Un estudio capitalino de abogados afirmó haber recibido varias consultas de empresas, en razón de que recibieron “una notificación de una compañía (privada) llamada ‘Tributos del Uruguay SRL’”, que pretende cobrarles tributos por la colocación de cartelería. Esos tributos están estipulados en una “ordenanza de carteles” o decreto comunal del año 1988 que lleva el número 3.595 y también regula la cartelería de publicidad política.
El estudio jurídico señaló que la notificación que reciben las empresas “prácticamente no dice nada. Pero sí incluye una planilla con información que detallaría la ubicación y dimensiones de carteles publicitarios en la vía pública. ¿Para qué? Para luego pretender el cobro, por la Intendencia de Maldonado, de un ‘tributo por cartelería’”.
“Lo primero que llama poderosamente la atención es que estas notificaciones se están realizando a quienes son los titulares de la marca publicitada, cuando claramente la normativa establece que dicho Tributo debe pagarlo el propietario del inmueble en el que está colocado/instalado el cartel. Es como si un almacén en Punta del Este tuviera un cartel de Coca Cola y la Intendencia pretendiera cobrarle el Tributo a Montevideo Refrescos, cuando –según la normativa departamental– debería cobrarle al propietario del almacén”, dijo el estudio. “El valor del Tributo en sí no sería demasiado alto (dicho valor –en realidad– depende de la zona en el que esté colocado el cartel y la superficie del mismo; en algunas zonas, la Tasa puede alcanzar un monto de 23.000 pesos por metro cuadrado). Pero multiplicado ese valor por la cantidad de carteles en todo el Departamento, puede resultar en un monto bastante importante. Por ejemplo en el caso de una de las empresas que nos consultaron, la cantidad de carteles superaba los 1.300”, agregó.

El propietario
El Artículo 32 del Decreto N° 3595 de la Junta Departamental de Maldonado, “claramente establece que el responsable del pago del Tributo es el ‘propietario del padrón’ donde está instalado el aviso”, explicó el estudio. “El Tributo grava la colocación/instalación de avisos de publicidad o propaganda. El sujeto pasivo de dicho Tributo es el propietario del inmueble en donde se coloca el aviso. Y ello es así independientemente de quién haya solicitado (ante la Intendencia) el permiso exigido para su instalación”, indicó.
El mencionado Artículo 32 y el anterior Artículo 31 (del Decreto) establecen que antes de “la colocación de cualquier tipo de aviso, deberá gestionarse ante la Intendencia de Maldonado el permiso, así como abonar las tasas anuales correspondientes”, y “la solicitud de instalación de avisos será formulada por los agentes de publicidad, las casas instaladoras de avisos de propaganda o las firmas o instituciones beneficiarias de la propaganda, siendo en todos los casos el propietario del padrón donde se coloca el aviso, el responsable de la estabilidad del mismo, pago de la tasa…”, aclaró. “En consecuencia, el único responsable del pago del Tributo es el propietario del correspondiente inmueble en el que estuviere colocado/instalado el aviso. Pero además de ello, y probablemente más importante, también llama la atención que el relevamiento de la cartelería realizado por la empresa (privada) Tributos del Uruguay SRL (…) no cumple con las más mínimas garantías que deberían ofrecerse a los contribuyentes en el marco de una inspección”, agregó.

Relevamiento
El estudio aseguró que esa SRL “habría realizado un relevamiento de la cartelería publicitaria existente en todo el Departamento de Maldonado, y lo habría hecho con un fin tributario (a saber, procurar luego el cobro de la Tasa). En otras palabras, la SRL llevó adelante una ‘inspección tributaria’ (entre comillas, pues sería algo bastante sui generis: una fiscalización tributaria es –en esencia– un procedimiento administrativo, pero en este caso, en lugar de ser realizada por la Administración Pública, habría sido realizada por un privado). Y lo hizo sin informar a las empresas fiscalizadas, y más importante aún sin permitirles participar de las actuaciones que formaron parte de dicha inspección.
“Toda fiscalización tributaria, como procedimiento administrativo que es, lleva implícita la obligación de las personas encargadas de realizar dicha fiscalización (en este caso, los trabajadores de la SRL) de identificarse e informar al contribuyente de que procederán a iniciar una inspección. La SRL nunca lo hizo, es decir, nunca informó a las empresas que éstas iban a ser inspeccionadas. Asimismo, toda inspección tributaria lleva también implícito el derecho del contribuyente a controlar la prueba producida en ella. El contribuyente debe tener la posibilidad de estar presente durante dichas actuaciones, de manera de poder conocer la realidad de los hechos y formular sus observaciones con inmediatez (todo ello de conformidad con el principio del debido proceso)”, explicó.
Por otra parte, el estudio recordó que la propia normativa departamental de Maldonado, recoge ese principio y establece que “las partes tienen derecho a controlar la producción de la prueba; a tal efecto, la Administración les comunicará con antelación suficiente el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba y les hará saber que podrán concurrir asistidos por técnicos.”
“Este artículo (del Digesto Departamental) y, en consecuencia, el principio del debido proceso ha sido incumplido, pues la SRL ha confeccionado ‘actas de constatación’ (también entre comillas, pues las planillas notificadas por ella –en realidad– no fueron elaboradas ni por un funcionario público ni por un escribano público, por lo que carecen de valor probatorio) sin permitir a las empresas fiscalizadas controlar la exactitud del relevamiento contenido en ellas”.
Además, en la notificación, “la SRL otorga un plazo de 10 días para que la empresa notificada formule observaciones ante la Intendencia. Naturalmente comprenderán que, en el ejemplo antes mencionado, es materialmente imposible que en un plazo de apenas 10 días, una empresa controle/verifique si 1.300 carteles desperdigados por todo un Departamento (que ni siquiera fueron colocados por la empresa notificada, sino por los comercios) existen o no, y cuáles son sus dimensiones”.
El estudio recodó que en el Art.32º) se afirma que “la solicitud de instalación de avisos será formulada por los agentes de publicidad, las casas instaladoras de avisos de propaganda o las firmas o instituciones beneficiarias de la propaganda, siendo en todos los casos el propietario del padrón donde se coloca el aviso, el responsable de la estabilidad del mismo, pago de tasa, multas o gastos generados por demolición y retiro de avisos en infracción”.


Lo que dijo la Intendencia

En el mes de febrero los comerciantes se quejaron por la aplicación de esta tasa, y el director de Hacienda mantuvo una reunión para evacuar sus dudas. Durante la misma el jerarca explicó que “quedó claro que se trata de un recurso constitucional, que se encuentra al amparo de una ordenanza municipal creada de 1988, concretamente en el decreto 3595”. Lo que se hizo ahora fue readecuar los costos que se trasladan a las empresas que publicitan sus productos, pero “bajándolos a un precio sensiblemente menor, que se adecua a la realidad de nuestro departamento en la actualidad”. Indicó.
Además, destacó que ese control fue cedido a la empresa Tributos del Uruguay S.R.L., que ganó una licitación abreviada que se realizó el año pasado. Esta empresa presta los mismos servicios en otros departamentos del país, “en algunos desde hace más de cinco años”, indicó.
Pereira también señaló que esto no afecta al pequeño comerciante y empresario de Maldonado, “por cuanto el hecho generador surge de la publicidad que realizan las grandes marcas”. El cartel que identifica a cada comercio no está gravado, sino las marcas que lo acompañan, explicó. “Tampoco se trata de un nuevo impuesto o de una tasa, como se anunciaba en un matutino de circulación nacional. Es un precio y no se estaba cobrando. Está vigente e incluso podríamos ir hasta cuatro años para atrás. No es eso lo que estamos haciendo y lo dejamos muy claro” en la reunión, porque eso sería “desproporcionado y perjudicial”, aseguró.