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El Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) trabajarán de común acuerdo en el fortalecimiento de las medidas alternativas a la privación de libertad y en la mejora de las condiciones de las sanciones penales. Su directora, Gabriela Fulco, dijo que se debe trabajar en la prevención y en minimizar el impacto de la reclusión del joven en su familia.

El memorándum de entendimiento firmado entre el Sirpa y la representación del sistema de la ONU en Uruguay establece un marco de cooperación entre las partes para reducir la privación de libertad, mejorar las condiciones actuales del sistema de administración de sanciones penales y propiciar la conformación de una masa crítica de actores sociales e institucionales que favorezcan la información, generación de nuevos recursos comunitarios y programas alternativos.

El objetivo del acuerdo firmado es consolidar los artículos 37° y 40° de la Convención de los Derechos del Niño, que establece la privación de libertad como último recurso y durante el período más breve posible. Además prohíbe el ejercicio de torturas, tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes en niños y adolescentes en conflicto con la ley.

El objetivo final es promover la reintegración del adolescente para que asuma una función constructiva en la sociedad.

Fulco recordó que al asumir el cargo se comprometió a bregar por la modernización del Sistema, con respeto por los derechos humanos de los adolescentes que se encuentren recluidos y de los que cumplen medidas alternativas, en consonancia con la normativa nacional e internacional vigente. “Imaginamos un nuevo escenario donde las medidas no privativas de libertad sean la norma y la institucionalización la excepción”, dijo Fulco.

Antes y después

“Es impensable que las respuestas o soluciones de esta realidad queden restringidas a la capacidad y recursos de una sola institución, en tanto hubo un antes de la reclusión, un durante y habrá un después”, afirmó.

En ese sentido, resaltó la necesidad de trabajar en la detección temprana mediante la identificación de factores de riesgo para minimizar el número de niños, niñas y adolescentes que “desembocan en las puertas del control social institucional”.

También reflexionó sobre la necesidad de profundizar tanto los estudios sobre el daño emocional que sufren los jóvenes como en revisar continuamente los modelos de tratamiento y prácticas.

Explicó que cuando ese deterioro contravenga el fin último de la pena, se promoverá la sustitución de la medida privativa de libertad. También se deberá tener presente el impacto sobre la familia de la víctima secundaria del delito, los hermanos menores, el estigma social, la sobrecarga económica y emocional “de cuyas consecuencias poco se ha estudiado”, lamentó.

“Es así que necesitamos transitar juntos para mejorar las políticas transversales públicas-públicas y públicas-privadas, mejorar la articulación, generar alianzas e intercambiar conocimiento con otros actores nacionales e internacionales”, finalizó.

Otro modelo

Por su parte, Denise Cook, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Uruguay,  destacó el compromiso por avanzar hacia un nuevo modelo de atención para los jóvenes y adolescentes que sea afín a las recomendaciones de organismos internacionales.

Recordó que el Relator especial de la ONU contra la tortura recomendó a Uruguay evitar el encarcelamiento o prisión de niños, niñas y adolescentes y adecuar los centros existentes a los estándares internacionales.

Resaltó que el documento firmado en la ocasión permitirá definir acciones concretas que podrán dar lugar a acuerdos específicos a los que podrán sumarse otras instituciones que sean requeridas para aportar al logro de las metas establecidas.

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