El director de Hacienda de la Intendencia de Maldonado, Luis Eduardo Pereira, dijo este miércoles a FM Gente que la reunión que mantuvo el martes de noche con empresarios y comerciantes para explicar por qué se realizan controles a la cartelería comercial en la vía pública “fue bastante esclarecedora”. A su juicio, “se pudo pasar en limpio el fondo de esta materia que se está planteando”.
Pereira dijo que “quedó claro que se trata de un recurso constitucional, que se encuentra al amparo de una ordenanza municipal creada de 1988, concretamente en el decreto 3595”. Lo que se hizo ahora fue readecuar los costos que se trasladan a las empresas que publicitan sus productos, pero “bajándolos a un precio sensiblemente menor, que se adecua a la realidad de nuestro departamento en la actualidad”. Indicó.
Además, destacó que ese control fue cedido a la empresa Tributos del Uruguay S.R.L., que ganó una licitación abreviada que se realizó el año pasado. Esta empresa presta los mismos servicios en otros departamentos del país, “en algunos desde hace más de cinco años”, indicó.
Pereira también señaló que esto no afecta al pequeño comerciante y empresario de Maldonado, “por cuanto el hecho generador surge de la publicidad que realizan las grandes marcas”. El cartel que identifica a cada comercio no está gravado, sino las marcas que lo acompañan, explicó. “Tampoco se trata de un nuevo impuesto o de una tasa, como se anunciaba en un matutino de circulación nacional. Es un precio y no se estaba cobrando. Está vigente e incluso podríamos ir hasta cuatro años para atrás. No es eso lo que estamos haciendo y lo dejamos muy claro” en la reunión, porque eso sería “desproporcionado y perjudicial”, aseguró.


Recursos
“Estamos controlando y cobrando con los precios a la baja. Y eso, a través de un mandato constitucional”, dijo el jerarca. “Esto nos permite acceder a ciertos recursos con los que también damos cumpliendo a las innumerables demandas de los vecinos de Maldonado. Son recursos que se van del departamento si no los reivindicamos”, señaló.
Pereira dijo, además, que en la reunión se anunció que se creará un mecanismo para “aventar dudas” y reglamentar “estas medidas, que vienen de larga data”, pero que “simplemente, no se estaban cumpliendo”.
Además, indicó que el relevamiento se realiza porque se paga en función del mantenimiento de la cartelería y porque se trata de ordenar y preservar a la ciudad de la contaminación visual. “La fotos que se sacaron, y que en algún caso generaron preocupación, no son para aplicarle un impuesto a ese comercio. Sólo se trata de la georreferenciación”, tal como hace UTE con las luminarias. “Es la forma de garantizar al que se pretende cobrar de que ese anuncio, efectivamente, está colocado en tal lugar”, destacó.
Ademas, aseveró que la tarea de fiscalizar no tiene costos para la IDM. “El privado asume el 100% de los riegos. Si cobra, a la IDM le entran los fondos. La empresa, que fue la única que ofertó, se lleva al 39% de lo recaudado. De todos modos, es sobre un 100% que no se percibe, Y la empresa tiene que pagar a su personal, los seguros, al BPS y hacer el relevamiento en forma permanente del estado de situación de la publicidad”.
Las grandes empresas “van a pagar menos que en Montevideo y Canelones, pero van a pagar. Creo que es de justicia para seguir cumpliendo con los reclamos de la ciudadanía”, agregó.

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