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Por Ricardo Puglia

En mi columna anterior mencioné que para controlar la inflación que produce el propio gobierno por su excesivo gasto público en relación a los ingresos que recauda ha elegido como anclaje “el tipo de cambio”, es decir la cotización del dólar de EEUU. Vemos hoy al Banco Central del Uruguay (BCU) en cotidianas intervenciones en el mercado de cambios, sea vendiendo reservas, esterilizando moneda nacional a través del pago de altos intereses que paga por las Letras de Regulación Monetaria,o aumentando los encajes bancarios que encaren el precio del dinero o imprimiendo nuevos billetes que pone en circulación para el pago del gasto estatal.

El BCU tiene entre otras finalidades, la estabilidad de precios de la economía para que contribuyana los objetivos de crecimiento y empleo establecidos en el Presupuesto Quinquenal. Si la inflación está por encima del objetivo la política monetaria actúa contrayendo o restringiendo el gasto privado en los mercados de bienes y servicios.

Sin embargo, rara vez desde el 2005, los gobiernos de la coalición restringieron el cósmico gasto público impuesto por ellos mismos con sus mayorías parlamentarias. O sea, el Estado de izquierda gasta a su antojo, pero a la hora que la inflación crece por encima del rango meta invade la “libertad” del sector privado en los mercados de bienes y servicios restringiendo sus gastos o inversiones a través de elevadas tasas de interés provocadas por el retiro del dinero en circulación.

Si partimos de la base que para el pago del gasto público el Estado recurre a la emisión de dinero sin respaldo genuino, y ello provoca inflación estatal, el anclaje de la economía debería ser “el real ingreso fiscal recaudado en un período de un año” y no la cotización del dólar americano.

De este modo evitaríamos que el Estado sea un “proveedor de inflación pública” y lo obligaríamos a respetar y administrar los recursos públicos en forma eficiente y adecuada a la actividad económica. Esto es, si entran cien pesos sólo pueden salir cien pesos.

En la medida que la actividad económica crezca, los ingresos públicos se verán automáticamente incrementados y si se reduce disminuirán. La verdadera función de un Ministro de Economía y un Presidente del Banco Central es crear las condiciones económicas para que la economía crezca de acuerdo con los recursos disponibles en el país(tierras, máquinas, equipos, mano de obra, etc.) para procurar el bienestar de sus ciudadanos y su crecimiento a través de la permanente generación de riqueza nacional con el complemento de una política comercial internacional abierta al mundo.

La batería de instrumentos monetarios y administrativos conocidos y praticados hasta hoy han llevado al “fracaso permanente” de la administración de las finanzas públicas y cuando los ciclos económicos han cambiado los “ajustes fiscales” fueron siempre la respuesta, al igual que hoy con nuevos impuestos, ajustes de tarifas públicas, etc. El único perjudicado es el trabajador.

Por otra parte, observamos que si bien el país mantiene el “grado inversor” de acuerdo con los criterios de las calificadoras de crédito internacionales, los mayores flujos de dinero recibidos han sido para obtener fondos del mercado internacional para financiar los excesos del gasto público pagando tasas de interés por encima de los países de bajo riesgo.

No obstante, se trata de un mercado financiero internacional ávido en maximizar sus ganancias (intereses) con el escudo del“grado inversor” que evita en sus países centro realizar altas provisiones. De hecho, el riesgo país en la práctica, no es más que un riesgo financiero de incumplimiento a cualquier emisión de papeles públicos.

Ese riesgo país se atenúa cuando una empresa nacional o internacional se desea establecer. Priman otros criterios como la posibilidad de obtener una adecuada rentabilidad de la inversión real implantada en el país. Ejemplificando, diremos que a pesar que Brasil ha perdido el grado inversor, ninguna empresa nacional o extranjera se ha retirado del mercado. Por el contrario, día a día surgen nuevas oportunidades de buenos negocios con una altatasa de reinversión propia.

Las emisiones de papeles públicos como los Bonos del Tesoro, Globales, Promissory Notes, etc., que tanta alegría produce al equipo económico endeudando a las actuales y próximas generaciones han pasado de 23.000 millones de dólares a cerca de 60.000 millones desde 2005 hasta 2015 incrementando la factura de intereses con perspectivas de más aumento si suben las tasas.

Por lo tanto, el segundo anclaje que se debería establecerse es que las nuevas emisiones de papeles públicos solamente puedan efectuarse para el financiamiento de las inversiones públicas necesarias como carreteras, puentes, mejoramiento, ferrocarriles, acondicionamiento de empresas públicas que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de los uruguayos, sea a través de menores tarifas, sea a través de la entrega de mejores productos y servicios.

El endeudamiento para situaciones de desequilibrios de la balanza de pagos lo debe proporcionar el Fondo Monetario Internacional mientras que el financiamiento interno se tiene que realizar a través de Letras de Tesorería esporádicamente a un plazo no mayor a un año.

Si estos anclajes se efectuaran, el dólar flotaría libremente interviniendo el BCU sólo como contralor de situaciones especulativas y se eliminaría al Estado como proveedor de inflación.

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