SCJ ratificó sentencia que condenó al Poder Judicial por el procesamiento de un efectivo policial en 2011

La Suprema Corte de Justicia ratificó la sentencia de un juez de primera instancia que había condenado al Poder Judicial por el procesamiento de un efectivo policial que revistaba en la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Maldonado.
El caso fue iniciado por el abogado Alejandro Cerviño, asesor legal del policía José González Bentos, quien fue procesado junto a otros efectivos –incluido el director de investigaciones de la época César Alvez- por la comisión de un delito de contrabando. (Ver antecedentes en el recuadro).
Luego de anular la acción penal, los policías fueron imputados por un delito de contrabando de un vehículo que jamás fue incautado. Cerviño inició luego la demanda civil contra el propio Poder Judicial.
El juez letrado de primera instancia en lo contencioso administrativo de primer turno, Gabriel Ohanian, había condenado al Poder Judicial, el 18 de febrero de 2020, a resarcir al citado policía con 5.850 dólares por la promoción de la demanda, otros 60 mil pesos por lucro cesante pasado y otros 240 mil pesos por el procesamiento sufrido. Todos los montos deberían ajustarse por los mecanismos legales, esto es la ley 14.500.
Empero, el Tribunal de Apelaciones de 6º turno dejó sin efecto el fallo del juez Ohanian: “revócase la sentencia de primera instancia en todos sus términos, sin especial condenación en el grado”.

Recurso de casación
El abogado Cerviño interpuso un recurso de casación manifestando, bajo el título “consideraciones previas”, las irregularidades que a su juicio había cometido la jueza Adriana Graziuso quien, a pedido del entonces fiscal Luis Pacheco, procesó a los policías por el delito de contrabando.
“La primera de las citadas, obliga a reparar a los que han sufrido una pena privativa de libertad y la prisión domiciliaria es una pena privativa de libertad. No se establece en la norma una distinción entre pena privativa de libertad en la cárcel y pena privativa de libertad en el domicilio. Tanto la prisión carcelaria como la domiciliaria, son prisiones preventivas, a tal punto que el plazo de la prisión domiciliaria también se descuenta de la condena impuesta por sentencia definitiva. La libertad a medias no es libertad, es privación de libertad ambulatoria”, sostuvo Cerviño.
Por su parte, los abogados del Poder Judicial y los ministros del tribunal de sexto turno coincidieron en compartir la interpretación restrictiva que en puridad asimila “prisión preventiva” a “prisión en un establecimiento carcelario”.

A sorteo
Como se trató de una demanda contra la propia corporación, los ministros de la Suprema Corte de Justicia se excusaron de actuar en el reclamo del policía. Su lugar fue ocupado por ministros de los tribunales de segunda instancia sorteados a tales efectos.
El fallo de casación recuerda que el artículo 4 de la Ley No. 15.859 establece: “Quien haya sufrido prisión preventiva en un proceso penal sin haber sido en definitiva condenado a pena privativa de libertad por lo menos igual al lapso de prisión preventiva sufrida, tendrá derecho a recibir del Estado la indemnización en dinero de los prejuicios materiales y morales que dicha prisión preventiva o el exceso de ella, en su caso le hubiere causado”.
“En el caso en estudio, el punto de controversia se centra en determinar el alcance del concepto de prisión preventiva. Y para ello, debemos acudir a lo dispuesto por los arts. 15 a 17 de la Constitución, por corresponder a un criterio respetuoso y valorativo de la libertad ambulatoria, incluyendo dentro del instituto toda privación de la libertad decretada por un Magistrado con competencia penal, que tenga por finalidad asegurar el resultado final del proceso y no la aplicación de la pena” agregó.
““La prisión preventiva, en establecimiento carcelario, o en domicilio, según fue luego permitido por la legislación vigente, claramente conculca un derecho humano fundamental, cual es la libertad, y por ello es totalmente compartible lo señalado en primera instancia cuando se establece que: ‘por más benévolo que se pueda considerar el régimen de prisión domiciliaria, que en este caso se acordó al actor por su edad y problemas de salud, implica una afectación sustantiva al derecho fundamental a la libertad ambulatoria, art. 7 de la Constitución, que debe ser resarcido en los mismos términos que la reclusión en una cárcel y bajo el mismo régimen jurídico’”, señala el fallo.

Antecedentes
El policía José González Bentos, promovió la demanda por cobro de pesos (daño moral, patrimonial y lucro cesante), contra el Poder Judicial en virtud de haber sido injustamente procesado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, de Menores y Aduana de 2do. Turno de Maldonado con fecha 5 de mayo de 2011, por un delito de contrabando que alega nunca cometió. González fue sobreseído el 6 de abril de 2015. En dichos autos fue procesado bajo medida sustitutiva de arresto domiciliario por el lapso de 90 días. Fundó su solicitud de resarcimiento en el art. 24 de la Constitución, por el daño causado en ejecución de un servicio público.

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