítidamente constituye un quebranto del orden democrático.

Lo cierto es que, sin embargo, si no se da inicio a un proceso de aplicación de la cláusula democrática, no existen razones jurídicas que impidan el traspaso de la Presidencia Pro Témpore a Venezuela.

Como nosotros estamos convencidos de que el derecho siempre debe estar por encima de la política, reclamamos que el MERCOSUR aplique la normativa vigente recogida en el Protocolo de Ushuaia y suspenda a Venezuela en el bloque regional por la no existencia de condiciones democráticas.

Resulta inentendible que el gobierno uruguayo desconozca este estado de situación y pretenda interpretar que no estamos ante un fuerte deterioro de la democracia en ese país. Tampoco es compartible la estrategia de algunos de los otros socios del MERCOSUR que buscan mediante mecanismos oblicuos evitar que se produzca el traspaso.

Lo que se debería hacer es iniciar el proceso de suspensión de Venezuela, porque esa es la realidad y porque, además, una decisión de ese tipo sería una ayuda real para el pueblo venezolano en sulucha por la democracia.

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