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Por Pablo Mieres

Esta semana la bancada del Frente Amplio, por unanimidad, votó un artículo adicional en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que elimina a las universidades privadas como beneficiarias de donaciones de empresas bajo la modalidad de exoneraciones tributarias.

Algunos de los legisladores dejaron la constancia de su postura contraria a esta disposición y, de hecho, la discusión se traslada ahora al Senado de la República. El Ministro de Economía, Danilo Astori, declaró que estaba en contra de esta medida y reivindicó que fue él quien impulsó esta propuesta durante el primer gobierno del Frente Amplio.

En efecto, en la ley que reguló la reforma tributaria se incorporó un sistema, muy frecuente en muchos países, por el que las empresas pueden direccionar una parte del monto que pagan por concepto de impuestos para donar fondos a determinados proyectos impulsados por diferentes organizaciones. Existe un listado taxativo de instituciones que pueden recibir estas donaciones.

Desde que el sistema se puso en marcha ha funcionado sin mayores problemas, entre las instituciones que pueden ser objeto de donaciones se encuentran las universidades, tanto las públicas (Universidad de la República y Universidad Tecnológica) como las privadas.

El Ministerio de Economía y Finanzas aprueba los proyectos presentados y monitorea su ejecución. Este mecanismo permite apoyar diferentes tipos de iniciativas cuyo destino, en el caso de las universidades privadas, se ha orientado hacia dos tipos de propuestas: (a) apoyo a becas de estudiantes de bajos ingresos y (b) proyectos de investigación aplicada o académica.

Si se estudia la distribución de fondos del último año (2015) se observará que, del total de las donaciones a las instituciones universitarias, las universidades públicas captan más recursos que el conjunto de las universidades privadas. Estas recibieron, en total, alrededor de un millón y medio de dólares.

Repentinamente, sin que existiera ningún planteo ni fundamento previo, se presentó una propuesta que elimina de la lista a las universidades privadas. Simplemente se les retira el beneficio, sin otro efecto que ese.

Porque la eliminación del beneficio a las universidades privadas no genera ningún efecto a favor de la Universidad de la República en la medida que no se modifica el monto total de las donaciones. Es decir, que lo que no le dan a las universidades privadas no se ahorra, se destinará a otras instituciones de un largo listado existente. Esto es importante porque el artículo propuesto se incluye en el marco de una discusión donde el objetivo era buscar fondos adicionales para la Universidad de la República, lo que no se logra para nada con la aprobación de esta medida.

Se trata simplemente de la expresión de un objetivo ideológico atávico y anacrónico, orientado a castigar o discriminar a las universidades privadas. El viejo trasfondo de la reivindicación del monopolio de la educación universitaria estatal resurge como un prejuicio cada vez menos fundado. A tal punto es anacrónico que sus principales impulsores ni siquiera se animan a explicitar que no quieren a las universidades privadas.

Es que no hay en el mundo más que unos pocos países con universidades de monopolio estatal y esos ejemplos no son precisamente muy edificantes.

Pretenden atribuir a las universidades privadas un carácter elitista que, como todos sabemos, es extensible, lamentablemente, a toda la educación universitaria por el magro porcentaje de jóvenes que ingresan a ese nivel de estudio. En efecto, la matrícula universitaria, pública y privada, exhibe un sesgo muy notorio por nivel socio-económico que, en todo caso, esta medida no hará otra cosa que aumentar.

Por otra parte, no ha habido ninguna evaluación que permita establecer algún grado de cuestionamiento al programa de proyectos con exoneración tributaria, nadie puede decir que el contenido de los proyectos aprobados sea malo o haya tenido una mala performance. Al revés, es un instrumento que permite desarrollar las actividades de investigación (muy importantes para cualquier universidad y para la sociedad) y permite el acceso de estudiantes de menores recursos a este nivel de enseñanza.

Ni un argumento positivo, sólo la intención de dañar a las instituciones universitarias privadas. Lo más triste es que toda la bancada del Frente Amplio votó esta disposición (aunque algunos hayan dejado constancia) aplicando su mayoría absoluta para una medida insólita, anacrónica y discriminatoria.

Lo más preocupante es la concepción que subyace detrás, es decir la desconfianza y rechazo hacia lo privado y la afirmación a modo de axioma ideológico absoluto de que lo estatal es preferible y superior a lo privado.

En pleno siglo XXI y cuando ya hace más de treinta años que hemos construido un sistema universitario con actores públicos y privados que ha sido positivo para todos, incluida la Universidad de la República a la que la competencia le ha hecho mucho bien, surge desde el túnel del tiempo esta propuesta prejuiciosa y arcaica.

No deja de ser muy decepcionante que en el Frente Amplio, que es el partido de gobierno, sigan predominando estas concepciones tan contradictorias con la evolución del mundo moderno.

 

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