“Tránsito e infracciones”; por José L. Rapetti Tassano

Las dificultades que se aprecian en ciudades y rutas con el tránsito, ha llevado a extremar precauciones a efectos de salvaguardar bienes y especialmente vidas humanas. También las autoridades se ocupan de ordenar racionalmente en la trama urbana las condiciones adecuadas para diferentes zonas, como de comercios de distintos ramos, las de residencias y otras.
El aumento casi explosivo de la cantidad de automotores y motos de estos últimos tiempos, hizo que las calles de la ciudades se desborden de automóviles circulando o estacionados en las vías públicas. Se provoca entonces toda clase problemas, pero uno de ellos es el de las infracciones en ocasión del tránsito y los vehículos estacionados en calles y avenidas.

LAS INFRACCIONES.
En estos casos las infracciones son violaciones a las normas de carácter administrativa que dictan los Gobiernos Departamentales en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. Esas violaciones a las normas de tránsito se producen por acción u omisión de una persona física que son quienes tienen conciencia y voluntad para actuar.
Se aplica el principio de legalidad o sea que para que haya infracción y la correspondiente sanción, debe estar previsto por una norma legal, que en los Departamentos debe ser un Decreto Departamental. Esas normas tienen una descripción de la conducta que un sujeto de derecho tiene y que viola ese precepto legal; además contienen la sanción correspondiente. En consecuencia para considerar una conducta humana como infracción, debe estar consignada en una norma legal, que en este caso es de carácter departamental y que tienen contenido de ley para el ámbito territorial de cada Departamento. Se trata de normas punitivas con semejanzas en su estructura a las normas del Derecho Penal, pero los órganos públicos que las administran no son los del Poder Judicial, sino directamente los propios Gobiernos Departamentales.

DETERMINACIÓN Y CALIFICACIÓN
DE LA INFRACCIÓN.
Aquí podemos señalar lo que consideramos puede perfeccionarse en las Intendencias y es que las sanciones sean aplicadas por quienes tienen un conocimiento técnico y una posición jerárquica más especializada dentro de la Administración Municipal. Actualmente esa tarea la cumplen los Inspectores de Tránsito, quea nuestro juicio no corresponde.

Cuando una persona comete una infracción el funcionario Inspector actuante es quien hace esa calificación; para ello emplea una boleta impresa que el mismo funcionario llena y a la vez establece que artículos de tal o cual norma se ha infringido. Juzgar aquí el hecho, es encuadrar la conducta de un individuo en el tipo de la norma, o sea en la descripción de una conducta considerada ilícita por el legislador y disponer la aplicación de una sanción o de lo contrario absolverlo; esa función requiere un conocimiento, una formación jurídica tal como ocurre en el ámbito judicial. Lo que obviamente significa una mayor garantía para los ciudadanos como corresponde en el sistema republicano democrático.
Cuando se realiza esa actuación, generalmente es un momento muy tenso, especialmente para el automovilista o motociclista infractor; en esa persona inciden varios factores emocionales, pérdida de su tiempo, intento de justificarse, negar la argumentación del Inspector entre otras. Lamentablemente muchas veces esa tensión se extrema al punto de llegar a expresiones y actos violentos que agravan el hecho. En la Intendencia de Maldonado existe una Comisión de Multas cuyo cometido es entender y resolver aquellos reclamos que los administrados hayan formulado. O sea que no toma conocimiento en todos los casos, sino en aquellos que se reclamen. En una apreciación que tenemos de una mejor y justa calificación y resolución de las infracciones de tránsito, creemos que debería tener una composición exclusivamente técnica desde el punto de vista jurídico. En un plano comparativo sería como si el policía que atrapa a un ladrón, fuera quien luego le aplique la sanción por su exclusiva cuenta.

EL CONOCIMIENTO
DEL INFRACTOR.
Generalmente el infractor conoce en el momento su infracción y ocurre cuando es sorprendido infraganti por el funcionario Inspector o controlador; en ese acto el funcionario redacta en un formulario sus apreciaciones que es lo que comúnmente se llama “hacerle la boleta”. Con razón o sin ella el infractor acepte o no firmar el documento, toma conocimiento de su infracción y resolverá su actitud posterior. Pero el caso verdaderamente injusto e inaceptable es cuando el presunto infractor no toma conocimiento de la infracción y de la sanción que le acarrea la misma. Ha sido frecuente esa práctica de los controladores con sus Boletas llamadas corrientemente “al boleo”, cuando un vehículo es sorprendido en una infracción en plena circulación y no es detenido. ¿Qué sucede cuando un presunto infractor no tiene conocimiento que ha sido sancionado, recayéndole generalmente una multa? La administración le carga el monto de la sanción pecuniaria para hacerla efectiva junto con el Impuesto de Patente de Rodados. Pero este Impuesto es anual, por consiguiente el presunto infractor no ha tenido oportunidad racionalmente rápida de ejercer un reclamo. El individuo está además sujeto en ese adeudo desconocido a otras trabas administrativas tales como que le nieguen la renovación de la licencia de conducir. De hecho hay una limitación injusta del derecho a defenderse de un ciudadano, pues apremiado por la necesidad de terminar otros trámites relacionados con vehículos, se dispondrá a pagar cuando de pronto podría haber tenido oportunidad de demostrar que esa infracción que se le imputa no la cometió. Inclusive el hecho calificado por el funcionario controlador podía no ajustarse a la realidad ni se correspondía con el artículo que se expresó en la Boleta.

LA DESIGUALDAD JURÍDICA.
RADARES Y CÁMARAS.
La tecnología ha traído otra forma de constatar infracciones en el tránsito y son los radares y las cámaras que toman las imágenes. Seguramente este es un adelanto en términos generales, pero ya se ha sabido de quejas por sanciones que se aplican cuando no está claramente identificado el vehículo, cosa que puede ocurrir por diversos motivos técnicos u otros. También en estos casos el ciudadano se entera muchos meses después de la sanción.

¿Y QUÉ PASA CON LOS VEHÍCULOS DE MATRÍCULA EXTRANJERA?
Por ahora no hay nada seguro que los conductores de estos vehículos puedan ser sancionados por más que los capten las cámaras. Esas infracciones de tránsito captadas por cámaras y radares fijos o móviles, a nuestro juicio no pueden tener la consecuencia jurídica de una sanción, puesto que actualmente no existe ningún procedimiento que asegure que los vehículos de chapa matrícula extranjera puedan ser sometidos a sanciones al igual que los vehículos de matrícula uruguaya.
¿Existe probadamente un procedimiento eficaz, seguro de aplicar sanciones a infractores con matrícula extranjera? No que esté explicado y demostrado. El fundamento jurídico de esa imposibilidad de poner aún en práctica ese procedimiento de sancionar infracciones captadas por cámaras fijas o móviles, es precisamente el artículo ocho de la Constitución de la República. Ante un mismo hecho ilícito, es posible sancionar a unos sujetos de derecho y a otros no.

UN AVANCE ES LA LICENCIA
DE CONDUCIR POR PUNTOS.
Se acuerda por los Intendentes llegar a asignar puntuación en las licencias de conducir. Parece ser una buena propuesta de los Intendentes Departamentales. Es claro que para ello, para ser justo en esa asignación de puntos, las infracciones previstas para todos, tienen que tener la seguridad de un procedimiento, de la calificación y una resolución adoptada en cada caso de conformidad a las normas jurídicas. Por eso debemos esperar a tener toda la seguridad en las normas que se estudian.
Los Gobiernos Departamentales son quienes tienen Las atribuciones en materia de tránsito en sus jurisdicciones. Ellas emanan de la Constitución de la República, por lo tanto no hay norma que esté por encima de esa atribución y la deben ejercer soberanamente. Las leyes nacionales en esta materia pueden aplicarse a las jurisdicciones nacionales como las Rutas y oros lugares, pero no prevalecen por sobre las normas departamentales en sus jurisdicciones.