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Mientras anoche se daba por descontado que el oficialismo tendría los 16 votos que necesitaba para expropiar dos padrones donde reasentar a los vecinos de los barrios Kennedy y El Placer, apenas unas horas antes, el director de Vivienda, Alejandro Lussich, y la directora de Jurídica municipal, Dra. Adriana Graziuso, aseguraron a FM Gente que las objeciones que se planteaban al proyecto eran “muy menores”. Por otra parte, ambos destacaron que las obras de construcción de las viviendas van a comenzar aunque se entable un juicio contra la IDM, porque en la órbita judicial lo único que se podrá discutir será el valor de los predios expropiados.

Aparentemente, la IDM piensa adquirir las 46 hectáreas de los dos padrones con 5 millones de dólares. Los propietarios de los predios estiman que esa es la cuarta parte del valor de la tierra. Dada la diferencia, se asegura que el reclamo judicial de los propietarios podría llegar a ser de hasta 100 millones de dólares.
Lussich dijo a la emisora que los propietarios alegan que los trámites se hicieron con “premura”, pero estimó que la apreciación obedece a “puntos de vista”. Para la comuna todo fue realizado con “la debida diligencia”, según lo acordado entre el Partido Nacional y el gobierno departamental. “Es un tema que lleva un proceso largo (…). Los períodos de gobierno son cortos. Si no empezamos a aplicar las acciones para solucionar el problema que aqueja a estos vecinos desde hace unos 50 años, evidentemente no podemos llegar a un buen término”, subrayó.

Compromisos
Por otra parte, el jerarca aseguró que, aunque los propietarios de los terrenos a expropiar digan que no hay ningún acuerdo, el Ministerio de Vivienda está al tanto de este plan, al igual que las máximas autoridades del gobierno. “Y nosotros no tenemos por qué dudar del compromiso que tiene el Ministerio para realojar los asentamientos en Maldonado: el Placer, el Kennedy… Vamos a trabajar en el san Antonio 4, como se está haciendo ahora, y en la medida de lo posible, en Los Eucaliptus”, señaló.
A todo esto, los propietarios e inversores de la zona del Jagüel que se consideran damnificados piensan recurrir la expropiación por considerarla ilegal y anunciaron que demandarán; no solo para reclamar un pago superior por las tierras, sino también por daños y perjuicios. “Los ediles están votando sabiendo de que está mal y conociendo la alternativa de los propietarios de que sea costo cero”, dijo el abogado Mauricio Fioroni al diario capitalino El Observador.
En una carta que enviaron esta semana a la Comisión de Hacienda de la Junta de Maldonado, los propietarios aseguraron que la expropiación “está viciada de nulidad”, ya que contraviene las normas de ordenamiento territorial de esa zona. Fioroni, uno de los abogados del estudio SPU abogados y que asesora a los propietarios y otros afectados, dijo que por la ley 18.308 y el plan de ordenamiento territorial para la calle Aparicio Saravia, aprobado durante la administración de Oscar de los Santos (2010-2015), la revisión debe hacerse por mecanismos específicos y contar con evaluaciones ambientales y de ordenamiento territorial. Por eso consideran que “está mal hecha desde el punto de vista legal”.
Por su lado, la doctora Graziuso explicó a FM Gente que, “por el contrario, ese terreno forma parte de lo que se llama ‘Paisaje de Maldonado Este’. En el propio plan del eje Aparicio Saravia dice que esta área debe ser consolidada, reestructurada urbanamente y equipada, para que constituya la nueva fase barrial homogénea de Maldonado. Y se refiere en artículos siguientes a toda la estrechura que está unida con Avenida Aiguá”, indicó. “El ‘barrio jardín’ está pensado y así se hará con este realojo”, agregó.
Por lo demás, dijo que “todo se ha hecho a conciencia, dentro de las normas legales. El inicio de acciones no se lo podemos impedir a nadie… El tema es que después tengan éxito. No lo tomamos como una amenaza, sino como realidades que se pueden dar… Pero eso no nos inhibe de seguir actuando, porque entendemos que estamos dentro de la legalidad”, señaló.
Asimismo, negó que no se vaya a poder comenzar los trabajos hasta que termine el juicio de expropiación y dijo que el pedido “de urgente posesión” habilita iniciar las obras. Explicó que el juicio de expropiación refiere únicamente a la indemnización o el precio.

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