El diputado Óscar de los Santos se preocupó esta semana por la situación de numerosos funcionarios que han estado trabajando durante años en empresas privadas y ahora pasarían a depender directamente de la OSE. Algunos de ellos, hace ya 25 años habían renunciado al ente estatal con motivo de la privatización de los servicios de agua y saneamiento, por lo que ahora se les presenta un problema al caducar los contratos de tercerización. La inquietud de De los Santos fue acompañada por la gran mayoría de los legisladores.
El legislador por Maldonado comenzó haciendo historia. “En febrero de 1993, durante el gobierno de la época, se concesionó el suministro de agua potable y la gestión de saneamiento de una vasta zona del departamento de Maldonado, al este del puente de La Barra, a la empresa Aguaclara, que luego devino en Aguas de la Costa S.A., por el plazo de veinticinco años. La zona privatizada incluía La Barra, El Tesoro, Manantiales, El Chorro y José Ignacio. Es de hacer notar que las tarifas aplicadas por esa empresa siempre estuvieron muy por encima de las de OSE en el resto del país. Esta situación se mantuvo durante muchos años, generando una clara injusticia tributaria”, recordó.
“En abril de 2011, OSE adquirió el 60% del paquete accionario de esta empresa y resolvió equiparar las tarifas de agua y saneamiento. Entre 2000 y 2005, también se privatizó el agua y la gestión del saneamiento en las ciudades de Maldonado, Punta del Este, Piriápolis, San Carlos y el resto del departamento de Maldonado, entregando la gestión a la empresa Uragua, de origen español, que, como contrapartida, debía realizar el saneamiento en las ciudades que he mencionado. Como estas obras nunca se realizaron, la ciudadanía promovió distintas movilizaciones en Maldonado hasta que, finalmente, se llegó a un plebiscito que se realizó en 2004, junto con las elecciones nacionales. En ese acto se ratificó la voluntad ciudadana de que el agua y el saneamiento fueran un bien público que solo pudiera ser gestionado por el Estado. El 31 de octubre de 2004 la voluntad de la ciudadanía fue ratificada en las urnas, a través de ese plebiscito”, indicó.

Surge la UGD
El diputado destacó que “en el año 2005, ya instalado el primer gobierno del Frente Amplio, al tiempo que se rescindía el contrato con la empresa española por flagrantes incumplimientos, se mantenía la concesión de Aguas de la Costa S.A. hasta el final del plazo, que vencerá el 1° de marzo de 2019. Por Ley Nº 17.902, de 23 de setiembre de 2005 -que solo contó con los votos del Frente Amplio en este Parlamento-, se creó la UGD (Unidad de Gestión Desconcentrada), una forma creativa de gestionar, con participación de OSE y de la Intendencia, que asumió la dirección de obras y la gestión hasta el día de hoy”, señaló.
Ahora, “ante el inminente vencimiento del contrato con Aguas de la Costa S.A.”, De los Santos dijo estar interesado “en la situación y el futuro de los trabajadores de ambos organismos. En la Unidad de Gestión Desconcentrada trabajan 152 personas y 27 en Aguas de la Costa S.A. Los trabajadores de la UGD se encuentran en una situación difusa, ya que no tienen el estatus de funcionario público, pero a la hora de contemplar sus derechos laborales tampoco son tratados como privados”, precisó.
“Esto genera, junto a una situación de injusticia, incertidumbre en el marco del derecho laboral nacional. Además, hay que considerar que alrededor de 50 trabajadores, que hoy pertenecen a la UGD, antes eran funcionarios de OSE que aceptaron cobrar incentivos para retirarse de la gestión pública. Por esa razón, a la hora de buscar soluciones habrá que hacerlo de forma particular. Lo mismo sucede con la incertidumbre que se comienza a generar con los trabajadores de Aguas de la Costa S.A.”, refirió.

Reuniones
“Nosotros consideramos que la redacción de una ley podría ser el camino más eficaz para resolver este asunto. Hemos propiciado reuniones con el sindicato de la UGD, nos hemos reunido con autoridades de OSE y con el Ministerio de Trabajo. También estamos contribuyendo para juntar a las partes, es decir, trabajadores, OSE y la Dinatra, para avanzar y lograr un acuerdo final que dé cierre a estos procesos de forma consensuada, a través de la negociación tripartita que se instaló con el gobierno del Frente Amplio, y se llegue a la legislación”, señaló.
“La bancada del Frente Amplio tiene reuniones previstas para buscar una solución. Está claro que la inversión en Maldonado fue hecha de forma creativa, es una de las más importantes que se haya hecho de una sola vez en la historia del departamento y ha permitido planificar el desarrollo. Recuperar para el Estado ese territorio fue una conquista ciudadana del plebiscito de 2004. Reconocer los derechos de los trabajadores es una obligación que debemos ser capaces de construir”, concluyó.
Finalmente, pidió que la versión taquigráfica de sus palabras fuera enviada al sindicato de la UGD; a FFOSE; a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes; a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y a OSE. Lo acompañaron 55 de los 59 diputados presentes.

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1 COMENTARIO

  1. podrías haber echo un proyecto de ley(subvencion)!!! que en vez de que una coneccion cueste $24000,cueste $6000 como en el resto del pais!! ahora lo que haces es politica barata,y seguro que algun proyecto tiraras para que tengan 24 meses de seguro de desempleo.
    Preocupese por el resto de ciudadano que hace meses que no consigue trabajo!!!

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