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Por Pablo Mieres

Se suspendió el clásico del fútbol uruguayo después de una sucesión de episodios que denotan una enorme gravedad y, sobre todo, un enorme vacío de poder. Una enorme crisis de autoridad.

Pierden los ciudadanos, pierde el país, pierde el fútbol; el espectáculo público más importante de nuestro país termina con una situación de completo desastre. Es el paso final de un horrendo proceso de deterioro, del que sólo ganan los violentos, los delincuentes, los que se han apropiado del espacio más popular del país.

Ciertamente hay responsabilidades múltiples. Entre ellas y particularmente la responsabilidad de los dirigentes del fútbol que, en muchos casos aunque no todos, han transado y protegido a los “barrabravas”; les han dado espacio, incluso ha habido quienes fomentaron su creciente influencia. Les regalan entradas, los defienden, les tienen miedo, sufren amenazas, miran para otro lado, no se animan a denunciarlos. Sin duda, son numerosos los dirigentes que han contribuido a la catástrofe de nuestro fútbol.

Pero, en este caso, lo que nos interesa señalar es la responsabilidad de las autoridades públicas. Y en ese campo es evidente la claudicación del Ministerio del Interior. Las señales desde el gobierno no pudieron ser más equivocadas.

Hace unos años, desde el Ministerio del Interior, se promovió que los dirigentes de los clubes resolvieran su seguridad pactando con los violentos, con los jefes de las barras bravas. Se cruzó la línea, se indicó que las autoridades de los clubes negociaran y acordaran con los que violan las normas. Insólito, inaceptable e indignante.

Luego sostuvieron la insólita tesis de que al Ministerio del Interior no le correspondía controlar el orden público dentro de las canchas. Una afirmación que se contradice directamente con la obligación que la Constitución y las leyes le atribuyen al gobierno nacional, que consiste en garantizar el orden público en todo el territorio nacional. Otra nueva decisión insólita, inaceptable e indignante. Se ha pretendido negar la naturaleza de espectáculo público que poseen los partidos de fútbol, se ha querido interpretar que se trata de un espectáculo privado y, por tanto, ajeno a la responsabilidad del gobierno.

Tan ridícula es la tesis de que no es parte de su competencia controlar el orden público en las canchas, que la suspensión del partido clásico del pasado domingo fue decidida por el Director Nacional de Policía, el mismo que ha sostenido desde hace tiempo que los partidos de fútbol son espectáculos privados en los que la policía sólo debe garantizar el orden fuera del estadio.

Se dijeron muchas cosas muy graves en estos días.

Se llegó a sostener que la policía no tenía capacidad para controlar a las “barrabravas”. Ese era el peor mensaje que se podía enviar. Ante esta afirmación, lo único que se puede esperar es que los “barrabravas” se sientan ganadores, se les dice que pueden más que la policía. Se les reconoce un poderío a los delincuentes que es inaceptable en un Estado de Derecho.

Las autoridades del Ministerio del Interior han “bajado los brazos”. Buscaron sacarse la responsabilidad de encima una y otra vez, como si la problemática de la violencia en el deporte y la delincuencia que se genera en ese campo de actividad no fuera su directa responsabilidad propia. Lo que ocurrió el domingo es, entre otras cosas, el lamentable desenlace de los mensajes emitidos desde la autoridad pública.

El Ministerio del Interior ha desertado de sus responsabilidades. Sin embargo, nadie se va. Todos se quedan en sus cargos, como si nada hubiera pasado. El gobierno sigue manteniendo a todos sus jerarcas con total independencia del éxito o fracaso de sus respectivas gestiones.

Hemos tocado fondo, se siente una gran crisis de autoridad. Cada uno sabrá qué responsabilidad le corresponde. En lo que nos toca, mantenemos la total disposición a ayudar y colaborar en la búsqueda de los acuerdos que permitan revertir esta situación. No es fácil, pero es ciertamente posible cambiar la realidad y extirpar definitivamente la violencia del deporte.

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